Por Marco Lara Klahr
No es el caso de la iniciativa de reforma a Ley Federal de Telecomunicaciones del presidente Enrique Peña Nieto, usando para ello como servil ariete legislativo al senador panista Javier Lozano. La inmediata acción colectiva impidió que fuera avasallada por el timing mediático, cuya lógica maquiladora todo lo confina a la desmemoria.
Esta propuesta de ley nos despertó y estamos desmenuzándola como pocas; tanto que debido a la presión social el Senado de la República resolvió cancelar su discusión final, programada para la tarde del jueves [abril 24], excluyéndola enseguida del periodo ordinario de sesiones que finaliza el miércoles [abril 30, 2014].
Ahora que ha bajado alguito la marea, recapitulemos, no pretendiendo que los impulsores de esta leonina norma cejarán sino por la razón contraria: acecharán buscando prevalecer si nosotros bajamos la guardia ―el primer round lo perdieron en 2006, con la Ley Televisa, que entonces tuvo en los hechos el aval de todos los grupos parlamentarios.
Bien lejos, paradójicamente, de la reforma constitucional de telecomunicaciones promulgada en junio de 2013 y de las expectativas sociales positivas que esta generó, la Ley Telecom contiene severas amenazas contra los derechos humanos siguientes: 1) Libertades de información y expresión; 2) intimidad, y 3) presunción de inocencia.
En el primer caso ―el de las libertades de información y expresión―, tal vez pretendiendo copiar la experiencias autoritarias de Venezuela y Ecuador, se propone que mediante esta ley el Estado intervenga eventualmente en contenidos mediáticos y pueda también bloquear telecomunicaciones, además de discriminar a las radios comunitarias, indígenas, culturales o educativas otorgando a las privadas concesiones más extensas.
En cuanto a los derechos a la intimidad y la presunción de inocencia, en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales y sin suficiente control judicial, la Ley Telecom autoriza al ministerio público la localización geográfica de dispositivos móviles asociados real o supuestamente con «delitos graves», obligando a las empresas a aportar datos de comunicaciones privadas.
Despertamos y el gobierno federal, con sus personeros, se replegó. Pero viene el periodo extraordinario de sesiones legislativas y el peligro de una nueva intentona. Podría ser el final del segundo round y, a diferencia de lo sucedido con la Ley Televisa, esta vez la derrota por nocaut, pero contra el interés público.
En previsión, change.org propone esta primera acción: ¡Salvemos el Internet en México!
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