Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 26 de marzo.- Las jubilaciones ‘doradas’ otorgadas a allegados al exgobernador Graco Ramírez serán canceladas, aseguró la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidente de la Comisión del Trabajo del Congreso local.
La legisladora del PT adelantó que cada semana se subirá al Pleno un paquete de dictámenes para la abrogación de los decretos pensionarios hasta llegar a 73 expedientes que a su decir fueron otorgadas con información falsa para lograr su retiro, por lo que se procederá penal y administrativamente en contra de los exservidores públicos.
En agosto pasado la Legislatura saliente aprobó pensiones ‘doradas’ a varios funcionarios del primer círculo del gabinete del gobernador Graco Ramírez, además de esposas y familiares.
Entre los beneficiados se ubicaron los exsecretarios de Hacienda y de Educación cuyos montos de jubilación no fueron revelados como tampoco la trayectoria que les precede para lograr tal beneficio, ya que ninguno de los dictámenes de las jubilaciones fue leído en la sesión por “economía parlamentaria”.
Acorde al portal http://www.transparenciamorelos.mx/ejecutivocentral/hacienda, Jorge Michel Luna fue nombrado titular de Hacienda el 27 de septiembre de 2016, con una percepción quincenal de 34 mil 817 pesos con 48 centavos. En su momento el propio exsecretario declaró que su jubilación no sería al 100% porque no cumplía con lo establecido en la ley para ello.
Por su parte la exsecretaria de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez, percibía un salario quincenal de 30 mil 737 pesos con 23 centavos, según lo expuesto por el mismo portal.
También se benefició al exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Fernando Pacheco Godínez, y al exdirector del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado (Indefom), Francisco Velázquez Adán, con sólo cinco años en la administración pública.
Asimismo las jubilaciones de las esposas de tres exfuncionarios de primer nivel fueron aprobadas por el Congreso local a mediados de julio pasado con sendas imprecisiones en sus datos de experiencia laboral, trayectoria y su edad.
Ese fue el caso de Anahí Bahena López, de 38 años, titulada en Derecho por la Universidad del Valle de Cuernavaca en 2009, exdirectora general de Consultoría de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica y esposa del exsecretario de Gobierno Ángel Colín, que acorde al sitio oficial http://consejeria.morelos.gob.mx/directorio, en su ficha personal en el apartado de Historial Laboral está en blanco.
El único antecedente oficial se ubicó en el Diario Oficial Tierra y Libertad de febrero de 2016, en el cual es mencionada como asesora jurídica en materia laboral del ayuntamiento de Yautepec. En el portal de transparenciamorelos.mx, percibía un sueldo neto mensual de 44 mil 290 pesos con 98 centavos.
En el caso de Denia Flores Sánchez, esposa del exdiputado perredista Francisco Navarrete Conde, no se encontró dato público que avale su paso en la administración pública, referencia de estudios, oficios, reconocimientos o datos en los portales de transparencia, sin embargo su decreto de jubilación fue aprobado por los homólogos de su pareja, cuya bancada era mayoría en el Legislativo.
Otro que jubiló a su pareja fue el también perredista José Manuel Tablas Pimentel quien logró para Elena Marín una de las llamadas jubilaciones ‘doradas’, pero en los portales de transparencia no hay datos precisos sobre su trayectoria y se desconoce en qué institución pública laboraba como educadora.
Stephanie Guzón André, cuya edad no rebasa los 40 años, fue coordinadora general de Relaciones Públicas y Eventos Gubernamentales con un sueldo superior a los 50 mil pesos. Ella se encuentra en la lista de los diputados como presunta beneficiada con una pensión ‘dorada’, así como Bertha Rodríguez Báez, exdiputada local y exdirectora de Afiliación y Operación del Seguro Popular.
A pesar de los señalamientos en contra de las jubilaciones ‘doradas’ que aprobaron de madrugada el pasado 15 de julio, la perredista Silvia Irra Marín quien presidía la Comisión del Trabajo, aseguró que la documentación de los expedientes, que sólo conocieron los exdiputados, estaba en regla.