Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 14 de diciembre.- La defensa del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, y de su esposa María Elena Ávila Guerrero, anunció que impugnará la vinculación a proceso dictada por un Juez de Control contra el matrimonio, así como su clasificación de sustraídos de la justicia. Ambos son procesados por el delito de enriquecimiento ilícito en detrimento de la sociedad.
Su abogado Christian Fragoso Velásquez dijo que objetarán el resolutivo porque todo el proceso contra sus defendidos, desde la integración de la carpeta, está viciado, así como el criterio del juez Isidoro Edie Sandoval Lome en cuando a que “el enriquecimiento ilícito procede de actos de corrupción por lo que la carga de prueba se revierte contra los imputados”.
El abogado consideró que esa valoración el marco legal. “¿Dónde quedó la presunción de inocencia? Hasta que no haya una sentencia y ésta puede ser impugnada, se declara culpable a alguien”, argumentó.
Recordó que lo concerniente a la libertad de sus representados está sujeta a una autoridad federal y el juez local Sandoval Lome no debió pronunciarse al respecto, además señaló que el delito que les imputan no está considerado como grave y tampoco amerita prisión preventiva.
Fragoso explicó que la vinculación a proceso es para que las investigaciones continúen y en caso de encontrar elementos entonces se someterá a juicio a sus defendidos. Sólo hasta ese momento el juez de la causa puede declarar si hay responsabilidad penal o no.
El juicio, insistió, fue parcial y viciado y por eso adelantó que acudirá ante un juez federal para que determine si concede el amparo de fondo, lo que significaría la no vinculación a proceso, o bien que el juzgador federal dicte una nueva resolución. Un tercer escenario es que el amparo sea negado pero confió que las anomalías registradas en el proceso abren las condiciones para que el amparo sea favorable a sus clientes.
Fragoso dijo que expondrán el comportamiento y los pronunciamientos del juez local para que sea la autoridad federal la que determine si hay responsabilidad penal o no para el propio juzgador.
El abogado detalló que la representación social, en este caso la Fiscalía Anticorrupción, debe acreditar el origen de los recursos y si éstos tiene un origen ilícito o de otra fuente dudosa; es el estado el que acusa y está obligado a comprobar.
«La Fiscalía no acreditó cómo, cuándo ni dónde se aprovecharon de su cargo para hablar de enriquecimiento ilícito, es decir, no acreditaron el delito y ante la falta de elementos no hay configuración de éste, no es un tema de interpretación ni está sujeto a criterio de nadie, la ley es muy clara en ese sentido», abundó.
Fragoso Velásquez dijo que la Fiscalía sólo mostró cifras alegres, tendenciosas e información financiera de los universitarios, que no fue solicitada por un juez por lo que fue ilegal. Acusó que la presentación de los estados de cuenta de los universitarios comprende desde 2012 a 2017, cuando Vera Jiménez fue rector de la UAEM y su esposa directora de Planeación Institucional.
“La parte acusadora ‘olvidó’ que además de las percepciones salariales hay bonificaciones que prácticamente duplicaron sus ingresos en el periodo referido, pero con ello les hubieran cuadrado las cuentas y la acusación de enriquecimiento ilícito no tendría razón alguna”, ironizó.
Christian Fragoso no dio certeza sobre cuándo solicitarán el amparo indirecto, pero dejó entrever que será a más tardar el próximo lunes.