Por Uzziel Becerra
El fin de semana pasado miembros del Frente Nacional contra Andrés Manuel López Obrador o Anti-Amlo (FRENA) se manifestaron en las avenidas y plazas públicas de 62 ciudades a lo largo del territorio nacional y ciudades del extranjero, con la finalidad de expresar su repudio al presidente y el gobierno en turno, buscando la renuncia de López Obrador. Las reacciones sobre la marcha anti-Amlo polarizaron las redes sociales y la opinión pública, criticando la condición social de los manifestantes, los medios utilizados y la legitimidad de sus posiciones; aunque se trató de una manifestación pacífica de rechazo al gobierno, conlleva un riesgo latente en el mediano plazo a causa del extremismo en sus bases y la alta polarización social que produce.
Frente Nacional Anti-Amlo, según su la información de su portal en internet, es un movimiento ciudadano y pacífico que busca “actuar ya para quitar a Andrés López del poder, usando herramientas jurídicas, de presión social y de medios”, encabezado por 67 liderazgos entre los que destacan Gilberto Lozano, Pedro Ferriz, Rafael Loret de Mola, Juan Bosco Abascal y Pedro Martín Bringas, exaccionista de Soriana que dio a conocer su apoyo a la causa reciente en redes sociales. Dicho movimiento tiene como antecedente al Congreso Nacional Ciudadano, una organización dirigida por el empresario regiomontano Gilberto Lozano, dedicada a criticar los excesos e inconsistencias de los gobiernos en turno, bajo la bandera de que el pueblo (empresarios y trabajadores) es el que manda y los políticos “son nuestros empleados”.
El Congreso Nacional Ciudadano y otras organizaciones como Chalecos MX y el movimiento No Te Metas Con Mis Hijos habían iniciado sus movilizaciones el año pasado, en ciudades de siete estados del país, contando con una participación social entre las 400 y 800 personas aglomeradas, con el objetivo de criticar las decisiones del presidente López Obrador respecto de las políticas migratoria, social y educativa, entre otras. Este año y el anterior la consigna fue la misma: “Fuera López”, “Amlo vete ya”, “López Obrador renuncia ya”, “Amlo traidor”. En 2019 las personas se manifestaron en recorridos a pie, reuniéndose en las plazas públicas con pancartas y megáfonos, exigiendo la salida de López; el sábado pasado la protesta del FRENA se realizó sobre los vehículos de los manifestantes, aludiendo al respeto por las indicaciones sanitarias de prevención por SARS-CoV2, movilizando cientos de automóviles en las principales ciudades del país y algunas en Estados Unidos como Washington y Michigan.
Las reacciones a la “Caravana Nacional Anti-Amlo” fueron bipolares: aquellos sectores de la sociedad civil que comparte el rechazo al gobierno en turno y simpatizantes de los partidos políticos de oposición defendieron la causa y exigieron respeto por los manifestantes. Mientras que los partidarios y aliados del Presidente criticaron la naturaleza del movimiento, por las formas (movilizarse en “autos de lujo”) como en el fondo, pues el objetivo busca la dimisión del Presidente de México. No podemos dejar pasar la oportunidad de enfatizar que los férreos opositores al proyecto de López Obrador tienen tanto derecho a manifestarse como lo tuvieron en su momento los simpatizantes del proyecto lopezobradorista en los sexenios de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. El derecho a la libre expresión, manifestación de ideas y preferencias políticas no debe tener limitantes en una democracia – Estado de Democrático de Derecho.
Hay un problema de fondo que reluce en medio de la polarización política: el monopolio moral de la representación-legitimidad, un fenómeno acarreado por los populismos (de izquierda y derecha) en el que se dibujan límites a la determinación del “pueblo”, sus intereses y sectores sociales participantes, argumentando que unos ciudadanos son dignos de consideración política y otros no. Si nos basáramos en la distinción de pueblo bueno y pueblo malo que se ha empeñado en construir el Presidente (la clásica relación amigo/enemigo schmittiana), el FRENA no tendría entonces legitimidad social y política para manifestarse, sus intereses, peticiones y posicionamientos pueden ignorarse con total legitimidad para quien ha interiorizado esa dicotomía perniciosa.
