Por Uzziel Becerra
El primero de septiembre se llevó a cabo el Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República, en el patio central de Palacio Nacional, evento en el que se expresaron los logros, metas y objetivos cumplidos del gobierno federal, así como la respuesta ante la crisis sanitaria por Covid-19 y sus consecuencias económicas adversas. Las recomendaciones sanitarias impidieron el llamado a que la población se reuniera en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, por lo que el formato del informe fue solo con invitados especiales, dando la perspectiva de un solo hombre al frente de las cámaras, liderando el escenario. ¿Cuál es el balance que hace el presidente en este segundo informe de actividades? ¿Sus expectativas gubernamentales pueden ser sostenidas con información independiente del gobierno?
De forma mucho más breve y concisa de lo que acostumbra López Obrador, su Segundo Informe de Gobierno tuvo una duración de 50 minutos, pues usualmente sus conferencias duran dos horas. Como la mayoría de analistas estimaban, no hubo sorpresas ni datos nuevos, todos los datos, referencias y alusiones a las labores de su gobierno ya habían sido anunciadas en las conferencias mañaneras que se transmiten cada día de la semana y en los videos informales que publica los fines de semana, por lo que pareció, sobre todo, un compendio de buenas calificaciones hacia sí mismo y su gestión. Un espacio de autoelogio que tiene la pretensión de autoproclamarse el segundo mejor mandatario del mundo o, en sus palabras, “en el peor momento contamos con el mejor gobierno”.
Lo que sí se pudo apreciar en el Informe fue el rol de un Jefe de Estado. López Obrador se comportó a la altura; al ser presentado como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y jefe máximo de las fuerzas armadas, el titular del Ejecutivo Federal dio la cara ante el público asistente, reuniendo personajes de todos los Poderes de la Unión, legisladores, ministro, personal de las Fuerzas Armadas, representantes populares, miembros del gabinete, gobernadores y miembros del propio gobierno. Pese a que reiteró su lejanía con la oposición “conservadora”, prefirió reconocer que toda democracia genuina tiene oposición al gobierno, por lo que no hubo énfasis en las divisiones políticas de forma reiterada, sino que se centró en ofrecer una narrativa de su propio gobierno, pues las crisis de este año ameritan ofrecer una interpretación de la realidad en la que México tiene dirección, rumbo y no estancamiento.
En efecto, el año 2020 vino acompañado de una pandemia que ha tocado a todos los países de forma simultánea, provocando la muerte de más de 65 mil personas en México y más de 863 mil en el mundo. La estadística global indica que más de 26 millones de personas han resultado contagiadas, lo que provocó en consecuencia el confinamiento forzoso de las personas de forma generalizada, manteniendo suspendidas las actividades económicas o productivas por al menos 4 meses, antes de conocer la forma en que se podría regresar a
laborar, cuidando protocolos de salud específicos. López Obrador reconoció que el país enfrenta (todavía) una doble crisis, la sanitaria y la económica, y pese a ello, el criterio gubernamental sostiene que “salimos adelante” (lo que sea que eso signifique concretamente). Sin embargo, lo sostenido en el informe y los indicadores y diagnósticos generados, incluso desde el mismo gobierno que encabeza, señalan lo contrario.
Respecto al factor económico, apenas un par de días anteriores al Informe, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, había advertido que el escenario económico proyectado para el 2021 era uno de los peores del último siglo, comparado con los estragos de la Gran Depresión; se registrará “la crisis más fuerte desde 1932; es casi el peor momento económico para el país en el último siglo”, señaló Herrera, por lo que también adelantó que el paquete económico del próximo año tendrá nuevos recortes al gobierno, en torno a la política de austeridad, “porque habrá menos recursos en el presupuesto que este año y, cuando menos, dos años fiscales anteriores”. Arturo Herrera argumentó que para que se asegure el crecimiento y desarrollo económico nacional se requiere esencialmente a la inversión privada, pues eso aumentaría la infraestructura y el sector servicios.
