Por Moisés Sánchez
Cuernavaca, Mor., 23 de septiembre. – El gobernador Graco Ramírez aseguró que el Ejecutivo estatal actúa con total trasparencia en la entrega de apoyos para los damnificados de la entidad por el sismo del pasado martes, luego de que en las últimas horas lo acusaron en redes sociales de condicionar la entrega de los víveres.
Sostuvo que ese tipo de comentarios son parte de una campaña de desinformación, por lo que exhortó a los medios de comunicación y a la ciudadanía a no compartir información falsa porque eso lastima a los damnificados.
Expuso que no están deteniendo transportes en ninguna parte del estado y por el contrario las fuerzas de seguridad garantizan el tránsito de todos los vehículos con apoyo para el estado.
“Esta campaña de desinformación puede traer consecuencias muy graves. Invitamos a todos los interesados: observadores, ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y académicos a venir a Morelos para que vean que estamos haciendo las cosas bien, con total trasparencia y la más alta responsabilidad”, declaró.
Anunció también que aquellos funcionarios del gobierno que sean sorprendidos condicionando la entrega de apoyos serán castigado con todo el peso de la ley y vinculados a proceso, siempre y cuando, explicó, haya documentación y denuncia.
En su intervención José Esparza, delegado de la Cruz Roja en Morelos, expresó que la sociedad tiene que hablar de bien de Morelos y unirse.
Aseguró que no poden entregar toda la ayuda al mismo tiempo, porque llega a granel. Y refirió que La Cruz Roja no apoya al gobierno, sino a la gente, “somos intermediarios entre la sociedad civil y la gente colapsada.”, argumentó.
Ayer circularon en redes sociales denuncias en el sentido de que los tráileres con víveres y otros apoyos provenientes de otros estados, eran detenidos por la Policía Morelos y desviados a las bodegas del DIF estatal, con el fin de colocarles estampas con la leyenda de “DIF Morelos”, incluso el obispo de la entidad se sumó a esos reclamos.
El viernes el gobierno del estado desmintió ese dicho y aseguró que el objetivo nunca fue evitar la ayuda directa sino poner orden en la distribución.
Sin embargo, hoy trascendió que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales inició una carpeta de investigación por la posible comisión de delitos electorales en contra de Graco Ramírez y su esposa, la presidenta del DIF estatal, Elena Cepeda de León, por presuntamente ordenar la detención de varios camiones de carga enviados por el DIF de Michoacán con despensas para los afectados y luego descargar esos productos en una bodega del DIF de Morelos.