Por Uzziel Becerra
Una entrevista para la revista Proceso de la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, volvió a poner en el centro del debate público la responsabilidad del expresidente Felipe Calderón por los vínculos que mantenía con el narcotráfico su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien se encuentra detenido y enfrentando un juicio en los Estados Unidos. ¿Hay posibilidades de que Calderón responda ante la justicia? ¿Tendrá que ser la justicia norteamericana quien enjuicie al expresidente Calderón o logrará hacerlo la Fiscalía General de la República en México?
Roberta Jacobson es una diplomática cercana a México desde 2007, cuando le fue conferido el seguimiento a la Iniciativa Mérida y diversos temas de las relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá incluyendo el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA); en 2012 se desempeñó en la Secretaría de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, siendo la primer mujer en ocupar dicha posición, reconocida por su profesionalismo y capacidad diplomática. Sin embargo, fue embajadora de Estados Unidos en México hasta el año 2018 por disentir sobre la política exterior del presidente Donald Trump.
Durante la entrevista que otorgó a Proceso acusó de incongruente tratar de culpar a Estados Unidos de ser omisos para actuar contra quien fuera asesor, secretario y miembro cercano del gabinete de Calderón.“…Culpar a esta clase de situación por información que Estados Unidos poseía sugiriendo que el gobierno mexicano nunca tuvo ninguna información sobre corrupción o problemas con un funcionario mexicano probablemente es tan inocente y peor, francamente, que una duplicidad (ser doble cara), porque la información que obtuvimos obviamente no venía de funcionarios americanos sino que vino de los (funcionarios) mexicanos. El gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, sino que más, y nunca tomó acciones en su momento y por eso encuentro un poco… ingenuo sugerir que teníamos información que ellos no y por ello no podían tomar medidas”.
El señalamiento es claro y contundente: Felipe Calderón sí tenía conocimiento de los vínculos con el narcotráfico que guardaba su secretario de Seguridad Pública, su mano derecha en la estrategia de “guerra” contra el narco pero fue omiso para actuar conforme a derecho. Genaro García Luna se encuentra detenido por el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Justicia en el estado de Texas por vínculos con el Cartel de Sinaloa y es acusado por los delitos de conspiración para narcotráfico, pudiendo alcanzar una pena máxima de cadena perpetua. Conforme a la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que tuvo la colaboración de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Nueva York y Houston y el Departamento de Policía de Nueva York, a García Luna se le acusa de permitir al Cártel de Sinaloa operar con impunidad en México a cambio de sobornos millonarios y testimonios falsos cuando fue el encargado de la Policía Federal y de Seguridad Pública.
Jacobson afirmó respecto de la información que: “…teníamos información y escuchamos rumores que en su mayoría no fueron confirmados pero que provenían de fuentes de las que esperabas oposición al secretario de Seguridad Pública”, explicando que obtenía la información de una agencia sobre otra, es decir, información sobre Seguridad Pública a través de los militares y viceversa, información del Ejército a través de Seguridad Pública, pero aclaró que nunca pudieron confirmar la información a través de una fuente imparcial. Continúa explicando Jacobson en la entrevista que, cuando se trabaja con funcionarios de seguridad de gobiernos con sospechosos lazos de corrupción, no se tienen más alternativas que trabajar con ellos con cautela y reservas. “Siempre tienes cuidado con un país donde persiste la corrupción porque les entregas grandes cantidades de recursos y debes garantizar que esto se utilice para los objetivos diseñados”.
Ante las afirmaciones de la entrevista y la nota publicada por Proceso, Felipe Calderón ejerció su derecho de réplica y emitió una carta aclaratoria para exponer su defensa mediática, puesto que no existe aún investigaciones ni acusaciones formales en su contra. Al respecto afirmó en redes: “Es falso que mi gobierno tuviera información sobre nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Actué con determinación contra el crimen organizado y recibí amenazas por ello, jamás hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos como esos siguiera en el gobierno”. En el desarrollo de su carta realiza diversos argumentos para desestimar las afirmaciones de Jacobson, enfatizando que, en efecto, lo único que hay en su contra son rumores e información sesgada o tendenciosa, lo cual fue confirmado por Jacobson a través de sus redes sociales. Todo gira en torno a los rumores, los dichos e información no corroborada pero reveladora.
No obstante, el deslinde de Felipe Calderón construyendo la narrativa de que desconocía las acciones de su mano derecha en la lucha contra el narcotráfico, las redes de complicidad que se gestaban al interior de su propio gabinete y sobre la persona que dirigía los enfrentamientos al crimen organizado, es un argumento débil. En realidad no se puede conceder el argumento, como lo ha referido Calderón en el pasado, de que durante la coordinación de su estrategia de seguridad pública, por ser una labor que involucra a muchas dependencias y personajes y que no depende un solo hombre, no tuvo conocimiento sobre los vínculos de Luna con el Cártel de Sinaloa. Precisamente en el diseño institucional del gobierno mexicano es el Presidente quien comanda, supervisa y autoriza los movimientos de la seguridad pública, más aun como Jefe de las Fuerzas Armadas, éste no pudo haber ignorado los tratos de García Luna con el narcotráfico, pues dichos arreglos fueron determinantes para que el Cártel de Sinaloa tuviera un papel preponderante en el mercado de la droga y expansión de su territorio en perjuicio de otros cárteles de la droga y, por supuesto, de los habitantes del país.
