Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 10 de agosto.- Omisiones, negligencia y complicidad de autoridades impiden avances para erradicar violencia feminicida; las inconsistencias del grupo de trabajo integral multidisciplinario que revisa el cumplimiento de las recomendaciones emitidas desde hace dos años se suma a los factores para que las muertes violentas de mujeres continúen, fue el balance de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (Cidh), Morelos.
A dos años de la activación de la Alerta de violencia de Género (AVG) en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Xochitepec, Jiutepec, Yautepec, Puente de Ixtla, Temixco y Emiliano Zapata, el balance es negativo, sentenció Paloma Estrada de dicha organización que solicitó la medida emergente en 2013.
De 2000 a 2005 la Comisión documentó 122 feminicidios en Morelos. De 2006 a 2010 los casos llegaron a 211.
A partir de 2011, la cifra anual de muertes violentas aumentó a 70, en 2012 llegó a 92. Los años siguientes, 2013, 2014 y 2015 mostraron una baja, con 70, 54 y 57, respectivamente, sin embargo, en 2016 los casos de nueva cuenta incrementaron casi hasta duplicarse. Diciembre cerró con 16 asesinatos y el número de feminicidios ascendió a 97. Este año, de enero a julio se documentaron 46 casos.
Si el feminicidio crece es porque no se aplica adecuadamente el protocolo de investigación ni las medidas emergentes de Alerta de Violencia de Género, explicó Juliana Quintanilla, quien ante la creciente violencia adelantó la realización de mesas de trabajo con los alcaldes de dichas localidades.
En 2013 la Alerta fue pedida para toda la entidad, sin embargo, la Secretaría de Gobernación, responsable de decretarla, sólo la autorizó para los 8 municipios referidos sin dar a conocer los procedimientos para ello.
Entre agosto de 2015 y julio de 2017, Tlaltizapán, Ayala, Huitzilac, Jojutla, Miacatlán, Axochiapan y Coatlán del Río estos municipios registraron muertes violentas de mujeres, incluso superiores a algunos donde se decretó la alerta.
Pese a ello, la comisión expuso que se debe trabajar con los 8 iniciales, de manera urgente, para exigir la aplicación de las 15 recomendaciones en toda la entidad, recomendaciones que, señaló, ninguna autoridad federal, estatal o municipal, ha cumplido en ninguno de los 11 estados con dicha medida.
Con el Tribunal Superior de Justicia se debe llevar a cabo otra mesa de trabajo, abundó, para revisar los casos judicializados de feminicidios y actualizar las capacitaciones para juzgar con perspectiva de género mediante la aplicación adecuada de los protocolos aprobados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre feminicidio y violencia contra las mujeres.
Paloma Estrada acotó que con la Comisión Estatal de Seguridad Pública se debe trabajar en las medidas preventivas definidas por la AVG, actualizar lo establecido en los Semáforos de Violencia y determinación de los Polígonos de Riesgo para las mujeres en función de la Geografía del Feminicidio.
Con la Fiscalía General de Justicia deben restablecerse con el objetivo de concluir las investigaciones que dieron origen a la AVG y determinar la situación jurídica de cada una de las carpetas de investigación, así como la adecuada integración de todos los casos de feminicidio hasta su judicialización para lograr que haya justicia y se elimine de raíz la impunidad prevaleciente en la mayoría de los casos de feminicidio.
El tema educativo tampoco ha sido atendido como lo señala el informe del grupo de trabajo, en el que participan un representante del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dos representantes de una institución académica o de investigación especializada en violencia contra las mujeres, ubicada en el territorio donde se señala la violencia feminicida o agravio comparado y dos de carácter nacional especializada en violencia contra las mujeres, y una persona representante del Mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad de que se trate.
Al respecto, Juliana Quintanilla lamentó que el cambio de los académicos del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM-UNAM) solicitaron su reemplazo por cuestiones personales, lo que generó un retraso en el trabajo debido al desconocimiento de los suplentes en los avances alcanzados.
La organización reiteró que es imperante un plan de atención y prevención de la violencia familiar para evitar que escale y se convierta en violencia feminicida que incluya la restitución integral del daño, establecer el banco estatal de datos sobre feminicidios, todo caso de muerte violenta de mujer debe ser investigado acorde con el protocolo de feminicidio, dar garantías efectivas de no repetición y acceso pleno a la justicia.