JUSTINO MIRANDA
CUERNAVACA, Mor.- La primera amenaza en su contra ocurrió a finales de enero. Gabriela Pérez Cano era precandidata a diputada federal por el V Distrito Electoral. Un grupo de sujetos cubiertos del rostro irrumpió en su domicilio, situado en el municipio de Ayala, al oriente del estado, pero sólo encontraron a su hijo, un adolescentes de 14 años de edad. Le dejaron el mensaje: “Abandona la candidatura”.
En la carpeta de investigación CT-UIDD-C/374/2015 de fecha 26 de enero se cita que el grupo delictivo amarró a su hijo y le pidieron decir a su mamá que tenía que renunciar a la candidatura.
Pérez Cano, militante del PAN y aspirante a la contender en los comicios de junio venidero, siguió su campaña y obtuvo la nominación a diputada federal por el V Distrito, que comprende los municipios de Yautepec, Tepalcingo, Jonacatepec, Temoac, Jantetelco, Zacualpan de Amilpas, Ayala, Axochiapan y Tlaltizapan.
Quienes irrumpieron en su hogar a finales de enero cumplieron su amenaza y el martes pasado nuevamente ingresaron a su hogar, en horas de la noche, para encañonar a Pérez Cano y su asistente Karen Castillo Campuzano, que dormían en cuartos separados en su domicilio, dijo el dirigente estatal del PAN en Morelos, Oscar Velasco Cervantes.
Esta vez la amenaza fue de muerte por su presunta participación en la contienda electoral. Dijeron que fueron enviados por una persona poderosa. La denuncia fue presentada el miércoles ante la Fiscalía Regional Oriente, con sede en el municipio de Cuautla, bajo la carpeta de investigación CT-UIDD-CM068/2015 por los delitos de amenazas, allanamiento y lo que resulte.
El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, denunció los hechos en un comunicado de prensa, y dijo que los agresores exigieron dinero y al no recibirlo cortaron cartucho de sus armas para elevar el nivel de la amenaza. Los sujetos dejaron a las mujeres no sin antes robar aparatos electrónicos diversos.
Madero exigió a las autoridades estatales y federales brindar protección física y psicológica para la candidata a diputada federal, y lo que obtuvo fue la asignación de una patrulla por tres días, afirmó el dirigente estatal Oscar Velasco.
El viacrucis del PAN
Desde finales de enero la dirigencia estatal del PAN asumió la defensa de su correligionaria, luego de la primera amenaza por su participación electoral.
Liborio Román Cruz Mejía, Secretario General del PAN en Morelos, dijo que el asunto es tema del partido y por lo tanto “tomarán cartas en el asunto”.
Pérez Cano declaró en su momento que continuará su proyecto político para cambiar la situación en Morelos.
Un mes antes el líder del papismo morelense, Oscar Velasco, informó que ese partido no postularía candidatos en municipios considerados de alto riesgo por la presencia del crimen organizado. Dijo que familiares de uno de sus militantes, aspirantes a una candidatura, fue víctima de un secuestro.
La segunda semana de marzo anunció la sustitución de seis candidatos para alcaldes en municipios de la zona sur, algunos colindantes con el estado de Guerrero, debido a las amenazas de extorsión y secuestro que recibieron de parte del crimen organizado.
Los municipios donde Acción Nacional cambió candidatos fueron Puente de Ixtla, Tlaquiltenango, Amacuzac, Coatlán del Río, Tetecala de la Reforma y Jojutla. Los primeros cuatro están considerados en la franja territorial que delimitó la Secretaría de Gobernación en diciembre pasado, para el Operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente.
Las autoridades policiales consideran que esta zona de Morelos es disputada por los carteles de Los Rojos y Guerreros Unidos, cuyas bandas han reafirmado su presencia con crímenes violentos.
Joel Juárez Guadarrama, Secretario de Elecciones del Comité Directivo Estatal del PAN, dijo que los candidatos designados en esos municipios declinaron su participación porque recibieron amenazas de muerte y de secuestro.
Desde noviembre pasado el PAN divulgó el temor de sus precandidatos para participar en los comicios de junio venidero y entonces el gobierno del estado respondió con la emisión de un protocolo para blindar las elecciones mediante el consensos con todos los partidos políticos en el estado.