Por Uzziel Becerra
Tras el anuncio por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de una denuncia presentada por Emilio Lozoya Austin ante la FGR en la que señala a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón como personajes vinculados a delitos de cohecho, la dirigencia de sus partidos políticos se han deslindado de la responsabilidad penal que pudiera recaer sobre ellos, buscando sobrevivir a un escenario en el que MORENA busca desplazar por completo al PRI y al PAN para volver a obtener las mayorías parlamentarias, así como obtener las gubernaturas que el PRI y PAN tiene mayoritariamente en el país.
Desde el martes 11 de agosto (2020) Alejandro Gertz Manero dio a conocer ante los medios que Lozoya interpuso una denuncia ante la FGR en la que acusa al expresidente Enrique Peña Nieto y a su exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, de ordenar pagos que trascienden los 100 millones de pesos, en sobornos (delito de cohecho) fundamentalmente utilizados para financiar la campaña electoral del año 2012, provenientes de Odebretch, así como 120 millones de pesos para convencer a diversos legisladores (un diputado y cinco senadores) sobre la aprobación de las reformas estructurales de los mismos años 2012-2013, entre otras como beneficios empresariales específicos. “…fueron los que le ordenaron (a Lozoya) que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas (Peña Nieto y Videgaray)”, expresó el fiscal Gertz Manero.
Asimismo, conforme a los señalamientos de la FGR, Lozoya habría revelado que durante la administración de Felipe Calderón la empresa “Etilenio 21”, vinculada también con Odebretch, recibió beneficios económicos, como privilegios en precios de insumos sobre los que el gobierno federal tuvo pérdidas graves. Las acusaciones de Lozoya a través de su denuncia se suman a las órdenes de aprehensión que solicitó la FGR para 19 exfuncionarios del círculo cercano de Miguel Ángel Osorio Chong, mientras fuera secretario de Gobernación en el sexenio de Peña Nieto. La sola posibilidad de llamar a dos expresidentes de México a comparecer en un juicio es algo inédito, y que deberá leerse, no solo desde la perspectiva jurídica, por cuanto al proceso penal, sino desde el punto de vista de las repercusiones políticas para sus partidos de origen, puesto que están involucrados altos funcionarios que hasta ahora tienen cuotas de poder al interior de sus partidos, como el exsecretario de Hacienda Videgaray, de Gobernación, Osorio Chong, y ,por otro lado, Ricardo Anaya, quien ha sido señalado también dentro del listado de legisladores sobornados para aprobar las reformas del “Pacto por México”.
A través de su oficina de prensa, la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional hizo hincapié en el deslinde de Emilio Lozoya, señalando que está a favor de que la FGR realice las investigaciones correspondientes y si algún personaje interno tuviera responsabilidad, se llegue a las últimas consecuencias, aludiendo entrelíneas que no respaldarían como partido al expresidente Peña Nieto si se presentara ante la justicia. El PRI lleva varias semanas reforzando su posición; desde las primeras horas de la llegada de Lozoya a México, Alejandro Moreno, actual dirigente nacional del PRI señalaba “los actos de corrupción son individuales y, quien los cometa, debe enfrentar todo el rigor de la Ley”, al tiempo de asegurar que Lozoya Austin no es militante del PRI, pues no tiene registro en el padrón actual ni en el anterior, por lo que su único vínculo con el partido sería la relación personal y cercana con Enrique Peña Nieto .
En efecto, la narrativa indica que si algún miembro del partido incurre en actos de corrupción debe pagar y responsabilizarse, sin afectar a los intereses partidarios (aunque eso no es posible en términos de la rendición de cuentas gubernamental). Alejandro Moreno, señalaba en julio “nunca estaremos con quienes han abusado para lograr provechos personales desde la función pública”, y en por medio de un tweet: “Siempre lo he dicho, el PRI estará del lado de la ley, y en contra de la corrupción, tope hasta donde tope”. A través de la cuenta nacional en la plataforma de Twitter, el PRI señalaba: “Reafirmamos que estamos a favor de la lucha contra la corrupción y de que se sancione a cualquier funcionario público que haya violado la ley. El PRI de hoy no es ni será tapadera de nadie”, por lo que buscarán sobrevivir a la narrativa del PRI=corrupción deslindándose del juicio contra los funcionarios del círculo cercano de Peña Nieto.
