Por Uzziel Becerra
Un acta de nacimiento apócrifa y una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público pusieron a Morelos en el ojo del huracán sobre señalamientos de presuntos actos de corrupción en la entidad.
La corrupción ha sido definida por Norberto Bobbio como “un modo particular de ejercer influencia: influencia ilícita, ilegal e ilegítima”, ésta se encuadra con respecto al funcionamiento de un sistema y en particular se distingue por la forma en que se toman decisiones de carácter púbico. Stephen D. Morris sostiene que la corrupción es “todo uso ilegal, no ético, de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político o simplemente como el uso arbitrario del poder”; ya lo había señalado Maquiavelo, la corrupción es la decadencia o degradación de la virtud cívica.
El abordaje conceptual nos ayudan a interpretar un fenómeno tan complejo como la corrupción, pues en principio pareciera ser intangible, pero su ejercicio tiene consecuencias en perjuicio de los ciudadanos que son evidentes. En 2018 una encuesta realizada por Inegi señaló que la corrupción era el mayor problema público para los mexicanos, lo que tuvo como consecuencia que una plataforma política como Morena pudiera llegar al poder por abanderar dichas causas como objetivos torales. Sin embargo, en Morelos las circunstancias parecen alejarse de dicha meta.
Tras una gubernatura encabezada por el Partido de la Revolución Democrática, como titular a Graco Ramírez Abreu, señalado en múltiples ocasiones de actos de corrupción, cooptación de las instituciones gubernamentales, del Congreso del Estado y del Poder Judicial, siendo reconocido incluso como uno de los peores gobernadores de la época moderna del Estado de Morelos, fue sustituido a través del voto popular por el que fuera Alcalde de la capital de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
El fenómeno del voto en cascada promovido por Morena, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo posibilitó que el PES encabezara la lucha por la gubernatura y resultaran triunfadores tanto en la gubernatura como en la presidencia de Cuernavaca, no obstante que no hubiese en ese caso un titular que compitiera por el poder. Como primera reflexión, debemos mencionar que los resultados electorales hablan más del electorado y de la calidad de la ciudadanía que de los elegidos por el voto, pues en Morelos hemos tenido el mayor número de alternancias políticas del país en el menor tiempo, aunado a que en la entidad puede resultar ganador un espacio vacío, por lo que los ciudadanos morelenses tenemos el enorme reto de reflexionar sobre las deficiencias en el ámbito público a causa de las plataformas políticas, trayectorias y perfiles de los representantes populares.
Dos acontecimientos recientes reflejan precisamente el estado de cosas en la entidad con respecto a la corrupción en las más altas esferas de los poderes constitucionales locales. Una investigación reveló que María del Cármen Verónica Cuevas López, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, habría utilizado un acta de nacimiento apócrifa para realizar diversos actos jurídicos en su calidad de presidenta del máximo tribunal de la entidad. El acta de nacimiento asentada en la Oficialía 01 de Cuernavaca, tiene modificaciones en el nombre de la Magistrada, la fecha de su nacimiento y un CURP distinto, lo que evidencia que la actual titular del TSJ de Morelos se conduce con documentos falsos desde 1999, habiéndolos utilizado en al menos cinco instituciones públicas de las que ha sido funcionaria de gobierno, entre las que destacan la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Relaciones Exteriores y el propio Poder Judicial del Estado de Morelos.
Debemos recordar que la falsificación de documentos públicos es un delito sancionado por el Código Penal de Morelos, a partir del artículo 214 que la letra dice: Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos a trescientos sesenta días multa, a quien para obtener un beneficio o causar daño: I. Falsifique o altere un documento, o ponga en circulación un documento falso. Para este efecto, así como para el previsto en la fracción II, se tomarán en cuenta tanto la falsificación o alteración total o parcial del documento, como el empleo de una copia, transcripción o testimonio alterados del mismo; II. Utilice indebidamente un documento falso, o haga uso de uno verdadero, expedido a favor de otro, como si lo hubiera sido a nombre del agente; III. Inserte o haga insertar en un documento hechos falsos concernientes a circunstancias que el documento deba probar, o lo altere, suprima, oculte o destruya; IV. Aproveche la firma estampada en un documento en blanco, estableciendo o liberando de este modo una obligación; V. Estampe una firma o rubrica falsa, aunque sea imaginaria, o en su caso alterando una verdadera, o VI. Se atribuya, al extender un documento, o atribuya a un tercero un nombre, investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto. La misma sanción se aplicará al tercero, si se actúa en su representación o con su consentimiento.
Los artículos subsecuentes señalan agravantes en caso de que la falsificación y uso de documentos falsos recaigan en documentos públicos y cuando este delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o persona investida de la facultad de dar fe pública, incrementándose las sanciones aplicables hasta la mitad más previstas para el caso que se trate, además de la suspensión e inhabilitación para ocupar cualquier otra función pública hasta por cinco años. Respecto a lo anterior, ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el Foro Morelense de Abogados, recalcando la gravedad del asunto, pues la administración de justicia en Morelos se verá mermada en cuanto a la confianza ciudadana, lo que debilita también el Estado de derecho.
