Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 23 de julio.- La Cámara Mexicana Industria de la Construcción acudirá ante la justicia federal en busca de un amparo contra la decisión presidencial de asignar de manera directa los contratos en materia de construcción, especialmente en materia educativa.
Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la Cámara, explicó que el gremio se enfrenta a dos situaciones, la primera la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) y asignar los recursos de manera directa tanto a padres de familia como a directivos para que sean ellos quienes se encarguen de la construcción de aulas.
Lo anterior, señaló, contraviene acuerdos signados desde la década de los 40 cuando se unificaron los sistemas constructivos para bien de la seguridad de los alumnos, ya que cada vez hay más condiciones estructurales adecuadas para las diferentes zonas de nuestro país, incluida la sismicidad.
Lo que nos han dicho los más de 2 mil 500 constructores que se dedican a este tema, detalló Ramírez Leal, es que se ven afectados sus intereses porque son recursos donde antes participaban en las licitaciones, podían acceder a este tipo de obras y hoy ya no porque ese recurso, acorde a lo declarado por el presidente, lo van a ejercer directamente los maestros y los padres de familia lo que resta seguridad en las construcciones y pierde total formalidad porque no sabemos si se están aplicando o no de manera adecuada ni con la calidad para darle seguridad a los alumnos, inclusive la asociación de padres de familia se ha manifestado en contra de esta temática porque no sienten que sea lo adecuado.
Lo anterior, prosiguió, contradice toda materia de transparencia y rendición de uentas, ni tampoco abona contra la corrupción, pero esto será una vez que se haga efectivo el anuncio y desparezca el Instituto, porque no hay fecha para ello pero tampoco hay recursos para el mismo.
El segundo predicamento de los constructores es la forma de asignación de los recursos. Detalló que con la llegada de la nueva administración federal, sólo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) han mantenido las licitaciones públicas, de las que han podido participar.
No así en proyectos como el de la reconstrucción tras los sismos de 2017 en varios estados afectados, incluido Morelos, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), donde se invertirán más de 8 mil millones de pesos sin que se hayan abierto las licitaciones para ello y el gobierno se erige como el máximo constructor, o bien en el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex) y los 12 mil mdp para las refinerías.
Esperemos que sean empresas formales las que puedan participar de ambos proyectos, advirtió, y se genere la oportunidad de una competencia abierta y transparente porque no estamos de acuerdo en que el gobierno se convierta en el único constructor, finalizó.