Por Oswald Alonso
CUERNAVACA, Mor.- Un Juzgado de distrito dio entrada a un juicio de amparo que interpusieron 15 cámaras empresariales contra la cancelación de la convocatoria para integrar el Consejo de Participación Ciudadana (CPC), órgano que regularía las figuras de revocación de mandato, plebiscito, referéndum y consulta ciudadana.
La Ley de Participación Ciudadana fue aprobada en el año 2000 y su contenido incluyó las figuras de consulta pero nunca se aplicó. En el 2012 los legisladores, antes de concluir la legislatura, abrogaron la ley y aprobaron una nueva que incluye la consulta ciudadana, red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, revocación del mandato y cabildo abierto.
En septiembre del mismo año el todavía gobernador del PAN Marco Adame Castillo la regresó al Poder Legislativo con observaciones pero se quedó en el archivo hasta abril de este año cuando cobró vigencia la Ley al publicarse en el periódico oficial Tierra y Libertad.
Ya en esta legislatura con un gobierno emanado del PRD los diputados locales emitieron la convocatoria para integrar el CPC, pero después cancelaron la convocatoria bajo el argumento de es necesario ajustar este mecanismo a la reforma política constitucional.
Juan Carlos Salgado Ponce, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el estado y uno de los principales promoventes de la recurso de amparo, acusó al secretario de gobierno Jorge Messeguer Guillén, de haber confabulado con los legisladores morelenses para suspender la integración del Consejo por su temor a la transparencia, rendición de cuentas y ser auditados por los ciudadanos.
“El gobernador Graco Ramírez no debe tener miedo a ser observado por los ciudadanos. En todo caso debe saber que nosotros no vamos por el descabezamiento de nadie, lo que buscamos es que haya un instrumento para que los ciudadanos tengan injerencia en la toma de decisiones en las políticas públicas”, exigió el empresario.
“Tenemos cinco años trabajando para que se concrete la Ley de Participación Ciudadana y la creación del Consejo donde sean los ciudadanos los que decidan el rumbo de un estado. Los funcionarios son nuestros empleados, por eso estamos enojados porque no quieren someterse a la vigilancia ciudadana”, externó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Cuernavaca, (CANACO), Antonio Sánchez Purón.
Con esta figura los ciudadanos podrán solicitar un plebiscito y para su aprobación se requerirá la firma del tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal; utilizar el plebiscito, para aprobar o rechazar actos o decisiones del Poder Ejecutivo, Legislativo o de los ayuntamientos.
Foto: G.G. Pérez / ciudadanos.mx