Por Antonella Ladino
Cuernavaca, Mor., 18 de julio.- El Foro Morelense de Abogados presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado, contra los diputados del Congreso local por aprobar un paquete de jubilaciones para funcionarios de la actual administración.
La denuncia es contra 29 de los 30 legisladores, con excepción del diputado del Humanista, Jesús Escamilla, por los delitos de ejercicio ilícito, ejercicio indebido del servicio público y coalición de servidores públicos, afirmó el presidente del foro, Pedro Martínez Bello.
Lo anterior después de que la madrugada del domingo pasado los diputados aprobaron las jubilaciones para varios funcionarios de la administración estatal que termina el 30 de septiembre, entre los que destaca el secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna y la secretaria de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez.
También fueron jubilados el extitular del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Fernando Pacheco Godínez, Francisco Velázquez Adán, ex director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal; Stephanie Guzón André, secretaria Ejecutiva de la Gubernatura y Denya Flores Rendón, ex candidata del PRD a la presidencia municipal de Tepoztlán y esposa del diputado Francisco Navarrete Conde.
En la denuncia los abogados también acusan diversas acciones que han realizado los diputados como otorgaron al titular de la Fiscalía General la facultad de designar al Fiscal especializado en combate a la corrupción, a pesar de que se trata de una fiscalía especializada e independiente cuya facultad de designación debe ser independiente a los órganos de poder.
La creación de dos plazas más en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) a iniciativa del diputado Mario Chávez, para colocar a su esposa en este cargo, pero además con una ampliación a siete años.
Ampliar las facultades del fiscal general de justicia del estado, quien ahora tendrá bajo su responsabilidad el Centro de Control y Confianza, el centro de justicia para las mujeres y la procuraduría de protección de niños y adolescentes, dijo Pedro Martínez.
Así como por la reorientación de recursos económicos del presupuesto estatal, para aumentar presupuesto al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para el funcionamiento de dos magistraturas más.