CUERNAVACA, Mor., 25de enero.- Los coordinadores de las fracciones parlamentarias resolvieron  ampliar tres meses más el dictamen de la solicitud de juicio político contra el gobernador Graco Ramírez al considerar que primero debe concluir la auditoria especial al crédito por 2 mil 800 millones de pesos.

La determinación de los diputados coordinadores de las fracciones que integran la Junta Política y de Gobierno (JPyG), fue con el argumento de que precisamente una de las acusaciones que hace la organización demandante del juicio es que el gobernador perredista desvió los recursos del crédito autorizado por el Poder Legislativo.

La presidenta de la JPyG, la diputa del PRD Hortencia Figueroa Peralta, informó que esta resolución se debe a que en la solicitud de juicio presentada el pasado mes de noviembre, se acusa desvíos de recursos pero sin acompañarla con ninguna prueba fehaciente. Por eso, explico, es necesario  determinar si es procedente la denuncia con pruebas documentales.

La Entidad Superior de Fiscalización y Auditoria (ESAF), informó a los legisladores que integran la JPyG por medio de su titular Vicente Loredo que, la auditoria al crédito ordenada por la pasada legislatura se realizo parcialmente y se comprometió que sería en dos o tres meses cuando la concluya. Parcialmente dijo que se realizaron observaciones al gobierno estatal.

Sin embargo, la titular de la Secretaria de Hacienda Adriana flores Garza aseguró que las observaciones fueron atendidas en tiempo y forma.

Este lunes el grupo parlamentario del PAN en el Congreso fijó su postura en relación al tema. El Coordinador de los panistas Carlos Alanís,  dijo que la solicitud de juicio reúne los requisitos de ley por lo que debe ser admitida para que se abra el procedimiento en su contra.

En conferencia de prensa, el diputado acompañado de su  dirigente estatal Juan Carlos Martínez Terrazas, afirmó que los diputados de su partido en el Poder Legislativo, han hecho ya un estudio minucioso de la solicitud de juicio interpuesta por la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC).

“La denuncia de juicio reúne los requisitos del articulo cuarto de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Público y el articulo 134 de la Constitución Política del Estado de Morelos”, afirmó.

El dirigente del PAN dijo que la admisión de la demanda, “no implica que tenga responsabilidad porque es en el procedimiento mismo donde tendrán que presentar pruebas. Agotado el procedimiento el órgano político analizará las pruebas”.

Y aclaró que el procedimiento puede concluir o no en la destitución del cargo del gobernador pero dependerá de la decisión  que tome la comisión de Gobernación y Gran Jurado.