Por Uzziel Becerra
La semana pasada se llevaron a cabo las primeras dos audiencias en las que Emilio Lozoya actúa como imputado por la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados en condiciones de sobreprecio y por el caso de Odebrecht mientras dirigía Petróleos Mexicanos. En ambos casos a Lozoya se le acusa de recibir sobornos a cambio de favorecer a la metalúrgica y a la constructora brasileña, así como en los procesos de negociación para la aprobación del paquete de reformas constitucionales que contemplaba el “Pacto por México” durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, las condiciones en las que se ha dado el proceso de Lozoya indican que el gobierno mexicano utilizará la administración de justicia con fines políticos, con miras a debilitar a la oposición rumbo al 2021.
Durante la primera comparecencia virtual de Lozoya Austin, porque permanece en el hospital Ángeles del Pedregal, se ha declarado inocente de los cargos y responsabilidades que imputa la Fiscalía General de la República, entre las que están haber recibido recursos de la metalúrgica Altos Hornos de México. Conforme a las declaraciones de Lozoya, sus acciones corresponden a la intimidación sistemática, presiones y solicitudes de sus altos mandos, cual víctima de una compleja red de sobornos que apuntan a la cúpula del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto; su defensa arguye que Lozoya fue utilizado en un aparato organizado del poder para delinquir. Asimismo, por la compra de una planta de fertilizantes a sobreprecio cuando dirigía PEMEX, Lozoya se ha declarado inocente y también sobre los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para ser favorecida por el gobierno en turno.
El Juez José Artemio Zúñiga ordenó el retiro del pasaporte, las visas y la colocación del brazalete electrónico como medidas para asegurar que Lozoya no se sustraiga de la acción de la justicia. Increíblemente para la opinión pública, la posibilidad de imponer prisión preventiva ha sido desechada, pese a que el hoy imputado tiene los medios y contactos necesarios para huir prófugo. Sin embargo, las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso tienden a señalar que vale más tenerlo en el hospital y cooperando que encarcelado y renegado. Así se puede asegurar su utilización como herramienta política.
Esto es así porque las crisis sanitaria y económica presentes le están cobrando factura al presidente de la República y a su partido, pues los niveles de aprobación disminuyen al tiempo que se encrudecen los indicadores de desarrollo y crecimiento, con una proyección de recuperación completa de diez años, aunque suene desproporcionado. Por lo que, el proceso penal contra Lozoya Austin es utilizado como una herramienta eficaz para recordarle al votante mexicano las razones y motivos primordiales por las que le fue otorgado el voto mayoritario en los cargos de elección popular: la lucha contra la corrupción. En consecuencia, hay una clara estrategia política con fines electorales detrás del proceso de Lozoya, desarrollada desde el gobierno federal.
Dicha estrategia no es ni sutil ni secreta. El presidente adelanta información sobre el proceso, anuncia antes que nadie las vertientes sobre las que colaborará Lozoya con la Fiscalía General de la República, recuerda antecedentes de corrupción y anuncia nombres de funcionarios y personajes públicos tanto del sexenio panista como del priísta recientes (2006-2012 con Felipe Calderón Hinojosa y 2012-2018 con Enrique Peña Nieto). Así, buscará hacer rajatabla de las acusaciones contra los partidos políticos, es decir, no separará la responsabilidad individual que pudieran tener los personajes acusados, sino que se lanzará contra los partidos de oposición sin matices y sin remordimientos, al final de cuentas la narrativa del “PRIAN” es lo suficientemente sólida para continuar vigente en la mente del votante para el 2021. ¿Sobrevivirá la oposición esta estrategia del gobierno para mantenerse en el poder? (dedicaré otro texto para aproximarnos a un escenario posible y probable al respecto).
Parece que Obrador ha olvidado que los trabajos de la Fiscalía con autónomos, pues en un video reciente adelantó cómo Lozoya revelaría la forma en que sobornaron a miembros del Senado de la República para aprobar la reforma energética, así como la forma en que entregaron sobornos para comprar la planta de fertilizantes de Altos Hornos de México mientras fuera director de PEMEX. Cuando la FGR queda en un segundo plano respecto a las acusaciones públicas contra el imputado, la tendencia indica que se trata de privilegiar la estrategia política antes que las formalidades del debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto institucional de los ministerios públicos. De nada sirvió haber transitado de la PGR a la FGR (de Procuraduría a Fiscalía) cuando se replican sus vicios, omisiones y permisibilidades al servicio de los intereses del gobierno en turno.
