Por JUSTINO MIRANDA
CUERNAVACA, Mor. 8 de junio.- La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) de Morelos asumió la defensa de la familia Mondragón Ayala, cuya hija de 20 años de edad fue asfixiada para extraer de su cuerpo a una bebé de 35 semanas de gestación, en abril pasado.
Los tres acusados del delito de feminicidio serán procesados bajo el sistema de juicio oral este miércoles, pero la CIDH advierte irregularidades en el procedimiento y la presunta intención judicial de conceder la libertad bajo fianza, por lo que exigió a la Fiscalía estatal subsanar las deficiencias observadas en el juicio.
De acuerdo con la causa penal JC/244/2014 los tres procesados fueron vinculados a proceso en abril por el delito de feminicidio luego de participar, presuntamente, en el homicidio de Marlene de 20 años de edad a quien asfixiaron en un domicilio de la colonia Prohogar del municipio de Emiliano Zapata.
Las investigaciones sostienen que el objetivo de los indiciados fue quitar la vida a la madre embarazada para practicarle una cesarea con el uso de un objeto cortante, un cuter, y extraerle al bebé.
Sin embargo, la menor murió por la ausencia de circulación toda vez que había fallecido la madre. El cuerpo de la madre fue levantado en el domicilio particular y la bebé en el ISSSTE del municipio de Emiliano Zapata.
José Martínez Cruz, representante de la CIDH, dijo que hay temor fundado de los familiares de las víctimas de que el proceso registre un sesgo porque tienen información de que los detenidos presentarán un amparo para diferir la audiencia.
Ante este hecho los familiares expresaron su temor fundado de que se pretenda evadir la acción de la justicia mediante “artimañas legaloides”, “como ha ocurrido en otros casos donde han sido liberados los feminicidas a pesar de que existen pruebas contundentes en su contra.
«Por tal motivo, hemos solicitado la intervención de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, para que nos acompañe a solicitar ante la Fiscalía General del Estado de Morelos que se presenten todos los elementos de prueba que obran en su poder y apliquen con rigurosidad todos los procedimientos establecidos en el Protocolo de Investigación sobre el delito de feminicidio vigente en la Fiscalía, y que los jueces se apeguen a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, citó la familia de las víctimas a través de un comunicado que divulgó la CIDH.
La familia de Marlene precisó que la joven tenía ocho meses de embarazo y estaba programada para el parto el 24 de abril, “por lo que desmentimos que lo que le causó la muerte haya sido producto de una intervención quirúrgica de una partera, sino que fue un hecho deliberado, planeado y ejecutado con el objetivo de privar de la vida a Marlene y que pretendían quedarse con la bebita para realizar un tráfico de personas”, expusieron en una carta entregada a la CIDH.