La fiscal informó que desde la creación de la Unidad Especializada Contra el Secuestro y Extorsión (UECS) se han detenido a 800 presuntos secuestradores de los cuales 512 fueron sentenciados con penas de 16 y hasta los 150 años de cárcel por la acumulación de delitos, y otras 200 por el delito de extorsión.

Sin embargo enumeró diversos factores que obstaculizan el combate al delito de la extorsión como el hecho de que el 95% de las llamadas relacionadas con este flagelo provengan de centros penitenciarios como el de Altamira, Tamaulipas, Puente Grande, Jalisco y el de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México. Pineda Fernández aseguró que ya se giraron oficios de colaboración con estas entidades a fin de inhibir la continuidad de este delito.

Además subrayó que la venta indiscriminada de chips y de teléfonos celulares “que pueden usarse en lo que les dé la gana”, ha sido un factor determinante en el incremento de llamadas de extorsión así como la apertura de cuentas en centros de autoservicio como la llamada “Saladazo” de la tienda Oxxo, que se pide en un mostrador y ahí llega el dinero de las extorsiones, apuntó.

Pineda Fernández acusó que el “cobro de piso” no considera la prisión preventiva oficiosa, por lo que cualquier víctima evita la denuncia ante los riesgos porque los presuntos criminales enfrentan su proceso en libertad. Así las cosas, dijo la Fiscal, la denuncia es mínima y el problema en las calles que enfrenta la autoridad es grave, “no solo es un reto para los ciudadanos sino para las autoridades”, declaró.

Al mismo tiempo enfatizó el modelo de fortaleza en torno a la participación activa de los  ciudadanos que han participado en las indagatorias, lo que consideró fundamental para los casos de éxito.

En el área de secuestros, abundó, cambiamos el modelo y les damos atención médica, psicológica y jurídica a víctimas y familiares de víctimas, para que sea integral su participación, finalizó.