Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 25 de noviembre.- Revertir las llamadas pensiones doradas de la gestión gubernamental pasada de manera indebida, le cuesta al Ejecutivo alrededor de 10 millones de pesos, expuso Samuel Sotelo Salgado, Consejero jurídico del Gobierno del Estado.
Explicó que el Poder Legislativo no agotó el derecho de audiencia de los afectados, en su mayoría exfuncionarios del gobierno pasado y sus decretos fueron revertidos en votación del pleno, pero al ver sus derechos afectados los beneficiarios recurrieron a la justicia federal que ante las violaciones evidentes concedió el amparo.
Esto sí afecta al Poder Ejecutivo, dijo, porque es quien debe pagar las pensiones en su mayoría con montos elevados porque eran exsecretarios o exdirectores generales, y ello se refleja en un egreso por unos 10 millones de pesos.
Por lo que conminó al Congreso del Estado a revisar los dictámenes que emite la Comisión del Trabajo que preside la legisladora petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, y su aprobación en el pleno.
En tanto cuestionado sobre el rumbo de las más de 60 denuncias interpuestas en la Fiscalía Anticorrupción en contra de sus antecesores, dijo que sólo seis están por resolverse, con visos a su favor.
Seguimos presentando recursos legales pero ahora en torno a apelaciones, amparaos o para revertir fallos como el de la no vinculación a proceso de la exsecretaria de Obras Públicas, Patricia “N”, a pesar de que por el mismo caso, exfuncionarios de menor categoría sí fueron vinculados a proceso, detalló.
Sotelo Salgado comentó además que en dos de las denuncias la justicia federal negó el amparo por no encontrar elementos que lo acreditaran por lo que confió que la mayoría de los casos llegarán a buen fin.
