*Autonomía del Poder Judicial, lo que esta en juego con la reforma: juez de distrito.
Por Justino Miranda
El juez séptimo de distrito, José Leovigildo Martínez Hidalgo, mantiene su férrea oposición a la reforma del Poder Judicial por el riesgo que significa perder 200 años de autonomía y, por tanto, delegar la administración de la justicia en manos de personas sin el profesionalismo que demandan los justificables, la ciudadanía.
“No olvidemos que el Poder Judicial ha sido autónomo durante más de 200 años. Ha funcionado, hemos sido un contrapeso, que es la función fundamental para los otros dos Poderes”, subraya.
Lo que se busca con este reforma, considera, es poner a jueces que no tienen la experiencia judicial, es como si sacáramos en tómbola a un joven que estudia para pilotar una aeronave y nos fuéramos a Europa por tómbola. No podemos confiar la seguridad a personas que no tienen la preparación.
Por ahora, resalta, la administración de la justicia descansa en jueces, magistrados y ministros venidos del esfuerzo, con años de estudio y profesionalismo para escuchar a los justiciables, y con la reforma se dejaría de emplear a jueces verdaderamente eficientes para que los ciudadanos puedan ser escuchados.
“El acceso a la jurisdicción, no solamente entraña que haya jueces, tribunales, sino que también y fundamentalmente entraña, que el operador jurídico, el juez, el magistrado, el ministro, estén debidamente capacitados para interpretar las leyes y hacer asequible el disfrute de los derechos humanos”, sostuvo.
Martínez Hidalgo recibió en 2023 la medalla al Mérito Judicial por 20 años de escrutinio, y con ese mérito dice que su rechazo a la reforma se debe, primero, a que no fueron escuchados.
“No es que se requiera un cambio radical, pero si un cambio que se adapte más a estos movimientos sociales, y es una reforma injusta porque no están reformándose ellos. Recordemos que al Ejecutivo tiene el ámbito de procuración de justicia, nosotros administramos. Las fallas que hay y que dicen, los a ‘sabadazos’ que refieren, los que damos lo jueces, es provocado porque no hay fiscales adecuados”, expuso.
En su opinión, el Ejecutivo tanto federal como estatal no se han preparado para profesionalizar a los suyos, y hacer un lado la carrera judicial implica que los ciudadanos queden más desprotegidos porque un juez federal con el conocimiento “que tenemos, entendemos muy bien de los derechos humanos, hacemos todo para protegerlos en falta de atención, falta de servicios médicos, ataques a la libertad personal”, subrayó.