Por Uzziel Becerra
La noche del 29 y la mañana del 30 de octubre se registraron hechos violentos al interior del Centro de Reinserción social de Morelos, Atlacholoaya en el Municipio de Xochitepec, causados por reos de alta peligrosidad que resguarda el centro penitenciario. Aunque fuentes extraoficiales afirman que la riña inició con el robo de zapatos, el fondo del asunto es la búsqueda de control al interior del penal, así como el ajuste de cuentas entre cárteles de la droga que disputan las plazas fuera del reclusorio.
La ley del más fuerte prevaleció al verse confirmado el fallecimiento de Raymundo Isidro (El Ray), quien fuera el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, detenido el pasado 7 de mayo de este año y trasladado al área de máxima seguridad del penal de Atlacholoaya.
La posibilidad de la realización de un conflicto con tales magnitudes se da por: a) la falta de vigilancia y control de las autoridades penitenciarias por la intromisión de las armas blancas o punzocortantes que posibilitaron la privación de la vida y el sometimiento de los cuerpos de seguridad, tal como se muestra en las imágenes reveladas por la prensa; b) corrupción al interior de la administración del Cereso, al permitirse el ajuste de cuentas al interior del penal; c) la falta de seguimiento a los procesos de resguardo, contención, y aseguramiento de los reos de alta peligrosidad, entre otros factores.
El conflicto más grave ocurrió alrededor de las 8:20 am en el área general de ingresos, registrándose riñas entre los internos que presuntamente pertenecían a los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Los Rojos, de quienes es sabida su contrariedad por las plazas y mercado de drogas.
Conforme a fuentes oficiales, después de cuatro horas, las autoridades estatales y federales lograron recuperar el control del centro penitenciario, registrando 6 personas privadas de la vida y varios heridos. Se habla además de que el edificio número 5 fue incendiado en el transcurrir de la riña, así como el sometimiento de los cuerpos policiacos que resguardan el penal. El ejército mexicano, elementos de la Guardia Nacional y las corporaciones policiacas estatales se coordinaron para controlar la situación violenta, tanto dentro del penal como a las entradas del Cereso.
Los familiares de los reos que se encontraban a la entrada del penal, se manifestaron por varias horas, solicitando información a los elementos que establecieron el cinturón de seguridad exterior, sobre el estado de salud de sus interesados, bloqueando los vehículos de la Semefo, ambulancias y patrullas por minutos.
La crisis del sistema penitenciario es una realidad a nivel nacional, que se manifestó a través de riñas, pero que ha sucedido en otros estados de la república como el caso de Nuevo León, en el que se han registrado más de 78 personas fallecidas en los penales de Apodaca y Topo Chico en los últimos años. Asimismo se tiene evidencia del cobro de cuotas, de piso, del traslado de internos a otros centros penitenciarios, etc. Tanto el diseño institucional del sistema penitenciario, por los incentivos a delinquir en su interior, como las capacidades infraestructurales y presupuestales de los penales muestran insuficiencias que con seguridad tendrán como consecuencia que continúen los incidentes como el presente.
Aunado a lo anterior, el modelo de sistema penitenciario nacional, orientado más a la contención de reos que a la readaptación y reinserción social de quienes compurgan la pena privativa de la libertad, ha quedado obsoleto en meras administraciones carcelarias, susceptibles de corromperse con mayor facilidad desde dentro por la sobrepoblación o el desbordamiento de las capacidades de infraestructura por el número de reos, el deterioro de las instalaciones, la ausencia de estrategias y espacios de readaptación, así como un marco jurídico que se vuelve letra muerta en el terreno de la realidad.
De acuerdo con la conferencia de prensa, dirigida con el Secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas, fueron desplegados aproximadamente 350 elementos en la implementación de los protocolos de actuación de seguridad nacionales, limitándose a expresar su existencia sin mencionar el nombre y criterios protocolarios, retomándose el control del penal a las 12:11 hrs del 30 de octubre. Asimismo, confirmaron el fallecimiento de José Manuel “N”, Roberto “N”, Lorenzo “N”, Vicente “N”, Nestor “N” y Raymundo Isidro “N” por la riña. Destacó además que será la Fiscalía quien informe a las familias de las víctimas lo hallado en la investigación a realizarse.
El Colegio Estatal de Abogados, representado por el Lic. Enrique Paredes Sotelo, realizó un pronunciamiento respecto a la responsabilidad de los directores y trabajadores del penal, exigiendo la destitución de todo el personal, pues los integrantes del colegio han obtenido información sobre los abusos y vejaciones de los reclusos al entrar en funciones esta administración, además de que “la corrupción dentro del Cereso se había denunciado desde poco más de un año”, asimismo lo hizo el Foro Morelense de Abogados, pidiendo al gobernador cambios en la estructura del gabinete de seguridad, al señalar la ausencia y desconocimiento de la materia del titular de la Comisión Estatal de Seguridad.
Mientras que sesionan de manera permanente la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, el Director del Cereso, Jorge Israel Ponce de León, se encuentra en un curso internacional de seguridad penitenciario, así lo confirmó el Secretario de Gobierno, y quien fuera encargado de despacho, Miriam Mireles Toledo no ha dado pronunciamiento alguno respecto al conflicto.
Si el conflicto al interior de Atlacholoaya tiene origen en la lucha de plazas al exterior, reflejado por el continuo enfrentamiento entre cárteles, no se vislumbran condiciones de seguridad pública en el corto plazo, aspecto que debe considerar una estrategia de seguridad seria e integral. No basta con buscar culpables en la administración del Cereso (que es necesario para efecto hacer justicia a los familiares de las víctimas), sino también modificar los aspectos estructurales de la seguridad pública y del sistema penitenciario nacional, sin los cuales, tanto dentro de los penales como fuera ellos, seguirán ocurriendo enfrentamientos con el saldo conocido.