Por Leticia Villaseñor
Tepoztlán, Mor., 23 de enero.- “¿Cuál violencia? ¿A dónde?”, respondió Lauro Salazar Garrido, alcalde de este municipio que alberga uno de los primeros pueblos mágicos en el país, cuestionado sobre los asesinatos registrados en la localidad que gobierna en lo que va del año.
Tepoztlán registró 20 asesinatos en 2017, la mayoría hombres que fueron localizados en automóviles, en los límites entre Cuernavaca y Jiutepec. En tan sólo 20 días, este municipio alcanzó los cinco asesinatos. Es decir, en tan sólo 20 días el último caso ocurrió la mañana del pasado domingo cuando fue localizado el cuerpo desmembrado de un hombre sobre la carretera que conduce al municipio aledaño de Yautepec.
“No he visto el parte oficial”, fue la respuesta de Salazar Garrido el pasado lunes, al ser abordado a su llegada al ayuntamiento a las 11:00 horas el pasado lunes. De inmediato el munícipe ingresó a sus oficinas sin decir nada más al respecto.
El pasado 9 de enero un hombre murió al interior de su domicilio en el poblado de San Juan Tlacotenco, a espaldas del cerro del Tepozteco. Las primeras versiones apuntaron sobre una riña familiar que terminó en asesinato, posteriormente se dijo que fue un suicidio. Los familiares impidieron al personal del Servicio Médico Forense el levantamiento del cuerpo a pesar de que ambos casos deben investigarse por ley y practicarse la necropsia.
Una semana después, el día 14, fue localizado el cuerpo de un hombre quien no fue identificado, en el paraje conocido como la Texcalera. La víctima fue lapidada y fue hallada por un campesino propietario del lugar que se disponía a limpiar el terreno.
El día 17, Enrique Israel “N”, de 44 años de edad, fue baleado desde un taxi en movimiento a la altura de la caseta de peaje. Tres días después, Mario “N” de 22 años, fue asfixiado con una agujeta en el poblado de Santa Catarina, según consta en la ficha de levantamiento de la Fiscalía General del estado.
El pasado domingo, el cuerpo desmembrado de un hombre, de unos 35 años, fue dejado sobre el pavimento de la carretera Tepoztlán-Yautepec.
Los vecinos del centro del poblado denuncian una serie de robos al interior de las casas, lo que a su parecer ha incrementado por la inoperancia de las autoridades.
Karla Díaz, vecina del Barrio de la Cruz, dijo ser blanco de un robo a su vivienda cuando la familia estaba ausente, asimismo señaló un robo a un negocio de un vecino, pero advirtió que en ninguno de los casos se levantó denuncia debido a la poca credibilidad que tienen en los ministerios públicos de la Fiscalía.
Esta situación ocasiona variaciones en las cifras oficiales, lo que celebran los funcionarios al darlo como un resultado positivo en torno a la prevención de delitos.
En lo que va del año, se han registrado 54 homicidios dolosos, el peor inicio del sexenio del actual gobernador Graco Ramírez, quien desde 2013 impuso el Mando Único en todo el estado.
Tepoztlán fue el único municipio que obligó a su entonces alcalde perredista Francisco Navarrete Conde a no adherirse al decreto, por lo que trabajó con el MU de manera “discreta.
En 2015, cuando Lauro Salazar buscó el voto para ostentar su actual cargo público, uno de sus compromisos fue el no firmar dicho decreto, que se renovó con el cambio de titulares de las 33 alcaldías, a mediados de ese año.
Un año después, a mediados de 2016, Víctor Manuel Polanco Martínez, entonces vocero del Movimiento en Defensa de la Paz en Tepoztlán, opositor a la ampliación a cuatro carriles de La Pera- Cuautla, denunció que Salazar Garrido mintió a los habitantes de Tepoztlán al trabajar coordinadamente con el Mando Único, por encima de la férrea oposición a ello de los habitantes, por sus constantes abusos, afirmó.
Destacó en aquel entonces que debido a la creciente inseguridad en el municipio, una de las condicionantes para apoyar con el sufragio al entonces candidato a la alcaldía fue eliminar la presencia en el municipio del Mando Único, a lo que se comprometió durante la campaña per no cumplió.
Lo anterior, dijo Polanco Martínez, deriva en un vacío de responsabilidad municipal y estatal, ya que los alcaldes se escudan en el decreto gubernamental para no asumir la responsabilidad en torno a la seguridad y responsabilizan al gobierno del estado de los índices delictivos.
En tanto la Comisión Estatal de Seguridad que designa a los altos mandos en cada localidad para que, presuntamente, éstos no estén vinculados con el crimen organizado, culpa a los presidentes municipales de evadir sus obligaciones especialmente en materia de prevención del delito.