En efecto, los juicios contra Emilio Lozoya deberían ser una oportunidad ejemplar para demostrar que, bajo la narrativa de una “cuarta transformación” de la vida pública, la administración de justicia se robustece y se rige conforme a los requisitos de un Estado de Derecho, entre los que se encuentran la independencia y autonomía judicial, tanto del gobierno como de la correlación de fuerzas políticas y vaivenes de la coyuntura. Pero la oportunidad exponencial de utilizar el caso a favor del gobierno es más seductora, pues buscarán mantenerse en el poder o al menos mantener las mayorías, así pueden “matar dos pájaros de un tiro”. Privilegiando esta herramienta, el gobierno actual pierde la oportunidad de evidenciar con legitimidad el modus operandi de la corrupción sistémica que perpetraron los gobiernos anteriores, que dio privilegios a grandes empresas y consintieron los partidos políticos. En ese contexto, todos los caminos llegarían a Peña Nieto y su círculo más cercano, pero no se detiene allí.
Al recordar que la compra de esta planta fertilizadora ocurrió el sexenio pasado, también aprovechó para señalar que Lozoya tiene que ver con la entrega de contratos leoninos a la empresa Odebrecht durante el gobierno de Felipe Calderón. “…les entregaron contratos muy buenos, contratos jugosos para Odebrecht, contratos leoninos, donde el particular saca provecho y pierde la hacienda pública, la nación”, acusó López Obrador en el mismo video, agregando más adelante: “llegaron a hacer una reunión del Consejo de Administración de Odebrecht en Los Pinos, en la presidencia de Felipe Calderón”.
Y continuó: “En este caso se construyó una planta de etileno, en Coatzacoalcos, le dieron el permiso, pero no solo eso, le vendieron gas a PEMEX a 30% menos de su valor y, además, si PEMEX no entrega el gas puntualmente tiene que pagarles multas. Imagínese este tipo de convenio, ese tipo de contratos, subsidios, por eso hablo de que son muy hipócritas”. Pese a que las declaraciones y adelantos del presidente suenan lógicos, falta que la FGR pueda aportar las pruebas suficientes para demostrar, más allá de toda duda razonable que, en efecto, los dichos de AMLO y Lozoya son verídicos y llevar ante la justicia a personajes como Luis Videgaray Caso o el mismo Ricardo Anaya, quien ha sido incluido en la lista de personajes sobornados para aprobar reformas estructurales en el pasado.
De esta experiencia, como de muchas otras en el pasado, queda demostrado que entre lo jurídico y lo mediático se encuentra un caldo de cultivo para utilizar a la administración de justicia como herramienta político-electoral. Mientras tanto, Lozoya se ha dicho inocente en ambos procesos y asegura que auxiliará a las autoridades a probar en los siguientes meses que fue utilizado por sus superiores jerárquicos a sobornar funcionaros y legisladores para aprobar el paquete de reformas del Pacto por México, así como para alcanzar el triunfo del PRI en 2012.
Al final, a Lozoya le aplicaron el “Quédate en casa” con la condición de auxiliar a la FGR aportando pruebas y declaraciones que vinculen a otros personajes públicos (en contra de la oposición) y, aunque puedan o no encontrar evidencia contundente para vincular a las personas enlistadas, el golpe mediático se habrá dado en la percepción de los votantes y se habrá fortalecido al partido en el poder. No nos confundamos, Lozoya y su camarilla deben comparecer ante la justicia, llevar su propio proceso y recibir una sentencia; no debe haber impunidad al respecto, pero no se puede garantizar así, utilizando a la administración de justicia como herramienta al servicio del poder. ¿Qué no se habían terminado ya esas prácticas?
*Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Consejero Universitario por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM. Auxiliar Jurídico en el Corporativo Paredes.