Unión feminista exige acción para garantizar la justicia y la reparación del daño en el Estado de Morelos.
A los tres poderes que integran el Estado de Morelos,
A los organismos Autónomos,
a los medios de comunicación
y a la población general
Ante la impunidad machista.
¡Unión feminista!
Desde hace años salimos a las calles a exigir a los tres poderes del gobierno que garanticen la vida y la seguridad de las mujeres. Sin embargo, estos no han escuchado nuestras demandas y se han mostrado omisos e indolentes ante la creciente ola de violencia contra las mujeres que se ha naturalizado e invisibilizado en Morelos.
Hoy, nuevamente, tomamos las calles y en un solo grito demandamos acciones con las que se garantice el acceso a la justicia y la reparación del daño para las mujeres víctimas de violencias y sus familias, pues la impunidad que prevalece por parte del Estado ha generado simulaciones con las que algunos grupos e instituciones han obtenido ventajas políticas y sociales.
Esta es la realidad a la que deben sobrevivir las mujeres morelenses en cada uno de los ámbitos en los que se desarrollan. Dando como resultado, por mencionar algunos casos, que la Violencia Política en Razón de Género arroje 8 sanciones a personas que ejercieron violencia sexual, emocional, simbólica, economica y patrimonial contra las mujeres, según información del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política; violencias que fueron ejercidas por 7 hombres de los cuales 4 son servidores públicos a nivel estatal y municipal, sin dejar de mencionar que a muchas el goce y ejercicio de sus derechos políticos y electorales les cuesta la vida. En cuanto a la violencia feminicida debe señalarse que la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos ha documentado 1,303 feminicidios del año 2000 al 2022, siendo este último año el más violento para las mujeres de este territorio, pese a existir una Alerta de Violencia de Género que debería implementar acciones para garantizar la seguridad y vida de las mujeres.
Otra de las manifestaciones de las violencias contra las mujeres es la violencia vicaria, de acuerdo con el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, se registraron 21 mámas y 27 niños y niñas menores de 12 años, que actualmente se encuentran impedidas de su derecho a la crianza. Morelos no ha incluido la violencia vicaria en el código penal, familiar y de responsabilidades administrativas. Ésta puede escalar al suicidio, llegar al feminicidio, infanticidio, y es resultado de la violencia institucional.
No obstante, la magnitud de lo expuesto las y los servidores públicos ejercen violencia institucional contra las mujeres criminalizándolas, revictimizándolas y obstaculizando el acceso a la justicia, no proporcionando un trato digno y omitiendo brindar protección a la integridad física, psíquica y social de las denunciantes. En el estudio Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022, se indica que el estado de Morelos presenta una tasa de impunidad acumulada por feminicidio del 86.1% en el periodo 2016-2021. Lo que significa que solo se emite sentencia para el 13.9% de los casos.
Destacamos la condición de las mujeres jóvenes en el ámbito académico y universitario, en el que de acuerdo con la ENDIREH, el estado de Morelos ostenta el 19.3% de prevalencia de violencia en el ámbito escolar, a nivel nacional. Situación reproducida por las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que cuenta con numerosas denuncias contra agresores que son estudiantes, profesores e investigadores. Sin embargo, ninguno de ellos ha recibido una sanción, ni se han hecho esfuerzos en materia de reparación del daño a las víctimas.
De igual forma, se acompaña la lucha de las mujeres zapatistas, pues sus enseñanzas se centran en la defensa de la autonomía y del territorio, de la naturaleza y los ciclos de la vida . En Morelos, el gobierno y las corporaciones han intentado imponer proyectos de minería a cielo abierto y de la termoeléctrica, mismos que se han construido dividiendo a las comunidades, generando conflictos, reprimiendo y asesinando. Estamos con las mujeres que defienden el agua. El río Cuautla, en todo el oriente del estado, en Cuentepec, nos hermanamos con las mujeres que luchan. Nuestro feminismo es anticapitalista, antirracista y antipatriarcal.
Exigimos por tanto a los poderes del estado de Morelos:
1.- Que el ejecutivo asuma su responsabilidad y genere esfuerzos transversales para proteger la vida de las mujeres que vivimos en Morelos, es urgente fortalecer las políticas de prevención y atención desde la perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Así como destinar y transparentar los recursos federales asignados para atender la Alerta de Violencia de Género, rindiendo cuentas de los mismos y de sus resultados.
2.- Al legislativo le exigimos emitir leyes a favor de los derechos sexuales y reproductivos, pues desde hace 20 años sus integrantes han obstaculizado el derecho a abortar de las mujeres de manera legal, segura y gratuita, guiados por sus creencias personales, religiosas y pactos patriarcales que atentan contra la vida y salud de las mujeres morelenses.
3.- Al poder judicial le demandamos que el personal encargado de la impartición de justicia se encuentre debidamente capacitado y sensibilizado, en temas de derechos humanos de las mujeres, interseccionalidad e interculturalidad. De igual manera exigimos que se reconozcan e investiguen las redes de corrupción e impunidad y tráfico de influencias que han obstaculizado el acceso a la justicia a las víctimas de las violencias mencionadas.
4.-Exigimos al titular de la fiscalía que dé a conocer y se cumpla con los mecanismos para consolidar al interior de esta instituciòn una política de seguridad humana que garantice procesos de intervención efectiva frente a hechos violentos contra las mujeres, así como la investigación ágil, oportuna y eficiente en particular en los casos de violencia feminicida, sexual, secuestro y desapariciones forzadas de mujeres.
A los alcaldes, miembros del cabildo, funcionarios y servidores públicos municipales, les señalamos que es su responsabilidad diseñar y ejecutar políticas públicas que garanticen y velen por los derechos humanos y civiles de las mujeres así como de las poblaciones en situación de vulnerabilidad; de la misma forma, señalamos que las y los servidores públicos locales son, en su mayoría, el primer contacto para la resolución de conflictos y problemáticas de violencia, por lo tanto, es su responsabilidad llevar a cabo la instrumentalización gubernamental para erradicar las violencias así como tener las capacitaciones necesarias para la atención de víctimas y familiares.
Hacemos un llamado a la población general a tomar conciencia de las múltiples violencias que viven las mujeres a no normalizarlas en los diversos espacios de convivencia y en las relaciones personales. Creemos que es necesaria la empatía y construir nuevas formas de convivencias que tengan como base el respeto y reconocimiento mutuo.
Como ya lo hemos mencionado, existe una violencia feminicida que se manifiesta de diversas formas, la cual es sostenida por la corrupción y la impunidad que está presente en las diversas instituciones; sin embargo, las mujeres hemos aprendido a organizarnos y a tejer redes de rebeldía, resistencia y cuidados colectivos que nos permiten seguir existiendo en este sistema patriarcal. Las mujeres hemos decidido que queremos una vida libre de violencia en cada uno de nuestros espacios y por ende nos articulamos y organizamos no solo para marchar, sino también para encontrar nuevas formas de vida digna. Desde esta rabia organizada hacemos un llamado a nuestras hermanas, compañeras, amigas, conocidas y todas las mujeres para seguirnos organizando en el día a día, para confiar en la otra, para sostenernos en colectividad porque hoy más que nunca, las mujeres organizadas, sí, somos rebeldía y también somos la vida misma.