Por: Uzziel Becerra*
Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina y el gobierno se ha preparado para celebrarlas, pese a las recomendaciones sanitarias por el riesgo de propagación en eventos multitudinarios, en la Ciudad de México, colocando, de acuerdo con la tradición mexicana, los símbolos nacionales que apelan a los sentimientos nacionalistas e independentistas, exacerbando la idea de soberanía nacional y, en el contexto de una poderosa narrativa histórica del gobierno actual, la celebración de una transformación del país, la cuarta a juicio de MORENA y el presidente López Obrador. Sin embargo, la colocación de un águila distinta a la de la bandera nacional ha puesto en el centro del debate público las posturas a favor y en contra de su utilización, por considerarse propaganda electoral y violar la ley de los símbolos patrios.
El águila colocada en el Zócalo Capitalino es una adaptación del águila juarista con la del escudo nacional, misma que López Obrador ha utilizado incluso antes de la constitución de Morena, cuando en el año 2006 se autoproclamara presidente legítimo, perdiendo las elecciones ante Felipe Calderón Hinojosa (una de las más polémicas y cerradas de la historia reciente del país, según la autoridad electoral). Tras un intercambio de posiciones y debates en redes sociales, los más sonados entre Felipe Calderón y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, se develó el desconocimiento general sobre el origen histórico y simbólico de las banderas mexicanas, de su herencia cultural sincrética y de la propia ley que rige su utilización.
Recordemos que el águila real mexicana es un ave que habita en la zona norte del país, y que fue adoptada como símbolo desde inicios de la fundación del pueblo mexica hasta el movimiento independentista, como símbolo de fuerza, valentía y libertad, mismo símbolo que se ha utilizado en muchas naciones (en sus respectivas águilas) para apelar a la grandeza y liderazgo (sí, incluyendo la del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán). La que se colocó en el Zócalo se llama águila juarista porque fue precisamente utilizada por el Benemérito de las Américas, Benito Juárez, quien la instauró en los símbolos patrios desde 1867 hasta 1887, quitándole la corona que la revestía, como signo del desprendimiento del yugo monárquico, por el derrocamiento del Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo, época de la república restaurada.
Independientemente de su tratamiento histórico y propósito simbólico, desde febrero de 1984 existe una ley vigente que regula el uso oficial, características, difusión y exhibición de los símbolos patrios de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. En el artículo segundo de dicha ley se señala que el Escudo Nacional está constituido estrictamente por un águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate; con el plumaje de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar, a una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas del nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas que, cuando se representa el Escudo Nacional en colores naturales, corresponden a los de la Bandera Nacional. Como se puede apreciar, con características muy alejadas del águila juarista.
La Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales ordena en su artículo quinto: “Toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, el cual no podrá variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia.”, por lo que, jurídicamente hablando, no hay posibilidades de que el águila juarista sea utilizada, exhibida o promovida en las próximas fiestas patrias, ni por una determinación administrativa, pues el mandato de ley es superior a la discrecionalidad administrativa que pudiera gozar la Presidencia de la República.
Incluso en el portal de la Secretaría de Gobernación, en la sección de preguntas sobre el tratamiento del Escudo, Bandera e Himno Nacional, se precisa que, aunque dichos emblemas pueden ser utilizados en domicilios particulares, inmuebles, oficinas, empresas o lugares públicos, se deben respetar las características de diseño y proporcionalidad originales y prescritos en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, por lo que el uso del águila juarista, pese a su intencionalidad en términos históricos y simbólicos, no puede ser promovido según la Ley. El artículo sexto de la Ley señala que “…las Instituciones y personas físicas, previa autorización de la Secretaría de Gobernación y apegándose estrictamente a lo establecido en los artículos 2o. y 5o. de la presente Ley, podrán reproducir el Escudo Nacional cuando contribuya al culto y respeto de dicho Símbolo Patrio, así como a difundir su origen, historia y significado”.
