Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 4 de abril.- Las integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas advirtieron que sería un atentado contra sus derechos bajarles el sueldo a la mitad, tal y como algunos funcionarios estatales y del Congreso local han sugerido.
Las comisionadas Angélica Rodríguez, Concepción de la Rosa, Penélope Picasso y Norma Delgado dieron una rueda de prensa en la que anunciaron que en caso de que el gobierno del Estado pretenda reducir el sueldo, de 45 a 22 mil 500 pesos, defenderán sus derechos.
“No ganamos 75 mil pesos ni pretendemos, nuestro salario está contemplado en la Ley de Emolumentos”, dijo Concepción, quien detalló que se les descuenta el 36% de impuestos, “además del contador”, agregó.
La semana pasada, durante la inauguración de las instalaciones de la Comisión, la presidenta del DIF Estatal, Elena Cepeda, exhibió públicamente su inconformidad por los altos salarios de los cinco comisionados, incluso dijo expresamente que dichos cargos deberían ser honoríficos.
El desencuentro ocasionó una serie de especulaciones como la intención de disminuir el sueldo a la mitad.
En respuesta las comisionadas acusaron la posibilidad de que el Ejecutivo estatal pretenda manejar el organismo así como los fondos del Fideicomiso para el pago de reparación de daño de un caso ocurrido en 2011, del cual se desconocen los detalles bajo el argumento de la secrecía.
“La propia Coordinadora Ejecutiva, Nadxielli Carranco, estuvo en contra de la reparación al 100% de la indemnización”, y expusieron que fue gracias al cabildeo de los comisionados que se logró la reparación de daño económica total.
Señalaron que la burocracia que acusó la misma Elena Cepeda es orquestada desde el gobierno del Estado, lo que ocasionó que en 2014 y 2015 los recursos de 27 millones de pesos no pudieron aplicarse, ello a pesar de que la Ley de Víctimas, que costó casi 6 millones de pesos, ya estaba lista.
Además señalaron que de 60 víctimas que se han acercado a la Comisión sólo una ha sido beneficiada ya que, acusaron, los comisionados no deciden a quién se le puede reparar el daño de forma económica, “eso lo decide el Ejecutivo estatal”, aclararon.
“El pago de indemnizaciones a 8 víctimas debe darse en cascada porque la parte normativa ya se trabajó”. Para este año, señaló De la Rosa, el presupuesto supera los 28 millones de pesos -en los que no está contemplado el pago de sus salarios-, detalló, de los que solo se han liberado 2 millones ya que, dijo, está condicionado a los resultados obtenidos.
A pesar del desencuentro verbal, las comisionadas avalaron “la buena disposición del gobernador Graco Ramírez en el tema de atención a víctimas”, dijeron.