Redacción SL
Cuernavaca, Mor., 16 de marzo.- Militantes de Morena inconformes con el convenio de coalición con el Partido Encuentro Social (PES) y el partido Nueva Alianza (Panal), realizaron una caravana a bordo de automóviles la cual salió de la avenida Plan de Ayala a las oficinas del partido, ubicadas en la colonia Amatitlán en esta ciudad, donde instalaron un plantón.
Ayer el dirigente estatal, Gerardo Albarrán Cruz, afirmó que aunque no están de acuerdo acatarán la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que emitió el pasado 12 de marzo sobre el convenio de coalición “Juntos Haremos Historia”.
Desde principios de año el dirigente estatal impugnó ante el Tribunal Electoral Federal la coalición y argumentó que tanto el PES como Nueva Alianza no representan la ideología que postula Morena y por lo tanto resulta contrario al interés de los militantes y simpatizantes, pero su principal inconformidad se debe a que el convenio otorga al PES el derecho de postular candidato al municipio de Cuernavaca, capital del estado.
Sin embargo, hoy, Javier Orihuela, vocero de los inconformes, señaló que buscan evitar que en 27 municipios haya imposiciones porque presuntamente la dirigencia de Morena hizo a un lado a los integrantes de las bases.
Durante la manifestación, Juan Carlos García Sánchez, precandidato a presidente municipal en Zacatepec por el partido Morena, denunció que presuntamente por órdenes de la diputada local Keila Figueroa Evaristo el miércoles pasado dos sujetos armados a bordo de una motocicleta atentaron contra su vida.
Sobre los hechos dijo que el miércoles cuando salía de la casa de su madre para acudir a una reunión fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta, uno de ellos sacó su arma y le disparó en la cabeza pero salió ileso porque esquivó las balas.
Por esta situación, refirió, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) porque es un atentado político contra su candidatura, por lo que, además, solicitó medidas de protección por 90 días porque está en riesgo su vida.