“El sector privado, nacional y extranjero, invierte casi siete veces más que el sector público. Esto se traduce en mayor bienestar para la población, pues aumenta la infraestructura y mejora los servicios para los mexicanos”, indicó Herrera durante su participación en la cumbre 2020 de la Asociación Mexicana de Capital Privada (Amexcap). “Es fundamental contar con una cadena de valor diversificada geográficamente, el contar con un socio local para inversionistas extranjeros en México es primordial para conocer el mercado, y tener un socio de capital para diversificar el riesgo cataliza la atracción de inversión”, reconoció Herrera, sobre todo la inversión privada de largo plazo.
Por su parte, López Obrador dijo que, en efecto, el diagnóstico del secretario de Hacienda es correcto, pero la crisis económica no será prolongada, pues hay indicios de recuperación que indican, desde su perspectiva, que el país saldrá rápido de la crisis. Sin embargo, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, prevé que para que exista una recuperación económica tras la reapertura total de actividades productivas, ésta tomaría al menos 6 años para que el Producto Interno Bruto vuelva a tener los indicadores normales de crecimiento, por lo que, a juicio del Banxico, la crisis sí se prolongará y afectará la producción de bienes y servicios, principalmente los ingresos de empresas y de los hogares mexicanos. Y aunque en materia económica los criterios están divididos, hay cuestiones que, a criterio del presidente, son primordiales: la lucha contra la corrupción.
Y es que, pese a la pandemia y la crisis económica, la lucha contra la corrupción sigue siendo el elemento central de la narrativa y las acciones de su gobierno. Tan es así que inició el Segundo Informe anunciando: “fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción y ahora no tengo la menor duda. La peste de la corrupción originó la crisis de México, por eso me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que estos tiempos, más que en otros, transformar es moralizar. Este
gobierno no será recordado por corrupto, nuestro principal legado será purificar la vida pública de México…” señaló el presidente. Y la extradición y denuncia de Emilio Lozoya ha dado pie a favorecer la narrativa del combate a la corrupción, aunque en ocasiones, como en la filtración del video de su hermano Pío, los dichos no cuadran con la realidad, o al menos se ven menos convincentes.
Cuando el presidente afirma que se acabó la corrupción desde arriba se refiere a que los personajes que se habían consolidado en torno al Ejecutivo Federal ahora han sido desplazados, llegando nuevos perfiles, conocidos por la cercanía con AMLO, y leales a la “cuatroté”, con la salvedad de ser removidos a la postre, o bien presionar para entregar su renuncia, como lo han hecho más de 20 funcionarios entre los que se encuentran Secretarías de Estado como Hacienda, Medio Ambiente, Comunicación y Transportes, entre otros organismos autónomos. Tampoco hubo menciones sobre los cambios en el gabinete, el recorte de personal o la desaparición de unidades administrativas.
La única sorpresa que extrañó a la opinión pública fue la cita que hizo el presidente del padre de la economía liberal clásica, Adam Smith, destacando que sus reflexiones iniciaron lo que llama la economía moral. “Por más egoístas que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros de tal modo que la felicidad de estos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga a no ser el placer, yo diría el inmenso placer, de presenciarla. En otras palabras, la alegría ajena es nuestra propia dicha”. Con esa cita trató de justificar que hay una buena relación con el empresariado nacional (aunque solo a los que son allegados a su gobierno o bien han sido apapachados por adjudicaciones directas), y que su estrategia de reactivación económica funciona, aunque solo se base en recaudar más para ofrecer más becas, transferencias o apoyos económicos.
No obstante, en otras materias no hay forma de que el Presidente pueda sostener sus dichos. Cuando señala que ya no hay crímenes, torturas, desapariciones ni masacres, o bien que la crisis económica no derivó en hambrunas, escases de alimentos y asaltos, la dura realidad que viven los mexicanos día a día hace un contraste radical. Las decenas de miles de empleos perdidos a causa de la pandemia dejó desamparada a gran parte de la población económicamente activa. Acontecimientos violentos como los robos en las combis del Estado de México reflejan que, contrario a la narrativa presidencial, los robos con violencia aumentan en su cantidad e intensidad. No reconocerlo es ingenuo e insensible. En cambio, la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas sí pueden ser, en cierta medida, excusables por tener un origen global, ajeno a las decisiones gubernamentales internas, sin minar su responsabilidad de respuesta ante las crisis simultáneas.
