Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 24 de junio.- Familiares de Oliver Wenceslao, una de las víctimas inhumadas ilegalmente en 2014, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Fiscal General del Estado por su presunta omisión en la indagatoria de la carpeta de investigación, que se sigue contra servidores públicos citados en el hecho.
David Marroquín Ojeda, abogado de la familia Hernández Hernández, explicó que la denuncia es por la presunta omisión cometida por Uriel Carmona Gándara respecto al seguimiento de investigación sobre los presuntos implicados en las inhumaciones sin los protocolos de ley que realizó la dependencia estatal, y a pesar de que algunas de las víctimas que estaban identificadas fueron enterradas en una fosa común en calidad de desconocidos.
Llevamos dos años de supuesta investigación que no ha realizado el Ministerio Público, acusó el abogado y aseguró que hasta ahora no hay una diligencia tendiente a investigar los hechos ni la identidad de los probables responsables. Todo lo anterior, subrayó, a pesar de que en la recomendación 48/2016 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se señalaron a 42 implicados cuyos delitos van desde abuso de autoridad, violación a las leyes de inhumación y exhumación de cadáveres; falsificación de documentos y ejercicio indebido del servicio público, entre otros. De todos ellos, agregó, sólo tres están vinculados a un delito sin que hayan sido sancionados por ello y se corre el riesgo, observó, de que los delitos prescriban y los servidores y exservidores públicos queden impunes de su responsabilidad.
Marroquín Ojeda dijo que prácticamente desde noviembre de 2017, cuando aún era fiscal Javier Pérez Durón, se realizaron las últimas indagatorias pero a su salida, a principios de 2018, su sucesor Carmona Gándara paralizó y obstaculizó el curso de la carpeta.
Según el abogado, a pesar de que hay elementos probatorios en contra de la exdirectora de Servicios Periciales Ana Lilia Guerrero Moreira por falsificación de documentos y el uso de los mismos, el actual fiscal general ordenó al agente del Ministerio Público Pablo Casales Rivera que no solicitará la Formulación imputación por los delitos referidos, sin que conste ninguna razón jurídica para ello y sin que se solicitara en la audiencia intermedia, realizada la semana pasada, y que fue diferida debido hasta el momento de la misma se le entregó información a la parte acusada.
El abogado que lleva la querella por la inhumación ilegal de Oliver Wenceslao y de los 118 cuerpos depositados en un camposanto en el poblado de Tetelcingo, en Cuautla, admitió que el caso tiene varias aristas, como el conflicto de intereses al exigirles a los MP que investiguen a sus propios compañeros o incluso superiores, y reveló que al menos una docena de agentes se han negado a llevar el caso.
Ante ello exigió a Juan Salazar, titular de la Fiscalía Anticorrupción, investigue si existen o no datos probatorios para la comisión de un delito contra quien es considerado como su jefe, Uriel Carmona, quien lo ratificó en el cargo en agosto pasado.
En caso de que existan elementos, señaló, debe dar vista de inmediato al Congreso del Estado para que ellos procedan a su suspensión o en su caso hasta su destitución, dijo. La idea de esta denuncia es que las autoridades competentes hagan su trabajo, de no hacerlo, recordó, están supeditadas a un control jurisdiccional en cuyo caso serán los jueces de control los que deben examinar la omisión o el incumplimiento de la investigación, pero es muy obvio que algo no está funcionando con la investigación, con la Fiscalía General, con los agentes del Ministerio Público, con los fiscales, con todas las personas que han tenido contacto con la investigación, aseguró el litigante.