Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 31 de julio.- Yamilé Sinahi, una adolescente de 12 años, salió de casa en Santa Rosa Treinta, en Tlatizapán, una localidad ubicada al sur de Morelos, a unos 35 minutos de Cuernavaca. Iba con su hermana mayor hacia la escuela secundaria “Enrique González Aparicio” en el municipio aledaño de Zacatepec. Apenas eran las 6:00 horas de aquel 11 de enero de 2016.
En el trayecto, mientras las hermanas Silahua Sotelo se dirigían a su plantel, dos sujetos les cerraron el paso, el que iba como copiloto bajó del auto y jaloneó a Yamilé, la subió a la fuerza a un vehículo marca Nissan Sentra color azul, con placas de circulación HCE4362 del estado de Guerrero.
Su hermana, quien trató a toda costa de que no se la llevaran, sólo pudo quedarse con un zapato de Yamilé.
El automóvil fue encontrado abandonado en la ribera de un canal de riego, cerca de los trabajos de construcción de la Autopista Siglo XXI y de una casa en obra negra. Vecinos del lugar refirieron que vieron a dos sujetos forcejeando con una niña de uniforme aquel día pero no lo quieren declarar ante la autoridad por miedo a represalias, comentó Teresa Ulloa Ziaurriz, directora regional de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Los propietarios del carro fueron detenidos, vinculados a proceso por privación ilegal y el 10 de agosto (día en que se cumplen dos años de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en la entidad) será el juicio.
Los representantes legales de la familia de la adolescente intentaron dialogar con los presuntos captores, con sus familiares, pero ha sido en vano. Sólo el silencio le responde a sus padres y a su hermana, testigo presencial de los hechos.
Yamilé no se fue con el novio, como aducen las autoridades en la mayoría de los casos de desaparición de las adolescentes. Fue sustraída a la fuerza por dos sujetos y privada de su libertad desde hace más de 18 meses.
Se triplican casos de niñas y adolescentes desaparecidas
El caso de la adolescente sureña es tan sólo uno entre las 222 menores de edad reportadas como desaparecidas durante el sexenio de Graco Ramírez en Morelos (desde octubre de 2012 hasta junio de 2017), según las fichas difundidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Organización Alameda Morelos (AM), dedicada a la difusión de personas reportadas como desaparecidas.
En los cinco años que lleva al frente el perredista Graco Ramírez, se han reportado 27 menores (de meses de nacidas hasta los 9 años) y 195 adolescentes (de los 10 a los 17 años).
De este universo, según la propia Fiscalía, se han localizado a 145 de las niñas y adolescentes reportadas como desaparecidas, es decir poco más del 60%, sin que la dependencia revele los pormenores de su localización, si éstas regresaron solas a casa o si fue derivado de las investigaciones que dicha instancia debe iniciar.
Las condiciones en que éstas desaparecieron, a decir de la FGE, van desde la sustracción de las menores por parte de alguno de los progenitores o parientes cercanos, problemas familiares, relación amorosa y el “enganchamiento” a través de redes sociales, de los cuales la dependencia estatal reporta al menos seis casos.
De 2013 a la fecha, las desapariciones reportadas por ambas organizaciones (FGE y AM) se multiplicaron. Del año 2013, están activas nueve fichas, una de una menor y ocho de adolescentes. En ese año, sólo una joven de 15 años fue localizada.
En 2014 la cifra subió a 11 de las cuales fueron localizadas seis; pero en 2015, la cifra llegó a 35, cinco de ellas siguen sin ser localizadas.
Para 2016 la cifra se triplicó. Fueron 97 niñas y adolescentes las desaparecidas, 73 localizadas y de 24 aún se desconoce su paradero, entre ellas el caso de Yamilé Sinaí.
En el primer semestre de 2017, persiste la tendencia a la alta ya que durante los meses de enero a junio, fueron 59 las menores reportadas como desaparecidas, 34 están localizadas pero la mayoría siguen sin ser ubicadas.
La trata, un delito que no se investiga
A pesar de que Morelos está considerado dentro de la ruta crítica entre Guerrero, la Ciudad de México y Tlaxcala, “cuna de los proxenetas” en México, las autoridades estatales han negado la presencia de tratantes o negocios dedicados a esta actividad ilegal en el estado.
El discurso oficial, en voz del secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, responsable de la política interna del estado, el problema se redujo a una decisión personal de irse con el novio, sin que haya presentado el análisis de cada uno de ellos.
En agosto de 2016, Ulloa Ziaurriz denunció que alrededor de mil 500 niñas y adolescentes son explotadas sexualmente en Morelos.
La activista detalló que niñas y adolescentes, con mayor incidencia en jovencitas de 15 a 16 años, han sido detectadas en bares, botaneras, spas, servicios de escorts y burdeles en todo el estado, pero los municipios con más locales del llamado giro rojo son Yautepec, Temixco y Jiutepec, tres de los ocho donde desde hace dos años fue decretada la Alerta de Violencia de Género.
“Los negocios de este tipo han proliferado, lo que es una clara violación a la propia AVG, hay pasividad de las autoridades municipales porque no han entendido que la responsabilidad de la prevención y persecución delito es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los tres Poderes, no basta con que haya leyes, debe asignarse un presupuesto para ello”, subrayó.
La semana pasada, el gobierno del estado inició una campaña en contra de la trata de personas, sin dar a conocer cifras de las víctimas que son blanco de explotación sexual o laboral. Tampoco ofreció un diagnóstico de la condición que guardan los 33 municipios en referencia a este flagelo ni acciones concretas para abatirlo.
El pasado domingo, Teresa Domínguez, titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, admitió que el delito de trata de personas va en aumento en la entidad, principalmente en el municipio sureño de Jojutla.
Sin embargo, su afirmación se basó únicamente en lo investigado por la organización “Todos contra la trata”, que en un diagnóstico entregado a las autoridades estatales advirtió sobre dicha localidad así como en el bulevar Cuauhnáhuac, que comprende Cuernavaca y Jiutepec, dos de los municipios con mayor población, y donde están ubicados una serie de hoteles de paso, botaneras y bares. Sobre cifras o investigaciones oficiales no pudo dar cuenta.
A pesar de ello, las autoridades no han informado sobre operativos o detenciones de grupos criminales dedicados a estas actividades ilegales.
“Cuando hay delincuencia organizada, ni los propios jueces federales le quieren entrar, se declaran incompetentes y por ende las niñas, adolescentes y jóvenes son reducidas a simples objetos sexuales”, acusó la directora regional de Catwlac.
Pamela “N”, una sobreviviente de trata, pidió a las autoridades investiguen la relación que guardan las desapariciones de niñas y adolescentes, ya que los padrotes, como se les conoce a los proxenetas, al no tener éxito con sus “enganchadores profesionales” o en redes sociales, recurren a la privación ilegal de sus víctimas.