Por Leticia Villaseñor
Jojutla, Mor., 22 de marzo.- El Frente de Víctimas del Estado de Morelos exigió al fiscal Javier Pérez Durón, tener presencia dentro de la zona cero donde se lleva a cabo la diligencia para la exhumación de los cuerpos de la fosa del panteón municipal de Jojutla.
Ana Luisa Garduño, dirigente de la organización, recriminó a Pérez Durón que los familiares de víctimas del propio estado no tengan un representante que atestigue el proceso, y sí haya permitido que de otros estados como Nuevo León y Estado de México.
«El Frente está conformado por 23 familias, pero hay muchos colectivos que no fueron tomados en cuenta, esto debe ser abierto y hacer una convocatoria real a las familias de todas las organizaciones, que bueno están haciendo un trabajo para víctimas entonces que se vea la representacion. No se trata de protagonismos se trata de trabajar en coadyuvancia con la fiscalía, con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con la Policía Federal para tener resultados», recriminó.
Ana Luisa Garduño culpó de la situación a las organizadoras María y Amalia Hernández, familiares de Oliver Wenceslao, inhumado irregularmente en las fosas de Tetelcingo.
«Ellas son las que llevan la batuta, ellas no nos invitaron a estar en la zona cero», expresó, a pesar de que la diligencia está a cargo de la Fiscalía General del Estado.
El secretario de Comunicación, Javier Sicilia, se pronunció en el mismo sentido al criticar el aval incondicional que han hecho ambas mujeres al trabajo de la Fiscalía, en especial con los fragmentos de huesos que fueron localizados en la primera «cama» de la fosa.
«Si se van a poner del lado de la Fiscalía (María y Amalia), nosotros seguiremos dando nuestras declaraciones frente a lo que encontremos. No avalamos a ninguna fiscalia, nos parece muy bien que el fiscal haga su trabajo pero no avaleremos ocultamientos ni conjeturas, hay una pedacería de restos óseos y ahí hay un crimen que se debe identificar.
La Fiscalía no puede decir que hasta que terminen los trabajos van a investigar, deben empezar por ahi, no avalaremos nada que ponga en riesgo la dignidad de los muertos o de los desaparecidos», esgrimió.
Felipe y Consuelo, familiares de víctimas sin acceso a la zona cero, son padres de 4 hijos. Francisco, de 17 años, desapareció de la colonia Pedro Amaro, donde está ubicada la fosa, el 12 de febrero de 2012.
El joven sufría de epilepsia y las crisis que le daban causaron que fuera excluído de la escuela primaria. «No acabó sexto grado porque la maestra me dijo que se ponía muy mal y le daba miedo que se lastimara en la escuela, pero además los niños se burlaban de él y lo hacían sentir peor», dijo la madre con lágrimas en su rostro.
«Mi hijo era bueno, no tenía vicios, no fumaba ni tomaba, sólo le gustaba jugar a la pelota. A veces, cuando no se enfermaba, me ayudaba a trabajar, yo soy jornalero», dijo Felipe.
Francisco salió de su casa la tarde del 12 de febrero a jugar con su pelota y no regresó más. La familia denunció su desaparición y le realizaron muestras genéticas, pero nunca le han dado resultados positivos.
A pesar de que Francisco tenía dos años y medio desaparecido, nunca les informaron sobre el proceso de inhumación hecho a mediados de 2014 en el panteón municipal, a menos de un kilómetro de distancia de su hogar.