El lunes cinco de junio amanecerá con el arranque no oficial, pero sí de facto, del proceso de sucesión a la presidencia de la República, en un evidente ambiente de precampaña adelantada, que todavía verá muchos cambios y evoluciones…
Por Carlos Tercero
El próximo domingo, con el cierre de casillas de las elecciones a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, donde de no suceder nada extraordinario, veremos la debacle final del Grupo Atlacomulco y, el convertirse a la tierra de Venustiano Carranza, en el bastión y último reducto del PRI a nivel nacional, entendible por la sagacidad y destacada capacidad estratégica de uno de los nietos del General Eulalio Gutiérrez, (coahuilense ilustre, precursor de la Revolución Mexicana y expresidente de México) quien, desde donde esté, seguro estará orgulloso de su heredero.
Así, el lunes cinco de junio amanecerá con el arranque no oficial, pero sí de facto, del proceso de sucesión a la presidencia de la República, en un evidente ambiente de precampaña adelantada, que todavía verá muchos cambios y evoluciones, pero ya con rasgos que van delineando el rumbo al veinticuatro, y en lo que, contrario al fortalecimiento y desarrollo democrático nacional, hasta este momento la oposición por ineficiencia o por conveniencia, sigue sin lograr constituirse como opción, mucho menos como contrincante para el partido en el gobierno, cediendo el escenario y la agenda política que se sujetan al tema de la selección del candidato o candidata de Morena, a quienes coloquialmente hoy se les refiere como “corcholatas”, término poco afín por cierto, al ejercicio democrático del poder, pues en apego a su analogía, su momento trascendente depende de un “destapador”.
En este escenario, Morena, como fuerza política dominante, se prepara para dar continuidad a su proyecto de transformación nacional, acotado por el método de encuesta para definir al sucesor del Ejecutivo Federal, lo que hace obligado analizar dicho proceso, pues los cuestionamientos naturales del procedimiento se incrementan ante la desconfianza que ha detonado el actuar de su dirigencia en la aplicación y resultados de dicho método en la selección previa de candidatos a las gubernaturas de los estados.
Si bien la encuesta es un método estadístico de investigación social que se basa en la recolección de datos a través de preguntas directas a un grupo de personas seleccionado al azar, en el caso de Morena, se trata de encuestas realizadas por empresas especializadas, que se enfocan en medir el nivel de conocimiento y atributos de los posibles candidatos dentro de la población correspondiente y que permite seleccionar a los candidatos que tienen mayores posibilidades de ganar las elecciones, ya que se basa en la opinión de los ciudadanos; es un método rápido y económico en comparación con otros métodos, como la votación universal o las convenciones partidarias y además, permite medir la popularidad de los posibles candidatos en la población; sin embargo, los resultados pueden ser afectados por factores como el sesgo de la muestra, la manipulación de los resultados por parte de las empresas encuestadoras y la falta de objetividad en la interpretación de los resultados, lo que le hace un método menos transparente, pero que fácilmente se puede apegar a la estrategia electoral del partido, sobre todo de sus dirigentes, quienes han descuidado, –por decir lo menos–, la objetividad en el manejo de los resultados generando desconfianza en el proceso de selección y afectando la credibilidad del mismo.
Se trata de un proceso interno partidario, cuyo resultado tendrá alto impacto en el futuro mediato de México y su electorado, en un ambiente de mal humor social que parece exacerbarse y por ello, hay que cuidar las formas, a pesar de la contundencia en la posesión de la mayoría, pues siempre será insensato el no considerar, el excluir a las minorías.
Faltan solo unos meses para saber quién será el candidato o candidata de Morena y probable presidente de México en 2024, decisión que, más allá de la encuesta, tendrá como factor determinante el nivel de rentabilidad electoral que garantice la viabilidad política y buen tránsito en ambas cámaras legislativas.