Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 2 de abril.- La Fiscalía General del Estado no podrá realizar inhumaciones de los cuerpos acumulados en los Servicios Médico Forenses (Semefos) sin la intervención de la División Científica de la Policía Federal y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Lo anterior fue dado a conocer por Amalia Hernández Hernández, tía de Oliver Wenceslao, inhumado ilegalmente en las fosas de Tetelcingo, en Cuautla, al concluir la reunión donde se revisaron los puntos incumplidos de las recomendaciones 48/2016 y 190/2017 de la Comisión Nacional y estatal de Derechos Humanos, respectivamente, emitidas contra la Fiscalía del estado luego de la inhumación masiva de cuerpos en las fosas referidas, en 2014.
A más de dos años de las recomendaciones ambas comisiones se reunieron en Palacio de Gobierno y al encuentro asistieron representantes de la Secretaría de Gobernación, de la delegación de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas en el estado, del área de Derechos Humanos del Ejecutivo estatal, de la Fiscalía Especial en Desaparición Forzada de Personas, Fiscalía Especializada en Representación para grupos Vulnerables y Asistencia social, además del diputado local José Casas. El legislador fue invitado por Hernández Hernández para conocer el caso y coadyuvar desde el Poder Legislativo.
El representante de la CNDH expuso que su recomendación tiene un cumplimiento parcial pero no dio detalles.
En la reunión se acordó que antes de la inhumación de cuerpos y restos humanos, la Fiscalía estatal debe permitir la toma de muestras por parte de las dependencias federales a fin de contrastar los perfiles genéticos y obtener un mismo resultado que permita ingresarlos en las bases de datos tanto del Sistema de Índice Combinado de ADN (Codis, pro sus siglas en inglés), del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) y del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la FGR y así obtenerse su identificación.
El acuerdo, dijo Amalia Hernández, resulta efectivo porque el Fiscal Uriel Carmona, ausente en el encuentro, declaró de manera reiterada que en los próximos días serán extraídos los 300 cuerpos hacinados en los Semefos.
Hernández recordó que dentro de la recomendación de la CNDH está garantizar la no repetición de las anomalías cometidas en la inhumación masiva de cuerpos, hechas en las fosas de Tetelcingo, como la falta de necropsia de los cuerpos, de las carpetas de investigación así como de la toma de muestras que permitan la posible identificación de las víctimas.
No obstante dijo que la proximidad del temporal dificulta los trabajos ya que la ley impide la diligencia en esta época por lo que la inhumación debería realizarse en un plazo no mayor a 15 días, lo que estimó prácticamente imposible de cumplirse. Amalia sostuvo que la inhumación deberá efectuarse a mediano plazo para que los deudos tengan la certeza de que el cuerpo entregado corresponde a su familiar.
En la reunión se urgió al Secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas proveer de recursos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de Morelos, entidad responsable de otorgar recursos a los familiares para gastos del entierro, traslados, atención médica y psicológica a deudos, entre otros, además de la reparación monetaria de daño ordenada por algún juez.
En la reunión, según Amalia Hernández, se priorizó la intervención de los Semefos debido a que las diligencias en las fosas están inconclusas pero deben sortearse una serie de trámites, como el proceso de excavación que toma varios días y debe considerarse el traslado de los restos de manera inmediata al panteón ministerial. En el caso de Jojutla además, debe buscarse a los familiares de las personas inhumadas sobre la fosa común.
Sobre el punto, Hernández Hernández pidió a las autoridades locales como federales efectividad en el seguimiento ya que acusó la Fiscalía estatal no observó el acuerdo signado para que tanto familiares de víctimas como colectivos acompañaran a la instancia para sensibilizar a los deudos, y que éstos permitieran el traslado de los restos a otra región del panteón sin costo para ellos.
Pero, dijo, la Fiscalía actuó de forma arbitraria sin dar aviso a nadie y sin presentar propuestas por lo que la respuesta fue negativa por parte de los familiares de los ahí inhumados.
