Por Leticia Villaseñor

Cuernavaca, Mor.,19 de febrero.- Activistas y diversos colectivos consideraron como un retroceso para las víctimas la salida abrupta de Javier Pérez Durón de la Fiscalía General del Estado, ocurrida el jueves pasado.

Amalia Hernández Hernández, tía de Oliver Wenceslao, un comerciante privado de su libertad y de la vida, cuyo cuerpo fue inhumado ilegalmente con otros 117 cadáveres el 28 de marzo de 2014 por la entonces Procuraduría General del Estado en un predio en la comunidad indígena de Tetelcingo, en Cuautla, lamentó la salida del exfiscal porque, dijo, significa un retroceso debido a la nula relación con el actual titular.

La familia emprendió una batalla legal para recuperar el cuerpo de Oliver, cuando se realizó la diligencia una maquinaria pesada extrajo los cuerpos sin cuidado alguno, lo que llevó a los deudos a denunciar públicamente el caso por lo que en mayo de 2016 se inició la recuperación de los cuerpos.

Con este caso también se reveló otra fosa en el municipio de Jojutla dentro del panteón nuevo del ayuntamiento, ubicado en la colonia Pedro Amaro. Ahí fueron inhumados más de 80 cuerpos y restos humanos sin los protocolos de ley, sin necropsia, carpeta de investigación ni toma de muestras genéticas.

“Queda en pausa la intervención de los Semefos y la recuperación de los cuerpos que aún permanecen en la fosa ilegal de Jojutla así como los resultados de las pruebas genéticas para su comparación con los bancos de datos”, detalló.

Amalia reconoció la labor del anterior fiscal en el tema de las víctimas, a pesar de que, recordó, de origen fue la Fiscalía la que hizo las cosas mal. Apremió al actual titular de la dependencia, Uriel Carmona Gándara, a terminar la diligencia en Jojutla así como la intervención de Semefos para que los cuerpos no permanezcan años en estos sitios en calidad de desconocidos, como sucedió con tres casos a finales de 2017.

Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Morales, una joven estudiante de Psicología desaparecida con su esposo en el Estado de México en agosto de 2012, acusó que la decisión de cambiar al fiscal debió contemplar a las víctimas, el estado de las carpetas que guardan los casos y el compromiso de una atención inmediata de los casos donde quedaron con la anterior dirección.

Rodríguez Monroy  fue comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos y preside la organización Búsqueda de familiares, Regresando a casa, Morelos, AC, esta organización tiene al menos siete casos de personas desaparecidas en el estado de Morelos, cuyas carpetas están sin mayor avance en la Fiscalía, reveló la comisionada.

A decir de la excomisionada, desde la diligencia para la recuperación de los cuerpos de la fosa de Jojutla, en marzo del año pasado, hubo un acercamiento con el exfiscal Pérez Durón, quien entonces declaró que desconocía el número de cuerpos en calidad de desconocidos, no entregados o no reclamados en los Servicios Médicos Forenses.

Diversos colectivos recriminaron la situación a Pérez Durón y lo obligaron a actuar en consecuencia. Según lo dicho por Rodríguez Monroy, el acuerdo con el fiscal fue que a mediados del mes de marzo próximo iniciaría su intervención, cuyos cuerpos serán depositados, acorde a lo estipulado, en el Panteón Jardines del Recuerdo, donde se hicieron 750 gavetas para ello, y donde fueron depositados los cuerpos recuperados de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, que en conjunto ascienden a 200 restos.

Ana Luisa Garduño Juárez, quien preside el Frente de Víctimas del Estado de Morelos y el colectivo “Víctimas de Desaparecidos y Ofendidos”, se unió al reclamo contra la decisión gubernamental, al advertir que es una estrategia para desgastar aún más a los familiares de víctimas y que, señaló, “claudiquemos en la búsqueda de nuestros familiares o en nuestro justo reclamo de justicia”.

Garduño Juárez perdió a su hija Ana Karen, de sólo 17 años, cuando un sujeto a quien conoció en redes sociales y con quien tuvo una relación breve, la asesinó a balazos en su propia casa el 12 de diciembre de 2012, a tan sólo tres meses de iniciado el actual sexenio.

Para Susana Días Pineda, defensora de Derechos Humanos e integrante del comité “Digna Ochoa”, el nombramiento del fiscal Carmona Gándara fue un pacto “en lo oscurito” entre el Legislativo y Ejecutivo al poner como titular de la dependencia a un personaje muy cercano al  gobernador.

“Es un total retroceso por el tiempo que le va a llevar a un notario conocer el sistema de justicia, si es que ya lo domina entonces el tiempo que tardará el proceso de entrega –recepción de las carpetas y se empapa de los temas, que son muy sensibles, como los feminicidios, los asesinatos y las personas desaparecidas”, cuestionó.

Los homicidios y personas desaparecidas siguen, observó, está pendiente la intervención de los Semefos donde los cuerpos se acumulan sin ser identificados. Díaz Pineda reconoció, al igual que las otras activistas, la apertura que tuvo Javier Pérez al sentarse con las víctimas y familiares de víctimas en el seguimiento de sus casos y, en especificó con el comité que preside con el tema de las personas desaparecidas, pero, reiteró, el relevo fue una estrategia política para postergar hasta el siguiente sexenio, el cierre de las fosas de Jojutla y Tetelcingo, entre otros casos, finalizó.

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