Redacción SL
Temixco, Mor.- La iglesia católica, organizaciones civiles, académicos de la UAEM y abogados colegiados anunciaron una alianza para detener el proyecto de la empresa Alamos Gold en la comunidad indígena de San Agustín Tetlama, municipio de Temixco, donde pretende extraer oro y plata en caso de que la Semarnat autorice la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presentarán en el segundo semestre de este año.
Saúl Roque Morales, representante del Consejo de Pueblos en Morelos, convocó a legisladores locales, federales, alcaldes y funcionarios del estado a pronunciarse en contra de este proyecto minero porque, dijo, sus efectos de contaminación en acuíferos, bosques y suelos es irreversible, pero sobre todo exigió a Alamos Gold y respetar la decisión de los pueblos y ciudadanos sobre ese tipo de proyectos.
“No queremos ningún daño para las futuras generaciones. Es parte del trabajo y nuestra obligación, y creemos que debe ser para toda la sociedad, porque nadie en el estado está exento de sufrir las consecuencias de esta explotación minera”, expuso.
En su participación Rafael Monroy Ortiz, maestro en urbanismo por la UNAM y especialista en biodiversidad, sostuvo que es tal el nivel de contaminación que provocaría la explotación de yacimientos en el cerro del Jumil que la primera MIA que presentó Álamos Gold fue rechazada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en una revisión del proyecto actual, aseguró, se demuestra que sus propuestas de remediación no tienen un sustento científico.
Por su parte el presbítero Abel Guadarrama Guadarrama, responsable del área de Ecología de la Diócesis de Cuernavaca, anunció que en los próximos días comenzarán desde las parroquias a informar y tener actividades en torno al bien de la ecología y de la vida humana. Estos trabajos y su participación en el Movimiento morelense contra la minería tóxica, aseguró, están avalados por el obispo Ramón Castro Castro y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
“Desde la Iglesia, la dirección de Ecología, tenemos que apoyar a los diferentes proyectos a favor de la vida, que desde la Pastoral Social de la iglesia promueve el bien de la vida humano y todo su entorno. Entonces desde las parroquias se va a empezar un trabajo diocesano para informar y tener actividades en torno al bien de la ecología y de la vida humana”, precisó el párroco.
En su intervención el abogado Jesús Alberto Escobar Salazar, especialista en Derecho ambiental con tesis sobre la minería en México, pidió el apoyo de diputados locales para reformar la ley estatal sobre
Los diputados no han dado respuesta a la invitación de los pueblos y al movimiento.
Actualmente Morelos presenta seis conflictos socio ambiéntales, reconocidos a nivel internacional, uno de esos es por ejemplo que la extracción de minerales no metálicos generan un impacto en las colonias cercanas y por ejemplo en el sismo de 2017 hubo varias colonias afectadas por la minería no metálica y la empresa no los apoyo.
En su opinión se debe revisar la Ley de Equilibrio Ecológico pero con la participación de los pueblos interesados y sobre todo con la comunidad científica que tiene estudios de fondo que avanzan esta situación.
Alamos Gold, subsidiaria de la empresa Esperanza Silver, afirma que en caso de lograr los permisos de explotación invertirá 500 millones de dólares en los próximos 10 años y generar alrededor de 8,000 empleos entre directos e directos. El área de trabajo se acotará sobre 1,066 hectáreas de terrenos de la comunidad de San Agustín Tetlama, con un tipo de producción de oro y plata, conforme con la ficha técnica.
Por su lado el movimiento morelense contra las concesiones de minería a tajo abierto denunció en diciembre pasado que la empresa “Globexplore” introdujo maquinaria de perforación minera de barreno profundo en el cerro Colotepec, pero presuntamente sin los permisos para realizar trabajos de exploración minera.
La vocera de este movimiento, Lilian González Cheves dijo que el proyecto minero impacta a más de 200 mil habitantes que viven a 10 kilómetros a la redonda, y no es un asunto de 150 comuneros y sus familias, sino que el impacto va más allá de los terrenos que pertenecen a los bienes comunales.