•Diputados ignoraron formación académica y prefirieron amiguismo y compadrazgo, acusó el Vicepresidente del Senado.
La elección de magistradas y magistrados por parte diputados que integran el grupo del G-15, obedeció a intereses políticos y “no privilegiaron a los mejores perfiles con carrera judicial y formación académica, que pudieran garantizar a la ciudadanía morelense la obtención de la anhelada justicia imparcial, pronta y expedita”, aseguró el Vicepresidente del Senado de la República, Checo Pérez Flores.
Tal es el caso del ex diputado Javier Mújica Díaz quien es colaborador de la diputada Tania Valentina, Pdta. del Partido del Trabajo; Cecilia López es hijastra del priísta Jorge Meade Ocaranza y Arturo Loza Flores quien es colaborador cercano del diputado Alberto Sánchez.
Así como Anahí Bahena López es esposa de Ángel Colín, último secretario de Gobierno del exgobernador Graco Ramírez y Anuar González Cianci, encargado de despacho de la Consejería Jurídica con el mismo ex mandatario.
“En la lista de los 143 inscritos a la convocatoria, existían jueces, y secretarios de acuerdo con excelentes carreras judiciales de 15, 20 o 25 años; además de abogados con destacas formaciones académicas que no fueron tomados en cuenta”, abundó el Senador por Morelos.
Pérez Flores destacó que en algunos casos habría conflictos de intereses, por ejemplo en el caso de la designación de María Luisa Sánchez Osorio, quien aunque tiene experiencia como jueza y notaria, es la esposa del Fiscal General de Justicia, Uriel Carmona Gándara, por lo que podrían coincidir, desde lados opuestos, en algún procedimiento judicial de carácter penal en segunda instancia.
En el caso de Rolfi González Rodríguez, quien es esposo de la magistrada en funciones Guillermina Jiménez Serafín, podrían influir en decisiones judiciales, además de atender con intereses en común algunos procedimientos.
Finalmente el único representante de Morelos en la Cámara Alta del partido Morena, exhortó a las y los diputados del Congreso local para que en las próximas designaciones de magistrados, dejen de lado sus intereses políticos y partidistas, para privilegiar a mujeres y hombres que puedan garantizar una justicia imparcial y con total apego a derecho.