El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo abrió una controversia con el Congreso de Morelos luego de externar que, conforme a versiones extraoficiales, los legisladores piden de entre tres y cuatro millones de pesos a quienes aspiran a una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
“Ojalá se tome en cuenta lo que propone la Barra de Abogados, porque hay intereses de algunos, según rumores de radio pasillo, que están pidiendo de entre cuatro y cinco millones de pesos para lograr una magistratura y no se vale. Ojalá y lo hagan bien.
“Estoy consciente de que muchos abogados necesitan una oportunidad de ser magistrados, pero bueno esa es una decisión que les toca a los diputados y esperemos que no haya un dedazo”, declaró el gobernador tras un evento con enfermeras y enfermeros.
El Tribunal Superior de Justicia lo integran 19 magistrados, pero actualmente trabaja con 17 magistrados porque dos de sus integrantes Nadia Luz María Lara Chávez y Leticia Taboada Salgado, concluyeron sus periodos.
En julio venidero otros cinco magistrados concluirán su periodo de 14 años en el cargo. Ellos son María Idalia Franco Zavaleta, Rubén Jasso Díaz, Carlos Iván Arenas Melgar, Ángel Garduño González y Norberto Calderón Ocampo.
La expresión del gobernador provocó la respuesta del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Francisco Erik Sánchez Zavala, y frente a la prensa desmintió los supuestos rumores en torno a que “se están vendiendo” las plazas para ocupar las magistraturas del TSJ, que quedarán vacantes a mediados de julio de este año.
A pregunta expresa sobre las declaraciones del gobernador que presumió una supuesta «venta de magistraturas», el legislador consideró que si el mandatario estatal “tiene pruebas, está obligado a presentar las denuncias correspondientes”, porque “no se puede jugar con este tipo de declaraciones”.
Sánchez Zavala reiteró que las plazas para magistraturas del TSJ nunca han estado a la venta y sostuvo: “Estamos hablando de cargos de alta relevancia para el estado de Morelos, quienes serán los integrantes del TSJ”.
Finalmente, aseguró que vender las plazas sería ponerlas a disposición de personas con intereses perversos que tengan los recursos económicos y que buscarían tener el control del Poder Judicial; insistió que hacer los nombramientos de las o los nuevos magistrados es un tema prioritario para el Congreso del estado.
