Redacción SL
Temoac, Mor., 2 de julio.- Este fin de semana el ejido de Amilcingo, municipio de Temoac, fue notificado del fallo a su favor sobre la suspensión de plano otorgada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos respecto de la operación del Gasoducto Morelos.
El recurso fue presentado por la comunidad antes los actos de autoridad ejercidos por la Secretaría de Energía y otras instancias mediante la ocupación ilegal de las tierras del ejido para la construcción, ocupación y operación del gasoducto Morelos; su inconformidad fue expuesta en la demanda de amparo 642/2019.
En un comunicado el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, agrupación que rechaza al Proyecto Integral Morelos (PIM), informó que con esta suspensión no solo se protege a la comunidad de Amilcingo sino a las 60 comunidades afectadas por el Gasoducto Morelos y por ahora no podrá operar en el resto de su trayecto para alimentar a la central termoeléctrica de Huexca, en Yecapixtla.
La suspensión de plano se otorga con motivo de la ocupación ilegal de tierras que realizó el gasoducto en el ejido de Amilcingo donde el tubo se instaló con la presencia de la fuerza pública estatal, federal y Ejército. En los antecedentes resaltan los hechos ocurridos el 13 de abril de 2014 cuando cinco personas de oposición al proyecto fueron baleadas.
La suspensión es consecuencia de una queja interpuesta por los afectados en abril pasado luego de que el juez noveno de distrito en el estado de Morelos, Guillermo Amaro Correa, desechó la demanda de amparo indirecto interpuesta por ejidatarios de Amalcingo.
Tras la resolución promovieron el recurso de queja con el número 159/2019, ventilado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito.
En enero pasado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Puebla confirmó el amparo para cuatro comunidades de Atlixco para el efecto de que sean consultadas, pero hasta ahora no existía una suspensión de la operación del gasoducto.
«Con la presente suspensión, las más de 80 comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos (PIM), tendremos un nuevo respiro de no ser despojados en nuestros bienes naturales, salud y seguridad, al menos que el Gobierno Federal pretenda violar la orden judicial federal e iniciar el funcionamiento del PIM».
El Frente recordó que existen 10 amparos promovidos por 11 comunidades indígenas, en donde se reclama la violación al derecho de autodeterminación de los pueblos nahuas del volcán, y la Recomendación 003/2018 de la CNDH, donde se documenta la violación al derecho a la consulta y la falta de seguridad del PIM en torno al volcán Popocatépetl. Pese a ello, dice el comunicado, no se pararon las actividades de transporte de hidrocarburos que, según el Estado, es de interés social, aun cuando existan inminentes deficiencias de seguridad en su instalación.
Esta suspensión se suma a la suspensión definitiva conseguida por Huexca para que no se contamine el Río Cuautla con las aguas de descarga de la termoeléctrica, a las suspensiones de plano concedidas a tres ejidos de Ayala contra el funcionamiento del acueducto y al amparo ganado en Atlixco por cuatro comunidades.
Por eso, abunda el documento, aún cuando el Presidente de la República diga que está pendiente echar andar e imponer el Proyecto, nosotros decimos que está pendiente que nos escuche públicamente, esclarecer el asesinato del opositor a la termo Samir Flores, castigo a los responsables de tortura, justicia para los encarcelados y perseguidos.
Responsabilizamos al gobierno y empresas de cualquier acto de intimidación o represión que puedan sufrir las comunidades afectadas por el PIM y sus defensores, ya sea de manera directa o indirecta por medio de grupos de choque, delincuenciales vinculados con el gobierno y empresas, criminalización o represión de cualquier otra índole, advirtió el Frente.