Cuernavaca, Mor., 12 de noviembre.- El diputado de Morena, Marcos Zapotitla Becerro, acusó que la violencia actual es derivada de un presunto encubrimiento entre la pasada Legislatura y la administración saliente de Graco Ramírez.
En la comparecencia del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, Vicente Loredo Méndez, ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Zapotitla lamentó que hasta el momento no se hayan observado las cuentas públicas del Ejecutivo desde 2015, debido a un rezago histórico.
Ejemplificó que en la administración del exgobernador Graco Ramírez se adquirieron mil 700 cámaras de videovigilancia conectadas al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), de las cuales el actual comisionado de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros sólo contó mil.
“Además están por vencerse las licencias de funcionamiento de esas cámaras, tampoco lo ‘nidos de águila’ –torres de videovigilancia móviles-, funcionan. Tanto el exgobernador como el excomisionado Alberto Capella dejaron una crisis en el tema de la infraestructura de seguridad”, observaciones que hasta el momento no se han expuesto para realizar el deslinde de responsabilidades, acusó.
Por estos motivos adelantó se contempla un aumento presupuestal para dotar a la Comisión Estatal de Seguridad Pública de más elementos, ya que de los 5 mil 400 que según Capella Ibarra que dejó acreditados, Ortiz Guarneros aseguró que la entidad sólo cuenta, de manera efectiva, con mil 600; el diputado afirmó que el presupuesto adicional será también para adquirir armamento, equipo, vehículos, capacitación y más prestaciones para los policías.
Zapotitla Becerro señaló que la creciente inseguridad en el estado “es parte de la comparsa, del juego político de las administraciones recién concluidas entre ambos Poderes, y el auditor juega un papel en contubernio con el fiscal Anticorrupción Juan Salazar para que se venzan los plazos y no se finquen responsabilidades a ningún servidor público, o en el mejor de los casos, con inhabilitaciones. El auditor ya nos reveló que no buscará iniciar procesos penales ni resarcitorios sino administrativos”, acusó.