Por otro lado, entre las frases más polémicas que expresó el Presidente se puede señalar el abierto desencuentro con la Suprema Corte y la Fiscalía, al expresar: “hemos cumplido nuestra promesa de impulsar la verdadera independencia de las instituciones de justicia, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación actúan con absoluta
autonomía y se acabó aquello de que todo lo ordenaba el presidente, porque el Ejecutivo era el poder de los poderes. Miren como han cambiado las cosas, invité al Fiscal General de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, y no pudieron asistir, en otros tiempos eso no pasaba, porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. Este es el cambio, esta es la transformación”. Lo anterior se puede entender en el contexto de la insistencia del presidente para dar luz verde a la consulta para enjuiciar a los expresidentes del país, que constitucionalmente es inviable. Aunque AMLO no interfiere directamente con el trabajo de los demás Poderes de la Unión, sí presiona e insiste de forma constante para lograr sus objetivos.
Pese a toda la oposición a su gobierno, AMLO dice mantenerse firme en sus convicciones y en cumplir los compromisos que hizo en campaña. En sus propias palabras: “De los 100 compromisos que hice en el Zócalo el primero de diciembre de 2018, hemos cumplido 95, solo están pendientes 5 compromisos, en proceso de que se cumpla”. Sin embargo, no señaló en concreto cuáles son los que faltan ni los que ha concluido en su interpretación. Los analistas que han tenido acceso al documento que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregó a San Lázaro, sede del Legislativo, señalan que el documento del Segundo Informe y lo dicho por el Presidente no coinciden, sino que reconoce fríamente que el gobierno sigue atravesando con pesar las crisis sanitaria, económica, de seguridad pública y violencia en el país. Parece ser que la lucha contra la corrupción y la transferencia directa de beneficios económicos son los elementos positivos en un mar de tempestades laterales y urgentes, cuya gestión es endeble o insuficiente.
“Desde Francisco I. Madero nunca un presidente había sido tan atacado como ahora, los conservadores están enojados porque ya no hay corrupción y perdieron privilegios, sin embargo, gozan de una absoluta libertad de expresión y ello es prueba de que hoy se garantizan las libertades y el derecho a disentir. La represión política ha quedado en el pasado”, expresó López Obrador, y sin embargo la reciente polémica por la sanción administrativa contra la revista Nexos (una de las más críticas a su gobierno) es un ejemplo de que sí hay un seguimiento punitivo contra quienes ejercen una crítica disidente a la visión del gobierno en turno, o bien que se dedica a sustentar con datos independientes, verificables y con estándares internacionales, la evaluación al gobierno de López Obrador.
En suma, este Segundo Informe es justo lo que esperábamos, un momento de autoelogio, acompañado por un discurso triunfalista, en el que se plasma a un país que, pese a que todos los diagnósticos y pronósticos señalan que el país no logrará estabilizarse en lo económico y social en el futuro reciente, el Ejecutivo Federal afirma que “salimos adelante”, todo va bien y la gente aprueba mayoritariamente su gobierno. Aunque el apoyo popular no se ha depreciado, la realidad es que los indicadores, los números y acontecimientos que observamos día a día en el país hablan por sí mismos, pese a que se omita su importancia en un informe hecho para enaltecer gobernantes y no para que sean evaluados por la sociedad. Esa labor de evaluación seguirá siendo tarea nuestra, de la sociedad civil, de la
ciudadanía, pues aún faltan cuatro años más de una gestión que, con seguridad, no aceptará cambios de rumbo, modificaciones o concesiones en la administración de las múltiples crisis que vive el país.
*Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM.