Por Oswald Alonso
Matías Quiroz Medina, no es diferente a Alberto Capella Ibarra, menos a Rodrigo Dorantes Salgado; los tres violan el derecho a la verdad a que tenemos derecho todo ciudadano morelense. Ellos tienen la obligación legal de explicarnos los detalles de la crisis en que pusieron al estado de Morelos con las peleas en el gabinete de seguridad del gobierno de Morelos.
El tema de seguridad pública, al igual que la procuración de justicia, son dos temas legales, institucionales y de interés público; los funcionarios estatales, según la ley, están obligados a transparentar, rendir cuentas, hablar con la verdad sobre sus acciones como servidores públicos, no hacerlo es faltar a la ley y motivo de responsabilidades jurídicas.
El Fiscal morelense Rodrigo Dorantes Salgado, renunció este miércoles, antes acusó al comisionado de seguridad Alberto Capella Ibarra, de ser el orquestador de un complot para hacer que renunciara, con ayuda de las organizaciones de abogados.
Capella Ibarra, arremetió contra el fiscal al denunciar que manchaba el trabajo del líder gobernador Graco Ramírez en materia de seguridad, cuya estrategia de seguridad es la adecuada.
El responsable de la seguridad publica y el responsable de la procuración de justicia, han puesto en crisis una parte de la estructura de gobierno, un observador de esta pelea sin remediarla es el secretario de gobierno Matías Quiroz.
A Matías se le olvido que es el responsable del gabinete de seguridad, se le olvido que él es el responsable de poner orden en un gabinete lleno de descoordinación, se le olvido la responsabilidad que tiene con los ciudadanos; se ha dedicado a ser observador de cómo dos funcionarios hacen pedazos las políticas públicas, se desatienden de su obligación de trabajar por los ciudadanos.
Matías Quiroz, dejó de ser ese funcionario congruente para entrar a esa liga de la mentira y la simulación. Para ilustrar las razones del por qué, aquí una pista. Aseguró, en una declaración publica y absurda, qué, un problema entre dos funcionarios, uno responsable de la seguridad de casi dos millones de morelenses, y el otro, responsable de la procuración de justicia en Morelos, es personal.
Insistiré, el tema de seguridad pública y la procuración de justicia, no son temas personales de Alberto Capella Ibarra y de Rodrigo Dorantes Salgado, menos cuando cada uno cobra casi 70 mil pesos por hacer ese trabajo.
Si se tratara de un asunto personal como lo asegura el extraviado Matías Quiroz, entonces, ¿por qué hacen uso de los recursos públicos para resolver sus diferencias? ¿por qué si se trata de un problema personal utilizan infraestructura pública para resolver un problema personal?
Si se trata de un problema personal, ¿entonces por qué el fiscal utiliza fiscales y policías de investigación para resolver un conflicto con el comisionado Alberto Capella? ¿si se trata de un problema personal, entonces, ¿por qué Jesús Alberto Capella Ibarra, utiliza la infraestructura del C5 para resolver un problema con Dorantes Salgado?
El medico Matías Quiroz, tiene que ser más estudiado políticamente y legalmente, para evitar estas declaraciones carentes de verdad. No es un asunto personal el de los funcionarios, se trata de un asunto institucional, legal y de responsabilidades de los servidores públicos.
Si se trata de un tema de aspectos personales, de acuerdo con la ley, serían sujetos de procedimientos legales por hacer uso de instrumentos públicos para dirimir un aspecto legal, en la hipotética idea de que así fuera. Pero ni en esta hipótesis el virtual secretario de gobierno asume funciones y castiga los excesos en que incurrieron Capella y Dorantes.
Significa que todos, sin excepción en el gabinete, pueden hacer lo que su perversidad les da, pueden utilizar los recursos económicos para resolver sus problemas personales: la impunidad te va a proteger
Puedes gritar, acusar, usar una camioneta blindada, usar docenas de escoltas para resolver tu problema con un secretario que te cae mal, al fin, ni un gobernador ni un virtual secretario de gobierno iniciara procedimientos legales por resolver problemas legales con recursos públicos.
La crisis en el gabinete de seguridad, espero, se pueda utilizar inteligencia para resolverlo, no justificarse diciendo que se trata de problemas personales: los problemas “personales” se resuelven fuera de la administración pública, sin ostentar cargos.