Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 17 de julio.- Las declaraciones de Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derecho Humanos, sobre las fosas de Tetelcingo y Jojutla, provocaron reacciones contrarias de los activistas Javier Sicilia Zardain y Amalia Hernández Hernández sobre su “prisa” por cerrar el caso, donde fueron inhumados unos 200 cuerpos y restos humanos sin los protocolos de ley.
Encinas Rodríguez dijo en su última visita a Morelos que se debe cerrar el expediente de las fosas de Tetelcingo y Jojutla y que “la Comisión Nacional de Búsqueda está en condiciones para que, con la autoridad local y las organizaciones que participaron de todo el proceso de investigación y exhumación en ambas fosas, trabajemos de inmediato. Estamos en la mejor disposición de hacerlo, hay que reiniciar de inmediato y la diligencia se tendrá que llevar el tiempo que sea necesario hasta que se pueda decretar que está concluida la investigación”, expresó.
Pero el iniciador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad señaló que el funcionario federal no ha entendido la problemática, y estimó sólo reacciona de manera mediática sin atender de fondo el caso.
No quiere escuchar, acusó el activista, nos hemos sentado muchas veces con él y ha sido prácticamente un diálogo de sordos, no hay voluntad política para atender el tema, ya que refirió la labor de Encinas, entre otras, es generar las políticas públicas con la Comisión Nacional de Búsqueda, y verificar que se siga el protocolo de inhumación que se generó a partir del caso de Tetelcingo.
En tanto Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao, uno de los 119 inhumados ilegalmente por parte de la Fiscalía General del Estado en Morelos, refirió que ha enviado tres oficios al subsecretario conminándolo a venir al estado para conocer exprofeso el caso de las fosas sin que haya tenido respuesta.
Ambos activistas lamentaron la “prisa” del servidor público federal por cerrar el expediente, cuando no se han atendido a cabalidad los señalamientos de la recomendación 48/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Tanto Sicilia como Hernández coincidieron en que los inhumados en ambas fosas sin los protocolos de ley, como necropsia y toma de muestras genéticas, impidió a las víctimas el derecho a ser identificados y reclamados por sus familiares, práctica por la cual no hay ningún servidor público sancionado.