Cuernavaca, Mor., 13 de marzo.- Familiares de Oliver Wenceslao, comerciante asesinado en Cuautla e inhumado ilegalmente en las Fosas de Tetelcingo, denunciaron dilación por parte de la Fiscalía en la denuncia interpuesta contra funcionarios implicados en el caso.
Amalia y María Hernández Hernández, tía y madre de Oliver, respectivamente, denunciaron que el proceso en contra de Ana Lilia Guerrero Moreira, quien era titular de Servicios Periciales en la Fiscalía Regional Oriente cuando se autorizó la inhumación de 119 cuerpos de forma irregular, entre ellos su familiar, promovió un amparo que le fue negado pero el lunes pasado, de nueva cuenta solicitó más tiempo para la audiencia intermedia, ello a más de dos años de iniciado el proceso jurídico en su contra.
La denuncia interpuesta por la inhumación ilegal de Oliver y 118 cuerpos más comenzó desde 2015, sin que se haya vinculado a ningún funcionario implicado al tiempo de destacar que ya hubo cuatro desistimientos del ministerio público en torno al caso contra la exdirectora de Servicios Periciales.
También explicó que con esto están en riesgo todas las carpetas de los 119 cuerpos encontrados en las dos fosas de Tetelcingo, pues se acumularon los expedientes en el del caso de Oliver.
Además recriminaron a las autoridades que desde octubre de 2016, no se ha dado cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso de las fosas.
Por lo que este día, al término del acto oficial del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, donde firmó el convenio del Mando Coordinado con 33 alcaldes, rompieron el cerco de seguridad para exigir la atención del mandatario sobre el caso.
Amalia Hernández recordó que la recomendación 48/2016 de la CNDH está dirigida al gobernador, al fiscal general y a los ayuntamientos, a la cual ni el anterior sexenio ni los ediles le dieron cumplimiento.
“La recomendación es hacia la personalidad jurídica, no contra usted”, recalcó Hernández Hernández al ser atendida por el mandatario estatal, quien pidió mesura y atención para las familiares de víctimas.
“El tema de las víctimas ha sido una deficiencia que ha tenido el sistema en Morelos y tenemos que mejorar y perfeccionar”, expresó Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno, al término de una reunión con las víctimas.
A través de un comunicado, el Ejecutivo estatal dio a conocer que se dará acompañamiento con las Comisiones Nacional y Estatal de Atención a Víctimas, respectivamente, la Fiscalía General de la República (FGR), y la Comisión Nacional de Búsqueda a la recomendación hecha en torno al tema de las fosas de Tetelcingo.
También se informó que será la Dirección General de Derechos Humanos, a cargo de Lucero Benítez Villaseñor, quien dará puntual seguimiento a la recomendación y será el enlace con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para este tema.
En 2014, 119 cuerpos fueron inhumados de manera ilegal en las fosas de Tetelcingo, en Cuautla. Entre ellos el cuerpo de Oliver Wenceslao, y el de una maestra víctima de secuestro del municipio de Yautepec, a pesar de estar plenamente identificados.
La inhumación se llevó a cabo en un camposanto de la comunidad indígena, sin que el lugar contara con los permisos legales del municipio. Tras varios meses de una batalla legal por recuperar el cuerpo de Oliver, a finales de 2014 el cuerpo fue exhumado y entregado a los familiares, quienes se percataron de la cantidad de cadáveres enterrados en el lugar.
Derivado de diversas anomalías que quedaron al descubierto con el anterior proceso, lo que ocasionó la exhumación de los cuerpos y su re-inhumación en el panteón judicial en Jardines del recuerdo.
El caso tuvo repercusión nacional e internacional, y derivado de las violaciones de derechos humanos, tanto de familiares como de las víctimas, la CNDH emitió la recomendación, en la que se les pide al gobernador, entre otras acciones, la reparación integral del daño, compensación o indemnización; en coordinación con los ayuntamientos, debió recabar información sobre los lugares usados como fosas comunes, en un plazo no mayor a seis meses.
Al fiscal General, ofrecer una disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y en el de la sociedad, siguiendo los estándares internacionales y se remitan a la Comisión Nacional las pruebas
Determinar conforme a derecho y a la brevedad, las carpetas de investigación que se encuentran abiertas y en integración por los hechos que motivaron la Recomendación.
Diseñar e impartir cursos de capacitación dirigido a los agentes del Ministerio Púbico y peritos de la FGE de Morelos sobre identificación, manejo y conservación de cadáveres, así como sobre procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, apegados al Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense.
Al ayuntamiento de Cuautla, crear y aprobar un reglamento de panteones, verificar en lo sucesivo que en las concesiones que el Ayuntamiento otorgue a los particulares para prestar el servicio público de panteones se cumplan los requisitos que por ley se solicitan, tanto para concesionarlos como para que entren en funcionamiento, mediante inspecciones periódicas, y remita pruebas de su cumplimiento a esta Comisión Nacional.
También pidió una investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquier otra autoridad competente para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.
Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, la CNDH podrá solicitar al Senado de la República o en sus recesos a la Comisión Permanente de esa Soberanía, que los cite a comparecer a efecto de que expliquen las razones de su negativa, lo cual hasta el momento no ha sucedido.