El problema de fondo es que la justificación para utilizar el águila juarista es consentida por el gobierno en turno y su partido, es decir, se rehúsan a acatar la Ley y prefieren fortalecer sus narrativas históricas y sus recursos simbólicos en perjuicio del respeto irrestricto a los símbolos patrios, haciendo que la sociedad mexicana tome el asunto como un tema menor, una excusa más de la oposición para encender las redes sociales y hacer alarde. Sin embargo, en esta ocasión la razón les asiste a los opositores. Cuando un gobierno invita a los habitantes a solapar, junto a ellos, las exigencias legales y formalidades esenciales para actos públicos, invita a evadir, violar y transgredir la ley, en perjuicio del estado de derecho.
“Tal vez lo que más, más, más les moleste es que estamos recuperando los principios de Juárez, la justa medianía, austeridad republicana, el respeto al derecho ajeno. Tal vez eso es lo que está en el fondo y nosotros no, al revés, queremos reivindicar al mejor presidente que ha tenido México, que es Benito Juárez”, defendió ante los medios de comunicación la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, a manera de réplica, el expresidente Calderón señaló “También el PRI se apropió a la mala de los colores de la bandera. Ustedes son peores, porque hay que agregarles hipocresía. Creo que usted es suficientemente inteligente como para entender que el problema no es el billete de 20 pesos, sino México. No me decepcione”, publicó en sus redes sociales.
En efecto, en las épocas posrevolucionarias tempranas en las que el partido hegemónico buscaba articularse y generar grandes estructuras que pudieran servir para canalizar la actividad pública y la formación de los liderazgos políticos, buscó determinar en sus colores los mismos de la bandera de México. Así, la intención del Partido Revolucionario Institucional fue apropiarse del elemento simbólico nacional para crear el efecto de alusión directa entre México y el partido; entre el partido hegemónico y el gobierno no había diferencia alguna, era un partido de Estado. Ahora, Morena busca hacer lo mismo, pero apropiándose de los supuestos principios de Juárez y de un republicanismo ambiguo, en la construcción de una narrativa de gestión gubernamental con dimensiones históricas trascendentales. Aunque el origen del águila es lejano, en realidad su utilización fue aprovechada primero por el partido Movimiento Ciudadano, y luego explotada por Movimiento Regeneración Nacional, pese a que no se encuentra regulada en los estatutos del partido.
Bajo la perspectiva de que la utilización del águila juarista pertenece a una estrategia electoral, el gobierno también se equivocaría al pretender promocionarla en tiempos electorales, pues el artículo 32 Bis de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales prohíbe que las personas físicas e instituciones puedan usar la Bandera Nacional para promover su imagen, bienes o servicios. Y aunque el Partido Acción Nacional ya expresó en medios su rechazo y sus intenciones de acudir ante el INE para interponer una denuncia por la utilización de esta figura con fines electorales, en realidad la competencia para vigilar el cumplimiento de la Ley sobre el Escudo, Bandera e Himno nacional es de la Secretaría de Gobernación, pues dicha competencia se le otorga en su artículo 55, mientras que el artículo 56 dice en su fracción I. que “alterar o modificar las características de la Bandera Nacional establecidas en el artículo tercero de la misma Ley constituye una infracción a la ley”, por lo que no hay un escenario realista en el que SEGOB le exija al gobierno su acatamiento.
No se podría argumentar contra la importancia de promover la historia de México (en el entendido de que exista una visión heterodoxa y no unívoca-oficial), aunado al cúmulo de experiencias históricas que orientaron la determinación política de la bandera mexicana cuando se moldeaban los aspectos fundamentales del sistema político mexicano, pasando por la bandera independentista de Hidalgo, la del Ejército Insurgente, la bandera de Morelos, la bandera de Iturbide, de Maximiliano, la bandera de los juaristas, la de Porfirio Díaz, la bandera de Venustiano Carranza, y la actual, definida en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en 1968, confirmada en 1984 por la Ley en la materia, junto a todas las banderas no reconocidas oficialmente pero que se izaron en diversas luchas y conflictos internos para exigir justicia, paz y libertad. Pero sí se puede exigir, desde la ciudadanía, que se respete la ley en el caso concreto y que se establezcan espacios más abundantes y específicos para la formación cívica, el conocimiento de la bandera de México y la reflexión sobre la historia del país.
*Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos. Y Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la UAEM.