Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 20 de diciembre.- La petición del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para remover a los fiscales Uriel Carona y Juan Salazar fue desechada por el Legislativo porque se venció el plazo para la discusión del tema y los diputados no se pronunciaron al respecto. Ahora el legislativo espera la notificación para analizar una nueva estrategia jurídica.
La solicitud para destituir al fiscal general y al fiscal Anticorrupción tenía un plazo de 15 días para ser analizada y votada por el pleno pero fue frenada ante una suspensión provisional que obtuvo el Fiscal general, en tanto el lapso otorgado por ley para pronunciarse al respecto se venció, expuso el diputado morenistaMarcos Zapotitla Becerro.
El Ejecutivo tendrá que valorar si presenta una nueva solicitud u otra estrategia jurídica, detalló el legislador, porque la ley es muy clara y el no tener los exámenes de Control de Confianza, si bien es una irresponsabilidad por pare del fiscal general, no está contemplada como causa grave para destituirlo, explicó Zapotitla Becerro.
El legislador se ha pronunciado a favor de la destitución del “fiscal carnal”, quien fue nombrado por el exgobernador Graco Ramírez para permanecer en el cargo por nueve años tras una reforma hecha por la anterior Legislatura.
Zapotitla Becerro abundó que se encuentra en trámite una reforma a la ley correspondiente porque los anteriores diputados adecuaron la ley para que el fiscal general encabece la comisión de reformas pero es juez y parte de cualquier cambio en su contra, expuso.
Recordó que desde hace 40 días le pidieron sus propuestas sobre los cambios a la Ley Orgánica pero el Fiscal ha sido omiso y “es claro que no quiere por lo que la comisión tendrá que pronunciarse y seguirá el curso legal”, concluyó.
En tanto, el consejero jurídico del Ejecutivo, Samuel Sotelo, dijo que no han sido notificados sobre el rechazo de la petición del Cuauh, que incluyó la remoción del fiscal Anticorrupción, a pesar de que esa es facultad sólo del fiscal general.
Desconocemos las razones por las que no se pronunciaron los diputaos, declaró, entendemos que hay una suspensión que les impide hacerlo, es una cuestión jurídica.
El funcionario aseguró que el no contar con los exámenes de Control de Confianza es una causa grave para su destitución, pero expresó que espera la notificación y hasta entonces determinará lo conducente.