Los antecedentes también son determinantes. Desde el año 2002, Edgar Valdez Villarreal “La Barbie”, fue el primero en acusar a García Luna de recibir dinero y sobornos tras su captura por el gobierno mexicano, a lo que Luna calificó de falsas acusaciones ante la opinión pública. Derivado del juicio contra “El Chapo” Guzmán en Estados Unidos, el testigo Jesús Zambada García, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, aseguró que García Luna recibió de ellos sobornos de al menos 56 millones de dólares y que entre 2005 y 2007 le dio personalmente 6 millones de dólares, por lo que en el juicio de García Luna podría entrar en un plan de testigos cooperantes al servicio del Departamento de Justicia norteamericano para proporcionar información sobre lo que conoce de las operaciones contra el narcotráfico en México y testificar en contra de otros servidores públicos que estuvieron involucrados en dichos actos con el Cártel de Sinaloa, y de esa forma aminorar su condena.
Debemos mencionar que en México no había alguna carpeta de investigación de conocimiento público por la Fiscalía General de la República sino hasta que se detuvo a Luna y cuando se hicieron públicos los detalles de la investigación norteamericana, lo cual deja en manifiesto que la red de impunidad en México se actualiza a través de negociaciones cada sexenio y que su garantía depende de la relación con el gobierno en turno. La FGR reveló que hay investigación contra Luna por conspirar para traficar cocaína, declaraciones falsas ante autoridad judicial, cohecho, coparticipación en delitos contra la salud y delincuencia organizada, mostrando disposición para cooperar en el caso con el Departamento de Justicia en Estados Unidos, asimismo solicitaría la extradición de Luna la compurgación de su pena. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que se encuentran congeladas cuentas bancarias de seis personas físicas y cinco personas morales ligadas a García Luna, quienes se encuentran en investigaciones que aún no han sido reveladas por la autoridad ministerial ni hacendaria.
Mientras la reacción de la opinión pública sumaba en la exigencia de justicia para responsabilizar al expresidente panista, el Presidente López Obrador, aunque pronunció que fue un hecho lamentable y se requiere llegar al fondo del asunto, decidió continuar con su narrativa respecto de la consulta para enjuiciar a expresidentes. “Ya dijimos que tendría que ser a partir de una consulta ciudadana y no solo para su caso, estamos planteando que se le pregunte a la gente o que los ciudadanos lo demanden sobre el abrir juicios a los expresidentes del periodo neoliberal de (Carlos) Salinas a (Enrique) Peña, pasando por (Ernesto) Zedillo, (Vicente) Fox y Calderón, pero eso tendría que decidir la gente”, indicó. Sin embargo, Calderón retó al presidente a través de sus redes sociales a proceder si la Fiscalía tuviere pruebas, pues “la justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes”, dando fin al debate mediático sobre la responsabilidad de Calderón y dejando todo en la cancha de la justicia norteamericana.
Será importante que, tras los pronunciamientos de la exembajadora, se dé seguimiento a las declaraciones de García Luna durante su juicio respecto de la probable participación de Felipe Calderón en negociaciones y tratos con el Cártel de Sinaloa, puesto que, como bien afirma el expresidente, la imputación de la responsabilidad penal se debe gestar en torno a las pruebas, denuncias y leyes que sancionen conductas tipificadas como delitos para que pueda abrirse una investigación en contra del exmandatario. Los dichos y declaraciones no son ni serán suficientes para enjuiciar a un servidor público, mucho menos una consulta popular, puesto que violaría la garantía de debido proceso y el principio de presunción de inocencia, entre otros. Por lo tanto, un escenario en el que Felipe Calderón sea imputado y sentenciado por la justicia norteamericana es poco probable corto plazo, puesto que no hay pruebas materiales que confirmen la versión de Jacobson y que es compartida por amplios sectores de la opinión pública.
En lo que respecta al actuar del gobierno mexicano, aunque se observa voluntad para cooperar con las autoridades estadounidenses en el desarrollo de sus investigaciones, no parece ser una prioridad darle seguimiento a las investigaciones contra Calderón. Su papel como líder de oposición (debilitado y con poca legitimidad de entrada) con miras a construir un nuevo partido político es más útil para el gobierno en turno que su enjuiciamiento, puesto que no representa un peligro importante para la agenda presidencial, pero sí un elemento que suma a la imposición de la agenda política y mediática del Presidente López Obrador, así como a la fragmentación del sistema de partidos y de las fuerzas parlamentarias, lo cual es conveniente para Morena en la construcción de su proyecto político (por no decir la búsqueda de hegemonía).
México reclama justicia para los miles de muertos y desaparecidos a causa de la guerra contra el narcotráfico, pero hay mayores incentivos para dejar impune, al menos en nuestro país, a los principales líderes que guardan de su lado intereses que favorecen a los gobiernos de administración en administración, evidenciando que en el seno de sistema político mexicano existe un pacto de impunidad transexenal que opera a favor de los gobiernos en turno. Solo así se explica que el expresidente más cercano, Enrique Peña Nieto, se encuentre alejado del debate sobre el enjuiciamiento contra mandatarios, cuando su administración ha sido señalada por el Presidente Obrador, y la opinión pública, como una de las más corruptas en la historia contemporánea de nuestro país. En México la justicia sigue subordinada al pragmatismo político de nuestros mandatarios.
* Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM. Auxiliar Jurídico en el Corporativo Jurídico Paredes. Secretario de Asuntos Políticos del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos.