Por Leticia Villaseñor
Ciudad de México, 28 de febrero.- El rector de la UAEM Alejandro Vera Jiménez acusó que 60 funcionarios implicados, por acción u omisión, en el caso de las fosas irregulares de Tetelcingo, en Cuautla, están impunes ante la omisión de la Fiscalía General del Estado de levantarles cargos a pesar de que fue parte de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Este día, el senador Rabindranath Salazar Solorio encabezó una rueda de prensa al interior del Senado de la República, en el Patio del Federalismo, acompañado por sus homólogos Mario Delgado, Zoé Robledo, Alejandro Encinas y Fidel Demédicis, así como del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Alejandro Vera; Gerardo Becerra, vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos; Dagoberto Rivera Jaimes, líder transportistas, entre otros, todos contrarios a las políticas públicas y forma de mandato del gobernador Graco Ramírez.
Ahí, Rabindranath Salazar aseguró que “Morelos, es la viva imagen de la impunidad y del estado fallido”. Dicha aseveración fue secundada por Vera Jiménez quien denunció que a pesar de la recomendación 48/2016 emitida por la CNDH, para que la Fiscalía finque responsabilidades a los implicados en el caso de Tetelcingo, ésta ha sido ignorada.
“Hay 60 funcionarios del gobierno del estado -identificados en la recomendación, dijo-, implicados, pero solo a dos se le fincaron responsabilidades y están sin sentencia. No hay reparación de daño lo que significa un caso grave de violaciones a derechos humanos, por lo que desde la máxima tribuna de la nación, como es el Senado, solicitamos que sea la Procuraduría General de la República la que atraiga dichas violaciones, se exija la reparación del daño, se sancione a los relacionados, por acción u omisión, y se investigue y esclarezcan los hechos tanto de Tetelcingo como de Jojutla, próxima a abrirse”, demandó.
En marzo de 2014, la entonces Procuraduría General del Estado ordenó la inhumación irregular de 119 cuerpos en un predio sin registro en la comunidad de Tetelcingo. Unos meses más tarde, se repitió el proceso en la zona sur, en Jojutla.
La lucha legal de familiares de víctimas derivaron en la apertura de las fosas en Cuautla, en mayo de 2016, y los cuerpos fueron exhumados y re-inhumados en el panteón Jardines del Recuerdo, en dicha ciudad.
En la diligencia participó la propia PGR, la Policía federal de Investigación Criminal, la UAEM, la Fiscalía y la CNDH, entre otras dependencias.
La Comisión emitió una recomendación por el caso en la que pidió al fiscal general Javier Pérez Durón que “con la denuncie que formule por las responsabilidades administrativas y/o los delitos en que pudiese haber incurrido el personal que ordenó, y participó en la inhumación irregular de los cadáveres del 28 de marzo de 2014, del personal ministerial que actuó de forma irregular en las carpetas de investigación de las 119 víctimas inhumadas, así como de los superiores que hayan ordenado y autorizado o tolerado las acciones descritas en la presente; de igual manera se investigue la procedencia de los oficios firmados por los agentes del Ministerio Público en los que se ordenó la inhumación, se remitan a esta Comisión Nacional”.
A decir del rector, fueron identificados 60 funcionarios implicados en el caso, sin embargo sólo procedió contra dos servidores, Ana Lilia Guerrero, exdirectora general de los Servicios Periciales, y Gerson Cervantes Guerra, exencargado de despacho de la dirección de Servicio Médico Forense de la fiscalía, probable responsable de la inhumación ilegal en las fosas de Tetelcingo, a quien le fue otorgado un amparo.
Anomalías encontradas en la inhumación irregular de Tetelcingo
En el informe “Fosas clandestinas de Tetelcingo: Interpretaciones preliminares”, los peritos de la UAEM documentaron que 84 de los 119 cuerpos inhumados en la comunidad indígena tienen evidentes signos de violencia física y tortura, lo cual, expone el informe, “evidencia el posible encubrimiento de delitos por parte de las autoridades morelenses”.
Las lesiones encontradas fueron causadas por impactos de bala en el cráneo; lesiones producidas por armas punzocortantes en diversas partes del cuerpo; quemaduras en prendas o partes del cuerpo; cráneo ausente sin explicación forense; cráneos fragmentados o fracturados; fracturas en huesos; amputaciones; órganos extirpados sin explicación; amputaciones sin señales de traumatismo y sin explicación forense; y cuero cabelludo separado del cráneo; entre otros.
El estudio también apunta que 12 de los cuerpos fueron sepultados sin la necropsia de ley, de esos, nueve presentan huellas evidentes de violencia, incluyendo tres heridas por impacto de proyectil, una posiblemente hecha con arma punzocortante y varias que podrían derivarse de golpes con objetos contundentes.
Además, 34 de los cuerpos inhumados no estaban vinculados a ninguna investigación penal, es decir, fueron enterrados sin que la autoridad realizara ninguna indagatoria sobre el motivo de la muerte.
El próximo lunes la fosa de Jojutla será abierta, con lo que dará inicio el proceso de exhumación de 36 cuerpos, los cuales serán llevados al panteón de Cuautla, donde fueron depositados los otros cuerpos.