Por Oswald Alonso
Manolo Agüero moría del miedo, solo así se entiende que llevara a provocadores profesionales para minimizar a los activistas encabezados por el investigador del Colegio de México (Colmex) Sergio Aguayo (autor de diversos libros), que en su momento con pruebas científicas, lograron revertir que el predio los Venados (miles de metros cuadrados), el corporativo ARA –dueño del terreno-, construyera un complejo habitacional que en definitiva acabaría con la forma de vida de los habitantes del municipio de Jiutepec, por lo menos de la zona.
De origen, el predio pertenece a la constructora Ara, quien en 2006 obtuvo del entonces edil del PAN Demetrio Roman Isidoro, licencia para construir miles de casas ahí. Se trata de un terreno de 56 mil metros cuadrados que alberga a cientos de árboles. El proyecto consideraba la tala de la mayoría, entonces intervinieron activistas e investigadores de prestigio como Sergio Aguayo, avecindado en Jiutepec.
Los investigadores, entre ellos especialistas en el tema de la biodiversidad y ecología, establecieron que si bien era un predio propiedad privada, en realidad se trataba de uno de los únicos pulmones verdes en la zona metropolitana, de ahí la importancia de que tratándose de un asunto de interés público el gobierno municipal debía actuar en consecuencia y hacer del predio un parque público para proteger ese pulmón.
Los vecinos e investigadores recuerdan que fue precisamente René Drucker coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, quien junto a un grupo de investigadores en varias disciplinas, realizaron un estudio del entorno urbano para soportar la petición de que fuera un parque.
Pero algo pasó. La empresa cedió a la pretensión con la propuesta de entregar el predio al pueblo siempre que el ayuntamiento diera un predio en otro lugar para ahí construir las miles de casas. El ayuntamiento aceptó pero para comprar un predio pidió autorización de un préstamo por 200 millones de pesos, que hasta ahora no se sabe nada sobre su destino porque al final los ediles Rabindranath Salazar, Miguel Ángel Rabadan y Silvia Salazar, en una actitud de complicidad y corrupción, taparon el destino real de los recursos y las razones por las que nunca concretaron hacer el parque Los Venados.
El investigador del Colmex, Sergio Aguayo escribió sobre el conflicto en que participa:
Tengo a Jiutepec metido en mis afectos. Desde hace 36 años me refugio cada que puedo en uno de sus fraccionamientos y, para corresponder a la hospitalidad, he acompañado las luchas ciudadanas por salvar el ambiente. En la defensa de Los Venados los dos protagonistas han sido Carmen Rodríguez de Gante e Isaac Medardo Herrera Avilés; desde 2007 han dialogado y se han enfrentado con cuatro presidentes municipales perredistas que han escrito una comedia de enredos.
En 2006 ganó la presidencia Rabindranath Salazar del PRD (o Rabín como también se le conoce) y se puso del lado de los vecinos: prometió el parque y para cumplir negoció con Consorcio Ara el canje de Los Venados por otro predio de extensión similar en otra parte del municipio. La empresa aceptó y poco antes de dejar el cargo Rabín adquirió un predio en abonos; incluía una cláusula tan ruinosa para el municipio que fue incapaz de cumplir y el municipio perdió millones de pesos en penalidades.
Después de Rabín llegó Miguel Ángel Rabadán (PRD) quien obtuvo un crédito por 200 millones; de ese dinero dedicó 48 millones a la adquisición de un «terreno para canje[ar por] ‘Los Venados'». Por razones que ignoro la siguiente presidenta, Silvia Salazar Hernández (PRD), en lugar de hacer el canje con la empresa y cumplirle a los vecinos donó el terreno a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). En resumen, la permuta jamás se hizo, el Consorcio Ara sigue siendo el dueño de Los Venados y ya empezaron a marcar los 1099 árboles que serán talados para iniciar la construcción de casas.
Seguramente el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido, ignoraba el enredo cuando el pasado primero de enero aseguró, en la toma de posesión del nuevo presidente de Jiutepec (José Manuel Agüero Tovar, PRD), que «en 2016 inicia[rá] el rescate del predio ‘Los Venados'» y se construirá el parque.
El parque de Los Venados es un ejemplo del desorden, la ineptitud y la corrupción que tanto abunda en las cúpulas gobernantes y que facilita la implantación y expansión del crimen organizado. Jiutepec es un municipio prioritario en la estrategia federal contra la delincuencia y el actual presidente municipal perredista, Agüero Tovar, debería arreglar el revoltijo dejado por Rabín y Rabadán (actualmente en Morena) y por Silvia Salazar. Podría negociar con la UAEM una revocación de la donación ya que la Universidad no empezó a construir cuando lo prometió. Sería además un acto de justicia elemental porque un municipio de 200 mil habitantes carece de parques. Los Venados sería el primero.
El pasado 15 de junio ocurrió un nuevo hecho que nos dice de qué está hecho el nuevo edil del PRI con nueva piel de PRD Manuel Agüero Tovar (Manolo), frente al persistente conflicto social de Los Venados. Se realizó una sesión del cabildo pública donde se pronunciarían los regidores respecto del permiso de construcción al parecer aun vigente.
“Manolo”, como le llaman al presidente municipal, llevó a cientos de seguidores para evitar, como en los mejores tiempos del PRI, que los investigadores y activistas expusieran la larga lista de corruptelas, incluida la omisión de Agüero en el conflicto.
Cuando Sergio Aguayo exponía, los cientos de seguidores de Agüero chiflaban y gritaban frases no muy agradables para nadie, menos para quienes defienden la utilidad pública de un terreno que podría ser en el mejor de los casos un parque.
En ese cabildo público, los regidores de Jiutepec rechazaron haber sido ellos quienes autorizaron la construcción de vivienda en el predio Los Venados, en todo caso, dijo Agüero, como todo “demócrata” de izquierda, que sean los ciudadanos los que decidan mediante una consulta ciudadana organizada por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).
Lo que está en verdadero riesgo en ese predio, es la nada insignificante cantidad de árboles que se quieren derribar. La solicitud de ARA fue la de derribar mil 66 árboles a cambio de pagar un millón y medio de pesos. Ese es el tamaño del conflicto ambiental en este municipio donde el PRD ya dio muchas muestras de corrupción, compadrazgos y enriquecimiento ilícito.
La solicitud ciudadana es legítima: Convertir un predio en un parque público pero como ha ocurrido históricamente son los políticos los que echan a perder las buenas ideas civiles. Manolo Agüero está obligado no sólo a hacer la consulta pública como lo propone para saber la utilidad del predio, sino también, denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción a los anteriores ediles por omisión y corrupción.
Tenemos derecho a saber qué ocurrió con los 200 millones de pesos que presuntamente se utilizarían para comprar un terreno y permutarlo por Los Venados. ¿A quién protege Manolo Agüero? Claro está que a los perredistas implicados, de ahí su silencio cómplice al no discutir de fondo lo que ocurrió de 2006 cuando se dio la licencia de construcción; después le siguieron tres ediles del PRD que no dieron solución a la petición civil.
Insisto, ¿dónde quedaron los 200 millones de pesos para el parque Los Venados? Es un caso para la fiscalía anticorrupción, lastima que Manolo, no quiera denunciarlo.