El eslabón más débil

En tercera persona |Por Héctor de Mauleón

En los primeros días de noviembre de 2012 circuló la noticia de que existían 60 plazas vacantes en la Secretaría de Seguridad Pública de Jiutepec, Morelos. Varias semanas después, el entonces secretario municipal admitió que las 60 plazas seguían vacantes porque no había personas interesadas en ocuparlas.

Por esos mismos días la prensa reveló que en el estacionamiento de la misma Secretaría, 26 patrullas estaban abandonadas, por falta de gasolina. De 50 litros diarios que se destinaban a cada unidad se había pasado a 25, y luego a nada. El Ayuntamiento declaró que no había recursos para echar a andar las unidades; de acuerdo con un diario local, aquel día de finales de 2012 sólo una de esas patrullas salió a la calle. La gasolina la había pagado, de su bolsillo, un par de uniformados.

El mismo día, varios ayudantes municipales que solicitaban audiencia al director de gobierno del estado, denunciaron que las finanzas municipales estaban colapsadas y que había 26 obras públicas sin terminar. Se adeudaban los salarios de varios trabajadores.
Esos eran los días en que los Guerreros Unidos se apoderaron de Jiutepec. Ese año, el municipio sería ubicado como el treceavo más peligroso de México, por su suma de homicidios , secuestros, violaciones, lesiones y extorsiones, y como el cuarto a nivel nacional por su índice de robos con violencia.

Un operador de los Guerreros Unidos, Noé Catalán, acababa de asesinar a los líderes en Morelos de la organización conocida como Los Rojos: Antonio Román, La Moña, y Crisóforo Maldonado, El Bocinas. Al año siguiente, 2013, se reportaron en Jiutepec 68 casos de personas secuestradas, desaparecidas o levantadas.

La inseguridad en ese municipio se había desbordado desde 2006. Dos años mas tarde, cuando el entonces director de la policía municipal, Jorge Alberto Vargas, fue secuestrado y asesinado, quedó claro que quien mandaba en la región era la delincuencia.

Pero la delincuencia prácticamente no fue tocada en los últimos tres trienios, hasta que estalló el escándalo de Iguala. A consecuencia de ese escándalo, uno de los líderes de Guerreros Unidos se suicidó en Jiutepec para evitar ser detenido.

Está de moda decir que los municipios son el eslabón más débil. ¿Cómo se convirtió Jiutepec, simultáneamente, en una de las peores pesadillas de México? Le hice esa pregunta a la alcaldesa Silvia Salazar Hernández, quien llegó al cargo en diciembre de 2012 y encontró un municipio absolutamente quebrado. Las cifras que exhibió ponen la carne de gallina.

Jiutepec es el municipio que más ha crecido en Morelos: se extendió por cerros, barrancas, áreas ecológicas. Ahí sólo existen dos primarias y tres secundarias (su población: 196 mil 860 habitantes). El porcentaje de abandono escolar es de 25.43%.
Poco más de 67 mil personas carecen de acceso a la salud pública y sólo poseen atención de primer contacto: consulta, vacunas, referencia a especialidades. Entre las mayores causas de morbilidad se encuentran las infecciones intestinales: en la mayor parte del municipio el agua está contaminada, la mayor parte de las redes se hallan en mal estado, el 61% de la población no tienen acceso a la red de saneamiento.

En Jiutepec, el 37% de los habitantes ganan menos de dos salarios mínimos.

El nivel de violencia intrafamiliar es de los más altos del país. De hecho, las riñas familiares constituyen la segunda causa de llamadas de auxilio a la policía municipal. Abundan el robo a transporte, el robo a transeúntes, el robo de automóvil, el robo a negocio, el robo a casa habitación. En 2012 fue el tercer municipio de Morelos con más secuestros.

La mayor parte de las personas involucradas en ilícitos son menores de 20 años. Según la alcaldesa, “los criminales los reclutan, los mandan a robar, les piden cuotas: determinado número de autos, determinado número de robos a transporte”.

Hace unos días glosé en este espacio una ficha de inteligencia que señala a Jiutepec como centro de operación de Guerreros Unidos y revela una alta probabilidad de que la policía local hubiera protegido a dicha organización. La alcaldesa afirma que desde la instalación del Mando Único en el estado, a principios de 2014, la policía municipal dejó de estar bajo las órdenes de los alcaldes. “Sólo responde al gobierno estatal, nosotros no tenemos mando sobre ella. Si hay alguna infiltración, quien debe aclarar es la autoridad estatal”.

Salazar tiene un presupuesto de 420 millones de pesos al año y recibió de su antecesor una deuda de 400 millones. Afirma que el verdadero problema de Jiutepec es la corrupción que aflora por todos lados. “si te destinan un presupuesto, la dependencia o el diputado que lo etiquetó manda a un gestor a cobrar comisión o exigir un ‘moche’ para que pueda ‘bajar’ el recurso. Para que el cabildo apruebe la cuenta pública, exigen dinero o plaza…”.

“Al igual que Iguala -concluye-, Jiutepec es víctima del sistema político. Estos municipios, desprotegidos, son el fracaso de este sistema político”.

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