Hasta la fecha los cambios de la identidad de la Magistrada no han sido notificados en la Dirección General de Registro Nacional de Población e Identidad para su aclaración, en ejercicio del derecho de rectificación de datos personales, lo que puede derivar en un conflicto de carácter jurídico por la posibilidad de declarar nulidad de múltiples actos jurídicos celebrados en relación con esta documentación apócrifa. Lamentablemente, el máximo órgano jurisdiccional de la entidad se ha visto envuelto en diversos señalamientos de corrupción desde sus magistraturas, aunado a la inestabilidad política al interior del pleno del Tribunal, a causa del conflicto por la duración del cargo de 20 a 15 años, mismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha terminado de resolver.
En cuanto al Poder Ejecutivo local, durante la reciente comparecencia del Secretario de la Contraloría de Morelos, César Santana Nava, informó que siete exservidores públicos del gobierno de Graco Ramírez han sido inhabilitados por administración irregular, entre los que se encuentran extitulares de Direcciones generales, Subsecretarías y Secretarías, así como informar que se mantienen investigaciones en las Secretarías de Obras Públicas, Educación y Desarrollo Sustentable. No obstante lo anterior, el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, exrepresentante comercial de Blanco Bravo como exfutbolista, y quien lo ha acompañado desde su incorporación en la vida pública como Presidente Municipal de Cuernavaca, ha sido involucrado en una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en operaciones financieras presuntamente irregulares.
Durante la conferencia mañanera del día 4 de marzo dirigida por el Presidente López Obrador a la prensa nacional, compareció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, dando a conocer el “Caso Primavera” (en clara referencia a la ciudad de la eterna primavera) declarando que se investiga a una persona identificada como Jefe de la Oficina de la Gubernatura de un gobierno local por presuntos actos de corrupción, identificando transferencias internacionales, con un retorno de inversiones en una cuenta personal en Suiza desde el 2017 recibiendo 25.7 millones de pesos, discrepancias fiscales en sus declaraciones por 3.5 Millones, reportándose seis movimientos inusuales que suman 741 millones, retiros en efectivo hasta por 122.84 millones de pesos y ser representante legal de cuatro empresas alertadas por ser fachadas, empresas enlistada en el padrón de proveedores de bienes y servicios de Morelos.
El asunto provocó que la comparecencia del Jefe de la Oficina de la Gubernatura ante el Congreso de Morelos, en ocasión de glosa del Primer Informe de Gobierno de Cuauhtémoc Blanco, haya sido reprogramada en dos ocasiones, aunque el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, declaró que Sanz Rivera acudirá la noche de este jueves 12 de marzo a las 21:00 horas ante los integrantes de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para dar cuenta de sus actividades en el primer año de gestión. La Comisión es presidida por el diputado José Casas González. Asimismo, quien solicitó al pleno del Congreso la separación del cargo a Sanz para enfrentar la acusación de la UIF.
En ambos casos de la Magistrada María del Carmen Verónica Cuevas y Sanz Rivera son reflejo de un Estado de Derecho débil y de condiciones antidemocráticas en la entidad federativa. El World Justice Project realizó un “Índice de Estado de Derecho en México 2018” en que estudió a las entidades federativas de nuestro país. La investigación arrojó que Morelos estaba en el lugar 26 de los 32 estados, encontrándose en la lista de las entidades con menor adhesión al Estado de Derecho, entendido como un principio de gobernanza en el que las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, respeto y garantía de derechos humanos, refiriendo así que los tópicos en los cuales Morelos se encuentra por debajo de la media nacional (en calidad de reprobados) son: gobierno abierto, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio y justicia.
El panorama es desalentador también en cuanto a seguridad pública. El Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, en comparecencia ante el Congreso de Morelos, reconoció que no se puede brindar seguridad a toda la población morelense debido a que el 45 por ciento de los policías están destinados a custodiar a ciertos personajes a petición de las Fiscalías y de los jueces, dando a conocer también que aunque egresaron 120 elementos policiales de capacitación, se requiere de mayor personal policial. Sin embargo, no hay candidatos para trabajar como policías, debido a que los sueldos son bajos y “nadie quiere arriesgar su vida porque hay mucha delincuencia”, por lo que es necesario reactivar las Academias de Policía, mismas que requieren contratación de personal para capacitar aspirantes, recursos de carácter financiero y materiales, y aspirantes, para que de esa forma se logre entrar en la media internacional que marca al menos tres policías por cada mil habitantes.
Por todo lo anterior, Morelos tiene el enorme reto de recuperar estándares mínimos de gobernabilidad, de seguridad pública, de confianza en las instituciones que imparten justicia, Estado de Derecho, entre muchos otros tópicos necesarios para que la entidad salga del lamentable rezago en el que se encuentra. Como ciudadanos debemos recordar que, en cuanto a corrupción, esta depende de un binomio para su ejecución, que es la relación entre la autoridad y el ciudadano, por lo que debemos cobrar responsabilidad cívica para omitir actos de corrupción en cualquier nivel y dar seguimiento a la gestión pública, exigiendo rendición de cuentas y ejerciendo nuestro derecho a la información para evitar la otra cara de la corrupción: la impunidad.
* Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos