Por Justino Miranda
Cuernavaca, Mor., 21 de septiembre.- La representación jurídica de las comunidades que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM), presentaron ante juzgados de distrito cuatro incidentes de violación a las suspensiones de amparo que obtuvieron contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, Conagua, Comisión Reguladora de Energía, Sener, presidentes municipales, entre otros.
Los amparos buscan la protección de la justicia federal contra la extracción de agua para operar la planta termoeléctrica de Huexca, el gasoducto y la consulta ciudadana que promovió el gobierno federal, explicó Juan Carlos Flores Solís, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA).
Flores Solis dijo que las comunidades decidieron promover los incidentes luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que la totalidad de los amparos presentados contra el PIM estaban resueltos y no había impedimento para retomar los trabajos de la planta termoeléctrica.
Con los incidentes, añadió el abogado, se reclama que con las declaraciones del presidente y la secretaria de Gobernación se comienzan a violar las suspensiones de los amparos, “porque dicen que no hay impedimento legal para echar andar el PIM y que en diciembre podría reactivarse los trabajos, como conectar el resto de la tubería para el gasoducto”, dijo.
El representante legal afirma que desde el inicio del PIM se presentaron alrededor de 30 amparos por diferentes agrupaciones sociales, comunidades que aprovechan el agua del río Cuautla, pueblos afectados por el paso del gasoducto, y otros, pero hasta agosto pasado estaban vigentes 17 promociones documentadas y solo uno fue resuelto a favor del gobierno federal.
Se trata de amparo presentado por el Ejido de San Juan Ahuehueyo cuya inconformidad legal es que la CFE tome agua del río Cuautla para llevarla a la planta termoeléctrica, conforme al expediente 112/2018 de juzgado sexto de distrito, con sede en Cuernavaca.
El abogado Flores Solís, también promotor de este amparo, afirma que el perito oficial de hidrología que intervino en el juicio fue parcial porque pertenece a la Conagua, que es autoridad responsable.
El caso tenía suspensión de plano porque el ejido demostró que la extracción de agua del río Cuautla disminuiría la dotación para sus tierras, pero la parte demanda argumentó que el agua que utilizará la termoeléctrica no será del río Cuautla sino de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR).
En opinión de Flores Solis la PTAR es un afluente, un alimentador del río Cuautla y el agua que trata también le pertenece. Si bien es cierto, dice, que el agua viene de Cuautla y es tratada, también resulta cierto que se extrajo en un principio del acuífero y la autoridad tiene el deber de tratarla y regresarla de lo mejor posible.
Eso se llama aguas de retorno, explicó, y subrayó que la misma Comisión Nacional de Agua contestó a la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), que el agua de PTAR sí le corresponde porque ahí tiene su origen.
“El juez de la causa dice que el agua le pertenece a la comunidad pero que una vez tratada le pertenece a Asurco, pero se basa en el peritaje en hidrología y dice que no les va a afectar. Lo irregular es que el juez aceptó que el perito oficial fuera de la Conagua”, expuso.
El caso fue recurrido ante el Tribunal Colegiado pero los magistrados afirmaron que un perito era autoridad responsable y podía fungir como perito oficial.
Con respecto a los incidentes de violación, el abogado explicó que lo que procede es que el juez federal pida al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Conagua acaten las suspensiones, ademas de pedir informes correspondientes para saber si es verdad que están considerando echar andar el proyecto.
“El presidente debe sustentar ante el juez su dicho de que todos los juicios de amparo están resueltos. Tienen tres días hábiles para contestar, una vez que sean notificados”, dijo Flores Solis.