Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 5 de agosto.- El pasado fin de semana se registraron ocho asesinatos, siete hombres y una mujer, cuya autoría es atribuida a la delincuencia organizada, afirmó el jefe de la Oficina de la Gubernatura José Manuel Sanz Rivera: “Casi todas las víctimas pertenecían a la delincuencia organizada”, declaró.
Sanz Rivera expuso que los crímenes no van dirigidos contra la sociedad sino que tienen por blanco a otros miembros de grupos criminales, con quienes pelean por el control “de la plaza”. En torno a la joven asesinada a tiros el sábado pasado, trabajadora del Tribunal para Adolescentes , dijo que ésta iba con una persona que ya había sido amenazado en reiteradas ocasiones por presuntos grupos criminales, en mantas y mensajes, “desafortunadamente era pareja de esta persona pero no tenemos indicios de que esté coludida, del novio sí hay una serie de antecedentes”, aclaró.
Ante la ola de violencia en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Puente de Ixtla, Sanz Rivera adelantó que la estrategia de seguridad no será modificada, incluso reveló que a nivel federal consideran que los elementos de la Guardia Nacional contemplados para la entidad (entre 900 y mil 200) son suficientes para controlar la ola delictiva, “disparada” tras la detención del líder de la célula delictiva de “Los Rojos”, Santiago Mazarí “El Carrete” registrad la semana pasada en Guerrero.
La autoridad federal contempló el envío de la GN a Morelos desde el ms pasado, de los cuales sólo ha llegado a Morelos unos 450 integrantes desplegados en la zona Oriente y Metropolitana, no así en la sur, frontera con el estado de Guerrero, que desde hace más de una década está bajo el yugo de diversos grupos criminales, principalmente de “Los Rojos”. Pese a ello, Sanz Rivera dijo que no hay fecha de la llegada del resto de la GN que sería desplegada en la zona sur.
En torno a la presunta protección de autoridades de la anterior administración, tanto federal como estatal, la mano derecha del gobernador Cuauhtémoc Blanco evadió “conjeturas a priori” y enfático declaró que es responsabilidad de las autoridades competentes descartar o evidenciar la presunta protección a Santiago Mazarí, así como establecer la sanción correspondiente en su caso.