Por otra parte, el Partido Acción Nacional debería reconocer en el juicio contra el expresidente Calderón, y con mucha probabilidad contra Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia de la República en 2018, una oportunidad para renovar sus élites dirigentes, tal como busca hacerlo el Revolucionario Institucional, puesto que su apego a personajes y narrativas heredadas por los comicios del 2018 han imposibilitado que Acción Nacional sea considerado mayoritariamente como una alternativa electoral viable, poniendo en riesgo las posibilidades de triunfo rumbo a las elecciones del 2021, más aún con el fortalecimiento de la narrativa del “PRIAN”. Sin embargo, el PAN no se ha pronunciado al respecto, puesto que Calderón Hinojosa desertó de su partido de origen para tratar de constituir al nuevo partido “México Libre”, por lo que no hay un incentivo suficientemente fuerte para que hagan precisiones al respecto, ni siquiera a sabiendas de que el sexenio de Felipe Calderón se integró por personajes del partido blanquiazul que siguen teniendo fuerza a su interior.
En efecto, los partidos políticos, como entes públicos y responsables de facilitar el acceso a los cargos de elección popular con una visión y proyecto compartido, deben utilizar las tendencias de combate a la corrupción a su favor, como lo hace el partido en el poder, si quieren sobrevivir a la ola que MORENA representa y seguirá representando de cara a los procesos electorales en puerta. Aunque el argumento en contra de la renovación de las élites dirigentes versa sobre su unidad interna para estructurar al partido y que pueda solventar una elección de dimensiones nacionales, el problema es fundamentalmente la incapacidad de renovar posicionamientos, visiones de gobierno, proyectos de largo plazo y, sobre todo, recuperar la legitimidad social perdida gracias a su incorporación en las amplias redes de corrupción e impunidad que se perfeccionaron en sus respectivos sexenios.
Gertz Manero señaló en el video presentado a los medios que tanto Peña Nieto como Videgaray podrían ser llamados a declarar ante un juez competente: “A partir de este momento, la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias; en primer lugar, las ratificaciones (de la denuncia), la presencia de los testigos, el análisis pericial de los testigos y video y en caso de que sea procedente, las personas que él imputa, los llamaremos a declarar”. Al respecto aclaró que Lozoya ha ofrecido como medios de prueba a cuatro testigos, documentos y un video (datos de prueba), con los cuales se busca judicializar la carpeta de investigación ante un juez penal competente. Como lo señalábamos en este espacio, López Obrador utilizar el juicio contra Lozoya como herramienta política a favor suyo y de su partido, con miras a debilitar al “PRIAN” (que, aunque en los hechos no existe, es una forma de interpretación arraigada en el votante) por haber emanado de ellos.
En efecto, el gobierno se beneficia del juicio contra Lozoya y los expresidentes en tiempos donde la gestión de la crisis gubernamental es débil, el escenario económico es deficitario y los números de muertes por covid-19 siguen subiendo hasta ser el tercer país en el mundo con más muertes por SARS-CoV-2. Pese que López Obrador se había excusado en la consulta popular para no proceder contra los expresidentes, expresando incluso que él votaría en contra de juzgarlos porque “no se debe vivir con resentimientos”, no tenía otra opción, debía utilizar ese salvavidas como oportunidad para cumplir la más importante de las promesas de campaña y gobierno: el combate a la corrupción.
Los juicios contra Emilio Lozoya y los expresidentes Peña Nieto y Calderón deberían ser una oportunidad ejemplar para demostrar que, bajo la narrativa de una “cuarta transformación” de la vida pública, la administración de justicia se robustece y se rige conforme a los requisitos de un Estado de Derecho, entre los que se encuentran la independencia y autonomía judicial, tanto del gobierno como de la correlación de fuerzas políticas y vaivenes de la coyuntura. Pero la oportunidad exponencial de utilizar los juicios a favor del gobierno en tiempos electorales es más seductora que hacerlo conforme al debido proceso, pues buscarán mantenerse en el poder o al menos mantener las mayorías, así pueden “matar dos pájaros de un tiro”. Si los partidos no se adaptan y aprovechan para renovar sus liderazgos y élites dirigentes, el escenario para ellos será sombrío. En tiempos donde la posverdad se impone en la interpretación de la realidad y tener razón no es suficiente; con un electorado acostumbrado a leer la coyuntura política con el lenguaje y narrativa de la “cuatroté”, los partidos de oposición difícilmente serán competitivos en términos electorales.
*Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en UAEM. Representante de Morelos en el Consejo Nacional Universitario. Auxiliar Jurídico en el Corporativo Paredes.