El FRENA visualiza también un problema: en su página oficial afirma que es una organización incluyente, sin acepción de personas para efecto de integrarla en sus filas, solo con la condición de que “esté consciente de que la solución en este momento para México es hacer que dimita el Dictador Bolivariano Andrés López”. En la pregunta 12, de 13 preguntas más frecuentes sobre el Frente Nacional, expresa: “¿Cuándo se acaba esto? Al tirar al Dictador Bolivariano; mas tiene que ser antes de noviembre 30 de este año; esperar a después seria salvense quien pueda!!” (lo cito textual, con sus errores ortográficos). Y justo en este punto se encuentran lo que a nuestro juicio es un riesgo de mediano plazo. Un riesgo porque la idea de remover a un mandatario que no sea a través de los medios institucionales creados para tal fin sería totalmente perjudicial. Y a mediano plazo porque el movimiento aún no cuantifica las bases sociales necesarias para una movilización social con ese potencial, pero podría tenerlo. Si promoviera la revocación de mandato en el 2022 habría matices suficientes para sus bases, pero no es el caso.
La protesta del fin de semana pasado pedía, entre gritos y sonidos de claxon, la renuncia de López Obrador. Un completo despropósito: ¿Qué posibilidades hay de que quien compitió tres veces la contienda electoral y luchó 18 años para llegar a la silla presidencial podría renunciar a dirigir el Ejecutivo Federal por manifestaciones y protestas sociales? Ni si quiera Peña Nieto con los niveles más bajos de aprobación, las investigaciones por corrupción y sin legitimidad política lo hizo. Andrés Manuel López Obrador no renunciará. Otro conflicto subyacente será el que surja de la irritación en los sectores de la extrema derecha respecto del vilipendio de sus causas. La sola idea de plantear una dimisión forzosa, sin los canales institucionales para plantearlo y sin vía constitucional que lo posibilite, visibiliza el surgimiento del extremismo. Bien decía Norberto Bobbio que en una democracia solo
prevalecen las posiciones moderadas, y que los extremismos están destinados a morir en una democracia consolidada. Pero la polarización social podría levantarlos.
Las consecuencias de dicho planteamiento pueden ser catastróficas. Lo explicó Jorge Zepeda Patterson en Sin Embargo: “La derecha no parece darse cuenta de que lo verdadera peligroso para ellos no es AMLO sino la fuerza que lo llevó a Palacio Nacional. Los descarrilamientos de trenes, los linchamientos espontáneos contra supuestos violadores, los llamados al saqueo son salidas extremas que no solo revelan la impunidad y la ausencia de Estado de derecho, sino también la rabia y el resentimiento contra un sistema que durante décadas decidió concentrar los beneficios en el tercio superior de la población. Optar por un sexenio a favor del cambio, que dé prioridad a los pobres, no solo es un tema de conciencia social y de ética, sino también de conveniencia política para los que preferimos evitar un estallido social”. En Milenio expresó “La verdadera amenaza para México es que se frustre el proyecto de cambio, los agraviados pierdan toda esperanza y se abra un abismo de alcances insospechados”.
Un movimiento que promueve entre sus bases la dimisión del Ejecutivo Federal “antes de noviembre de este año”, exacerbará los extremismos gracias a la frustración de expectativas, pues el derrocamiento del gobierno en turno solo podría librarse a través de la dimisión forzosa, un escenario de guerra civil, y la historia de nuestro país da cuenta de que ese camino solo es posible a través del derramamiento de sangre. El FRENA crece cada año, junto a expectativas y posiciones cada vez más radicales. Observemos la historia de Brasil con el presidente Jair Bolsonaro: tras haberse frustrado un gobierno populista de izquierda se ha levantado el populismo de extrema derecha, con todas las consecuencias subyacentes.
Por supuesto que existen ciudadanos seducidos por la extrema derecha y por la extrema izquierda en nuestro país, los sesgos ideológicos proyectados en las redes sociales dan cuenta de lo anterior. Si los ciudadanos queremos salvaguardar la democracia debemos ser conscientes de que los extremismos no tienen cabida, sino que la moderación es la única vía para dialogar y discutir los asuntos públicos en los que muchas veces no hay coincidencias. Toda protesta social es válida, es un derecho, incluso la animadversión al gobierno de López Obrador puede y debe ser expresada, pero plantear su dimisión forzosa y reducir los problemas del país en la figura presidencial es ingenuo y pernicioso. Solo los movimientos extremistas podrían mantener un discurso de esa naturaleza, y el choque de los polos opuestos sería devastador para el país. Están jugando con fuego.
*Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM. Auxiliar Jurídico en el Corporativo Jurídico Paredes. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos.