Por Oswald Alonso

CUERNAVACA, Mor., 13 de octubre.- Organizaciones civiles de mujeres crearon un bloque para exigir al gobierno del estado, de cumplimiento a las 15 recomendaciones que hizo la CONAVI  para atender  los múltiples asesinatos de mujeres que han ocurrido a lo largo del territorio en Morelos en 13 años.

En Mayo pasado la  Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), pidió a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia  Contra las Mujeres (CONAVI) aplicar la alerta de genero al contabilizar en 530 feminicidios en 13 años pero con tendencias a la alza. La comisión emitió recomendaciones al encontrar que no existen políticas públicas que contrarresten las cifras.

Un grupo de mujeres representantes de por lo menos 15 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres,  públicamente protestaron y mostraron  su indignación pues los feminicidios no disminuyen y el gobierno no da muestra de querer revertir  la negativa estadística.

Ixtlol Preciado, vocera de las organizaciones civiles pidió al estado informe publica y transparente en 30 días, cuales son las medidas que asumirá cada una de las dependencias gubernamentales, además de cuáles son sus planes y estrategias para proteger la vida de las mujeres.

Aunque el gobierno tiene seis meses para atender las 15 recomendaciones hechas por expertos en el tema, la presidenta del Comité Contra el Feminicidio (COCOFEM), Ixtlol Preciado, manifestó que no van a esperar el periodo porque podrían argumentar descoordinación cuando eso está muy claro. Mes con mes vigilancia que ha hecho el gobierno en el tema.

Además juzgaron que el informe sobre la solicitud de alerta de género atendida por la CONAVI, el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, integrado por dependencias estatales, ha sido descalificado  por su incapacidad  para crear programas; el sistema era presidido por Jorge Messeguer Guillén, hasta este lunes secretario de gobierno.

La comisión nacional en sus 15 recomendaciones establece que en Morelos sólo existe un solo programa para prevenir la violencia, y que no existe coordinación para aplicarlo al grado de que funcionarios no están capacitados.

Además de que existe un rezago en las carpetas de investigación de los feminicidios, que no existen protocolos de investigación, y que, los ministerios públicos no están capacitados en la atención de violencia de género.

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