Por Carlos Tercero / Tercero Interesado

Este año marca el 200 aniversario de la instauración del Senado de la República y el 150 aniversario de su restauración. A lo largo de dos siglos la Cámara Alta, ha sido pilar fundamental de la estructura política y legislativa del Estado Nación Mexicano, como ente crucial en la toma de decisiones y representación de los intereses de la nación, teniendo como antecedente la Constitución de Cádiz de 1812, que estableció por primera vez un cuerpo legislativo para el territorio de la Nueva España, sin embargo, fue la promulgación de la Constitución de 1824, donde se estableció formalmente el Senado como parte del sistema político mexicano y, desde entonces, ha sido un órgano legislativo clave en el equilibrio de poderes y en la representación de los estados que conforman la federación.

El Senado ha sido testigo y protagonista de los cambios y desafíos que ha enfrentado México a lo largo de su historia e igualmente, ha enfrentado numerosos desafíos y transformaciones; desde la lucha por la independencia hasta las guerras civiles y las reformas políticas, ha sido un escenario donde se han debatido y promulgado leyes que han dado forma al destino de México. Ha sido punto de encuentro, foro de diálogo y debate, negociación e interlocución política en cada uno de los temas trascendentes de la agenda nacional, haciendo valer su representación a favor del pueblo de México.

Durante la inestabilidad política y luchas internas del siglo XIX, supo destacar en la consolidación del estado mexicano y en la definición de su identidad nacional, dando muestra la pertinencia de la fortaleza de las instituciones democráticas y de su capacidad para adaptarse y responder a las necesidades cambiantes de la sociedad mexicana al reinstaurarse el 16 de septiembre de 1875, tras su disolución al abrogarse en 1835 la Constitución previa que le diera origen.

En el siglo XX, el Senado se sostuvo como garante de la vida política a pesar de la inestabilidad propia de la Revolución Mexicana y el periodo posrevolucionario, en el que la inestabilidad, agitación social e incertidumbre política, le pusieron a prueba una vez más.

Unas décadas más tarde enfrentaría un nuevo reto: su falta de representatividad real a favor de las y los mexicanos por su cercanía con el poder ejecutivo y, por tanto, mermando no solo su autonomía sino la esencia constitucional misma de la división de poderes y su encomienda republicana como contrapeso al poder presidencial y defensor de los intereses de los ciudadanos.

En este siglo veintiuno, el Senado ha evolucionado para adaptarse a los desafíos del México contemporáneo, jugando un papel crucial en la alternancia de gobiernos emanados de partidos políticos distintos al hegemónico Revolucionario Institucional, y en la transición hacia un sistema político más plural y democrático, promoviendo la participación ciudadana y la rendición de cuentas no como concesión, sino como resultado del enérgico clamor popular, cada vez menos dispuesto a tolerar el desvío del compromiso, del pacto social al que deben ceñirse sus representantes en la mayor instancia legislativa de la República, donde se discuten y aprueban las reformas que el país requiere y en lo que debe sobreponerse a la polarización y divergencia de valores y visiones políticas que obstaculizan la capacidad para alcanzar acuerdos y tomar decisiones en beneficio del país.

El Senado no estará nunca exento de desafíos, mucho menos de su compromiso de anteponer el interés del pueblo por encima de los intereses de partidos y grupos políticos, de presiones externas a su independencia y autonomía y, estará siempre dispuesto como pilar del sistema democrático del país. Sin embargo, igual se debe reconocer, ahora que celebra sus primeros 200 años, su legado y enorme contribución en la construcción de la nación y su lucha constante, a favor de un futuro más justo, próspero y democrático para todos los mexicanos; como estandarte de la democracia y la soberanía del pueblo mexicano, lo cual pasa de forma obligada por cuidar el nivel profesional, valores y convicción democrática de las personas que integran sus legislaturas.

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