Redacción SL
Cuernavaca, Mor., 12 de marzo.- La Unidad de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) lleva un registro de 62 quejas de estudiantes y docentes que denunciaron fueron víctimas de acoso sexual y escolar.
El rector de la máxima casa de estudios, Gustavo Urquiza Beltrán afirmó que se atenderán todos los casos y propondrá que el tema de género se considere en el estatuto universitario, y se implemente la cultura de la denuncia en el campus universitario.
“Se atenderán todas las peticiones de las estudiantes que se manifestaron el lunes y están solicitando que se modifique el protocolo y el estatuto universitario, nosotros queremos que denuncien sin temor a que su información pueda ser pública”, aseguró Urquiza Beltrán.
Ayer, la Unidad de Atención a Víctimas de la UAEM se instaló en la facultad de Derecho y Ciencias Sociales y próximamente acudirá a la facultad de Técnicos Laboratoristas para recibir las denuncias de los alumnos.
Las denuncias de este tipo se incrementaron en los últimos meses luego de que en octubre pasado dos exalumnas de la universidad, Daniela y Erika, denunciaron y presentaron las pruebas en la Unidad de Atención a Víctimas para demostrar que fueron víctimas de acoso sexual por parte del doctor en psicología Aldo Bazán Ramírez.
En la primera semana de marzo el rector Urquiza confirmó que los docentes Aldo Bazán y Aldo “N” fueron destituidos de su cargo luego de que la investigación concluyó que ejercieron acoso sexual en contra de las estudiantes.
Con el cese de los dos profesores la catedrática de la UAEM, Clara Elizabeth Soto Castor hizo pública la violencia que presuntamente ejerce un docente y su alumna en contra de ella, y presentó ante la Fiscalía General una denuncia por discriminación y violencia política.
La profesora de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales acusó que la alumna de la facultad de Contaduría y Administración, Keimi Betancourt a petición del docente Oscar Samario Hernández se ha encargado de denostar a Soto Castor de manera pública con acusaciones que dañan su integridad personal y que buscan perjudicar sus derechos laborales como trabajador sindicalizado.
El problema surgió desde el 2016 cuando un grupo de docentes, según Soto Castor, se burlaron de ella y la llamaron perdedora luego de que participó para la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) pero no ganó.