Por Oswald Alonso
Cuernavaca, Mor., 9 de mayo.- La Fiscalía General del Estado (FGE), anunció la exhumación de los cadáveres que fueron inhumados de manera irregular en una fosa en la comunidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla, al oriente del estado.
En conferencia de prensa, el fiscal morelense, Javier Pérez Durón, informó que la diligencia ministerial está prevista para el próximo 11 de mayo con la ayuda de la Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal Científica y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al explicar el procedimiento de exhumación e inhumación de cadáveres, el fiscal dijo además que después de la exhumación peritos en genética tomarán muestras a los cadáveres para enviarlos al banco de datos de la PGR y proceder a la identificación de los cuerpos.
Los cuerpos serán trasladados al panteón Jardines del Recuerdo, localizado en la carretera federal México-Oaxaca en la colonia Del Empleado del municipio de Cuautla, a 20 minutos de distancia de la fosa de Tetelcingo. El lugar fue habilitado para depositar los cadáveres con los protocolos legales que requiere el caso, dijo el funcionario quien además aseguró que busca transparentar el caso y dignificar el trato a las víctimas.
El director de Servicios Periciales, Samuel Nava, explicó que el tiempo de la diligencia dependerá del estado en el que se encuentren los cuerpos pero estimó un tiempo de al menos 10 días; rechazó que se vaya a utilizar nuevamente un trascabo para sacar los cadáveres, como lo hizo personal de la Fiscalía el pasado 9 de diciembre de 2014 cuando exhumó dos de los 116 cadáveres, “lo vamos a hacer a pico y pala para darles dignidad”.
A partir de la última toma de muestras podría llevarse hasta seis meses para concluir con los peritajes genéticos, señaló Samuel Nava.
El fiscal estatal rechazó que la PGR vaya a atraer el caso pues solo será coadyuvante en la diligencia. “Los peritos de PGR y de la Policía Federal Científica también tomarán las muestras para transparentar los resultados”, dijo.
Además afirmó que los familiares de las víctimas podrán tener acceso a la diligencia siempre que acrediten interés jurídico.